Taxonomía verde en Ecuador: qué es y cuándo se implementará

Ecuador presentó la hoja de ruta para construir su taxonomía verde. El proceso se desarrollará por fases y está previsto que concluya en 2026.

Taxonomía verde en Ecuador: qué es y cuándo se implementará
Imagen ilustrativa del financiamiento sostenible y la taxonomía verde. Foto: 金 运 / Unsplash

Ecuador dio a conocer la Hoja de Ruta para la construcción de su Taxonomía Verde, un instrumento que busca ordenar y clasificar qué actividades económicas pueden considerarse ambientalmente sostenibles.

El documento difundido por el Ministerio de Finanzas fija lineamientos técnicos y un cronograma de implementación que se extenderá hasta finales de 2026.

La iniciativa se enmarca en un contexto de presión creciente por financiar acciones frente al cambio climático, la pérdida de biodiversidad y la contaminación, en un país entre los más megadiversos del mundo y altamente vulnerable a eventos climáticos extremos.

La elaboración de la taxonomía verde cuenta con apoyo técnico del Instituto Global para el Crecimiento Verde (GGGI), en el marco de iniciativas financiadas por UK Pact y el Fondo Verde para el Clima.
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¿Qué es una taxonomía verde y para qué sirve?

En términos simples, una taxonomía verde es un sistema de clasificación. Su función es definir, con criterios claros y comunes, qué actividades económicas aportan a objetivos ambientales, como la reducción de emisiones, la adaptación al cambio climático, la protección del agua o la conservación de la biodiversidad.

En el ámbito de las finanzas sostenibles, esta herramienta permite responder una pregunta clave: qué proyectos o inversiones pueden considerarse realmente “verdes”.

Para inversionistas, bancos, empresas y entidades públicas, la taxonomía sirve como una guía para decidir hacia dónde dirigir recursos y cómo reportarlos de manera transparente.

Sin una taxonomía nacional, cada actor puede usar definiciones distintas, lo que dificulta comparar proyectos, acceder a financiamiento internacional o evitar prácticas como el “greenwashing”. Es decir, presentar como sostenibles actividades que no lo son.

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¿Por qué Ecuador busca una taxonomía propia?

Ecuador enfrenta múltiples desafíos ambientales en la actualidad. Según datos oficiales, más de 1.250 especies de vertebrados están amenazadas, mientras que el cambio climático ya afecta patrones de lluvia, temperatura y la frecuencia de eventos extremos.

A esto se suma una brecha significativa de financiamiento para implementar políticas de adaptación y mitigación.

Aunque el país cuenta con planes, estrategias y compromisos climáticos -como sus Contribuciones Determinadas a Nivel Nacional (NDC)-, la movilización de recursos sigue siendo limitada frente a las necesidades estimadas.

En este escenario, una taxonomía busca ordenar prioridades y facilitar el acceso a financiamiento climático, tanto nacional como internacional.

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Un marco común para el sector público y el privado

La Hoja de Ruta plantea que la taxonomía verde ecuatoriana sea aplicable tanto al sector público como al privado.

Esto permitiría alinear el gasto público, los productos financieros y las inversiones privadas bajo un mismo marco de referencia.

El documento reconoce que el sistema financiero privado ya ha desarrollado instrumentos de financiamiento sostenible y ha captado recursos internacionales sin contar con una taxonomía nacional.

Sin embargo, también señala que un sistema de clasificación común puede mejorar la comparabilidad, reducir barreras y facilitar nuevas inversiones.

Equipos técnicos han trabajado en el diseño de la Hoja de Ruta que se prevé implementar a finales de 2026. Foto: Ministerio de Finanzas

Los sectores que cubrirá la taxonomía

La propuesta considera objetivos ambientales alineados con la política pública vigente, entre ellos:

·         Mitigación y adaptación al cambio climático

·         Conservación de la biodiversidad

·         Uso sostenible del agua

·         Economía circular

·         Prevención y control de la contaminación

Sectores como agricultura, energía, transporte, industria y biodiversidad figuran entre los prioritarios.

La selección se basará en metodologías técnicas y en la coherencia con instrumentos de planificación nacional, como el Plan Nacional de Desarrollo y las estrategias climáticas sectoriales.

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El cronograma: cuatro fases hasta 2026

La Hoja de Ruta establece un proceso gradual dividido en cuatro fases:

Fase 1: Preparación y diseño (septiembre – diciembre 2025)

En esta etapa se definirá la estructura de gobernanza, se actualizará la Hoja de Ruta, se contratarán consultores especializados y se realizará un análisis comparativo de taxonomías internacionales. También se definirá la metodología para seleccionar los sectores que formarán parte del primer alcance de la taxonomía.

Fase 2: Desarrollo técnico (enero – julio 2026)

Se elaborarán los contenidos centrales del instrumento. Esto incluye fichas técnicas por sector, criterios para determinar la contribución ambiental de cada actividad, salvaguardas mínimas y un capítulo específico sobre gasto público. Al final de esta fase se contará con un primer borrador del documento.

Fase 3: Consulta y validación (agosto – octubre 2026)

El borrador será sometido a procesos de consulta pública y técnica. Se realizarán talleres con distintos actores, se recogerán observaciones y se ajustará el contenido antes de su versión final.

Fase 4: Aprobación y lanzamiento (noviembre – diciembre 2026)

La taxonomía será aprobada a nivel directivo y presentada oficialmente. Esta etapa incluye la publicación de materiales explicativos, capacitaciones y un manual de implementación, así como la definición de una estructura de gobernanza permanente.

Un instrumento en construcción

La Hoja de Ruta subraya que la taxonomía verde no será un sistema rígido ni inmediato. Su implementación será progresiva y podrá ampliarse con el tiempo, incorporando nuevos sectores y ajustes técnicos.

También recoge lecciones de otros países de la región, donde procesos complejos o poco claros han dificultado la adopción por parte del sector privado.

Por ello, el énfasis está puesto en desarrollar un marco aplicable y compatible con estándares internacionales, pero adaptado a las condiciones del país.

La taxonomía verde ecuatoriana, de concretarse según lo previsto, se convertirá en una pieza clave para ordenar el financiamiento ambiental y climático en los próximos años.