El sapo Jambato sigue en riesgo pese a dos decisiones judiciales
La disputa entre los protectores de la especie en peligro crítico y quienes defienden una vía necesaria para Angamarca no cesa. ¿Qué falló en la negociación?
El 8 de enero de 2026 se dictó una medida cautelar en favor de la que se considera la última colonia del sapo Arlequín Jambato y en contra de la construcción de la vía Pasapungo-Angamarca-El Corazón.
El juez que la concedió se echó para atrás a los pocos días. Poco más tarde, un ciudadano presentó un pedido de acción de protección para el Jambato. Luego se retractó porque dijo haber sido objeto de amenazas.
Pero el caso fue acogido por una jueza de la Unidad Penal con sede en Riobamba. Ella consideró que, pese a que el peticionario abandonó la causa, se aludía a un derecho constitucional.
Instó a la Defensoría del Pueblo a actuar. Entre el 20 y el 23 de febrero de 2026 se preparó la audiencia definitiva y el fallo verbal fue favorable.
Aún no se conoce el alcance de la acción de protección porque hasta el 1 de marzo de 2026 aún no había sido publicada, pero quienes están a favor del Jambato creen que será de una "medida amplia", a juzgar por el contenido de la audiencia del 23 de febrero.
Es decir, que no solo se precautelará a la especie frente al impacto de la construcción de la vía sino que se creará un espacio donde pueda asegurarse su reproducción. Una de esas personas es Mary Vizcaíno, dirigente de la Alianza Jambato.
“Nos parece que van a encontrar soluciones para que el proyecto vial pueda darse, pero de acuerdo a la normativa. Por ejemplo, la abogada pidió a la jueza que se restauren los impactos causados desde 2024, porque hasta hoy eso no se ha hecho”, dijo.
A su juicio, las afirmaciones de la prefecta Lourdes Tibán de que se ha hecho reforestación no parten de un criterio técnico, porque el Jambato no sobrevive en áreas de bosque sino de páramo, en áreas arbustivas. Cuando preguntamos dónde hicieron la reforestación nunca nos respondieron, agrega.
"Tienen que aplicarse medidas efectivas de restauración de esos ecosistemas devastados por los impactos que ya se causaron desde 2024 en las orillas de los ríos y en las quebradas. Restaurar esos hábitat es indispensable para que esta especie pueda recuperarse”: Mary Vizcaíno
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¿Qué se logra con las acciones legales?
Las decisiones legales, por el momento, no han logrado cambiar la situación. Y el fallo de la Jueza de Riobamba puede ser apelado en segunda instancia y también cabe una acción extraordinaria de protección ante la Corte Constitucional.
Pero no siempre agotar las instancias legales soluciona un problema. Un buen ejemplo es lo que ha sucedido durante casi dos años con el río Machángara, que fue declarado en 2024 sujeto de derechos.
Ya se agotaron todas las instancias legales y la Corte Constitucional, al inadmitir la acción extraordinaria de protección, ordenó al Municipio de Quito, a fines de 2025, cumplir los 27 puntos de la demanda inicial de los colectivos a favor del río quiteño.
Tanto los demandantes como los demandados, mientras el caso se ventilaba en los tribunales, siguieron un proceso de negociación, porque hay conciencia de que el Municipio no logrará cubrir las demandas en el corto plazo.
En el camino se han logrado 14 acuerdos, pero los 13 puntos pendientes son los más importantes -y los más costosos- para una reparación integral del río. Lo que hoy se pide, con poco éxito, es una línea base que permita medir los avances.
En el caso del Jambato, inicialmente parecía que la medida cautelar que logró en enero de 2026 la coalición Alianza Jambato era suficiente. Kimberly Viracocha, abogada de la Coordinadora Ecuatoriana de Organizaciones para la Defensa de la Naturaleza y el Medio Ambiente (Cedenma), lo creyó en su momento.
“La decisión del juez tiene una condición de que se suspenden todas las actividades hasta que presenten los informes técnicos de cómo se va a proteger a la especie, de cómo no va a afectar al ecosistema del arlequín jambato”, dijo entonces.
Ahora está a la espera de la publicación de la sentencia. Cree que, de hecho, el caso tiene que ir mucho más allá de la vía. "Se ha hablado con el Instituto Nacional de Biodiversidad (Inabio) para conservar como tal la especie. Se debe crear incluso un área de protección para el Jambato", señala.
Vizcaíno defiende las instancias legales como el único camino que les quedó luego de que se interrumpió en junio de 2025 -según ella sin ninguna explicación ni notificación- un proceso que incluyó talleres de socialización, y la Prefectura empezó la obra vial.
"Pero es un gasto fuerte de tiempo, de energía, de recursos inclusive económicos que no tenemos y nos toca conseguir para pagar a los abogados, los que generaron las medidas cautelares en primera instancia y la acción de protección", dice.
¿Qué pasó con la negociación?
Diego Inclán, director del Inabio, una institución técnica que no toma decisiones pero elabora informes para tomarlas, considera que el caso está muy polarizado. "Estamos generando conflictos y hay un problema que no se resuelve", dice.
Cree que el problema es que se ha visto por separado las realidades de la gente y de la especie, cuando el desarrollo sostenible debe analizar conjuntamente el impacto económico, social y ambiental de una decisión.
"Nos hemos quedado o solo con lo ambiental o solo con lo económico y lo social y estamos tratando de ver qué es mejor, la especie humana o la especie animal". Y el meollo, añade, es que se fueron a los extremos y se metió gasolina.
"Desde un lado se inculcó la idea en Angamarca de que hay quienes prefieren al sapito que a la gente, y desde el otro, que se prefiere una carretera que al sapito. Pero para que esto funcione hay que mediar", señala Inclán.
Considera que la misma comunidad no se opone al sapito, y que lo importante sería que diga "quiero la carretera y el sapito". Y eso significa un manejo adecuado de la apertura de la vía.
"Nadie se opone a la vía, pero las quebradas no son escombreras y hay un criterio técnico de cómo manejar. Habrá medidas para mitigar y eso cuesta más pero es un precio a pagar por la sostenibilidad": Diego Inclán
Inclán cree que el Ministerio de Energía y Ambiente, como autoridad, y la Prefectura, como ejecutora de la obra, tienen referentes en los procesos y mecanismos de control, y deberían actuar en función de ellos.
"La especie está siendo afectada y hay que saber qué hacemos para afectar menos. Ahí es donde el Ministerio pone su autoridad. Ya hay normativas que deberían respetarse y como no se respetan estamos llegando a la parte legal".
Cree que desde la Prefectura, al decir que el sapito está en el patio de la casa y donde quiera y engañar a la gente es como decir que la ciencia se ha equivocado.
Una segunda oportunidad
Para Inclán, el mejor escenario es que en la primera etapa se involucre a los actores locales. "Lo ideal es que desde lo local haya conciencia de que hay que hacer bien las cosas y creo que en Angamarca hay conciencia y no se ignora eso".
La veeduría, dice, debería ser desde el territorio, la comunidad. A juicio del director de Inabio, se debería trabajar con la comunidad y con las organizaciones y que estas no actúen en contra de la comunidad. Y exigir desde esa veeduría que Prefectura y Ambiente sigan los procesos.
Recomienda no polarizar y ver cómo los problemas pueden volverse oportunidades. "Se puede hacer turismo sostenible con la especie. Eso significa capacitación, plan territorial, infraestructura. En suma, se trata de cómo se va a planificar el desarrollo de Angamarca a futuro".
"El punto es que la ranita representa un servicio ecosistémico. Si afectamos el cauce y la fuente de agua se va la ranita, pero también se va el agua para la agricultura": Diego Inclán
Inabio ha trabajado en el tema con Ambiente, la Prefectura, los colectivos y la comunidad. Asesora a la autoridad ambiental. "El GAD nos pidió un inventario de la provincia y hemos interactuado con ellos hasta donde lo han pedido". El reporte fue solicitado por un miembro de la Comisión de Biodiversidad de la Asamblea.
Se refiere a una inspección rápida en la microcuenca del río Guambaine para determinar los impactos ambientales generados por la ampliación vial Pasapungo-Angamarca-El Corazón sobre el hábitat del Jambato Atelopus ignescens, especie emblemática ecuatoriana en Peligro Crítico y con una única población conocida en Angamarca.
La Asociación Jambato se declara lista para seguir trabajando. Mary Vizcaíno dice: "tenemos un plan que construimos en 2025 con las comunidades de Angamarca, con las autoridades de Ambiente y de la misma Prefectura de Cotopaxi. Ese plan ya está listo y tenía que empezar a ejecutarse este año".
Desde el Ministerio de Energía y Ambiente, se informó que Subsecretaría correspondiente pidió al Consejo Provincial de Cotopaxi que realice actividades de prevención y protección adicionales en la construcción de la vía.
Mediante una inspección de Inabio, la Asociación Jambatu y la Dirección Zonal de Ambiente, se determinó que el problema era que la quebrada en donde se encontró a esta especie, se usó como un botadero de materiales.
