La tensión sube antes del round en Belem contra el calentamiento
En la cita se intentará determinar un cronograma de eliminación de combustibles fósiles y volver operativo el financiamiento para mitigación y adaptación.
Por Álvaro Samaniego
A partir del 10 de noviembre de 2025, en Belem, Estado de Pará, en la Amazonía brasileña, se realizará la trigésima edición de la Conferencia anual de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático: la COP30.
Bajo la parafernalia verde persisten dificultades. Por un lado, la Organización de las Naciones Unidas (ONU), con el acompañamiento de los ambientalistas, no puede evitar la ansiedad de constatar que el mundo se acerca rápidamente al límite de los 1,5°C.
Por el otro, sobre todo los representantes de las industrias petrolera y minera, no detienen los esfuerzos por demorar -o eliminar- cualquier acuerdo mundial que establezca las reglas para eliminar los combustibles fósiles.
En París, hace una década, se firmó un acuerdo para evitar que el promedio de temperatura del mundo suba más allá de la temperatura máxima que puede resistir el planeta sin cambios que afecten gravemente a la especie humana.
El calentamiento global se debe a la emisión de gases de efecto invernadero (GEI). El 75% de esas emisiones proceden de los combustibles fósiles, es decir, de la industria petrolera.
Pero las empresas -estatales y privadas- dedicadas a la extracción, transporte, refinación y venta de este hidrocarburo no están dispuestas a abandonar un negocio rentable.
El principal conflicto es este. Y uno más es el financiamiento que, en París, se acordó que provendría de los países que más han contaminado.
Mientras en la una punta de esta enredadera están quienes contaminan, en la otra se ubican las poblaciones vulnerables y quienes defienden los recursos naturales para mitigar el calor.
La sociedad civil aspira a que la COP30 establezca un cronograma para la eliminación de los carburantes, mediante una transición energética apresurada.
Se espera que a Brasil asistan más de 1.500 lobistas que harán el cabildeo para que eso no suceda, en la perspectiva de obtener hasta la última ganancia del petróleo.
Esta fue la la razón fundamental para que Donald Trump sacara a Estados Unidos del Acuerdo de París. “We will drill, baby, drill. … We will do it at levels that nobody’s ever seen before”.
La afirmación de que EE.UU. perforará (para extraer petróleo) en niveles no registrados en el pasado, marcó la tendencia de ese país.
Según la organización Oil Change International, Estados Unidos, Canadá, Noruega y Australia son responsables del 70% de la expansión de la producción de petróleo y gas prevista hasta 2035.
Según la agencia EFE de España, en la COP29 de Bakú, 339 lobistas estaban acreditados como negociadores nacionales oficiales.
El contrapeso ha sido la que se conoce como la Cumbre de los Pueblos por la Justicia Climática, que se realizará paralelamente a la COP30.
En Belem se espera la asistencia de 20.000 delegados, que intentarán que se determine un cronograma de eliminación de combustibles fósiles y mejorar -y volver operativo- el financiamiento para mitigación y adaptación.
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Un financiamiento ambiguo
Es el segundo gran tema. Se aprobó ya la creación de un fondo de USD 300.000 millones repartidos hasta el año 2035.
En la Convención sobre el Clima de 1992 se acordó que 24 países se obligaban, como “contaminadores históricos”, a financiar acciones de mitigación y adaptación.
Entonces, eran todos los integrantes de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE). Por ello, no están Arabia Saudita, China o Rusia, que también son grandes contaminadores.
Tanto el monto del financiamiento como los mecanismos para movilizar el dinero son temas cuyos consensos han sido difíciles y cuya discusión no ha tenido una materialización adecuada.
Hay también otro camino, que es "arduo y largo", dada la heterogeneidad de los actuales mercados mundiales de carbono, que se refiere a los bonos de carbono. En el último Foro Económico de Davos, fue calificado como "salvaje" y "desordenado".
Se esperaría que algo suceda para que se acuerden reglas más claras para mejorar la transparencia y la credibilidad del comercio de carbono, para apuntalar un sistema que fomente una mayor participación de los sectores público y privado.
Aspiraciones antagónicas
Políticamente, las decisiones son tomadas por los representantes de los gobiernos acreditados. Hay otros grupos que tratan de influir en la posición de los delegados.
Natalia Greene es la Directora de la Alianza Global por los Derechos de la Naturaleza (GARN, siglas en inglés). "Nuestra mayor expectativa para la COP30 son los derechos de la Amazonía”, dice, y resalta el hecho de que la sede sea el país con mayor territorio amazónico.
“La Amazonía por sí misma es un sujeto de derechos y debe tener una voz y una participación en estos foros internacionales”: Natalia Greene
Ha participado antes en la Conferencia de las Partes (COP) y sabe que las resoluciones no se toman a la velocidad que la sociedad civil espera.
“Los estados responden mucho más a ese lobby que a la gente. Yo creo que la gente está lista, las soluciones están para hacer un cambio rápido, pero existe una élite muy pequeña que no quiere ese camino”, señala.
Informó que el cuarto grupo más numeroso de delegados son lobistas y representan los intereses mineros y petroleros. Y tiene pocas esperanzas de una participación destacada de la delegación ecuatoriana.
“No tiene una delegación fuerte, no tiene un mensaje. Parecería que al Presidente (Noboa) no le importan estos espacios internacionales. No manda delegaciones o no presenta una posición clara o firme y peor aún una posición de defensa a la naturaleza”, dijo.
Al cierre de esta edición, no se había producido un pronunciamiento oficial del Gobierno del Ecuador sobre la posición que defenderá durante la COP30.
La única referencia es la declaración conjunta de los presidentes Luis Ignacio Lula da Silva y Daniel Noboa Azín, durante su encuentro en Brasilia (agosto de 2025).
Los mandatarios consideraron la Cumbre “como una oportunidad para reforzar el compromiso global con la conservación de la fauna migratoria, el multilateralismo y la cooperación ambiental internacional”.
La flotilla Yaku Mama
Desde el piedemonte andino en Ecuador, partió una flotilla de naves, que están haciendo el trayecto de 3.000 kilómetros hasta Belem, por vía fluvial. El viaje empezó con 60 participantes y se recogerá a otros en el trayecto.
Los navegantes expondrán ante la COP30 su posición frente a varios temas, como la defensa de los territorios como acción climática principal, exigir una Amazonía libre de petróleo, propugnar una transición energética justa y vinculante.
Leonardo Cerda, quien va en la flotilla, manifestó que “las soluciones vienen desde los territorios”. “La Amazonía está en un punto de inflexión en el que si no hacemos nada hoy no podremos hacer nada en el futuro”.
Él es líder del pueblo kichwa Shakan Amarun Cachi. “Llamamos a los gobiernos a reconocer los derechos territoriales de los pueblos indígenas como una estrategia, y la más eficaz, para proteger bosques, ríos, selvas y nuestras biodiversidad”. Es el mensaje central que llevan a la COP30.
