Reformas al Código del Ambiente reactivan el debate sobre mercados de carbono
La Comisión de Biodiversidad aprobó el informe para primer debate. Se define un marco legal para la participación del Ecuador en los mercados internacionales de carbono.
La Comisión de Biodiversidad y Recursos Naturales de la Asamblea Nacional aprobó el informe para primer debate de un proyecto de reforma al Código Orgánico del Ambiente (COA).
A través de estas modificaciones en la normativa se busca establecer un marco legal más robusto para enfrentar el cambio climático y permitir la participación del Ecuador en los mercados internacionales de carbono.
La iniciativa plantea convertir la política climática del país en un sistema operativo y vinculante, con disposiciones sobre reducción de emisiones de gases de efecto invernadero, gobernanza ambiental, financiamiento climático y control de sectores de alto impacto, como el energético.
El informe aprobado por la Comisión, el 10 de marzo de 2026, será remitido al pleno del Legislativo para su primer debate.
Xavier Basantes
Un nuevo intento para regular el mercado de carbono
El tratamiento de los mercados de carbono ha sido un tema recurrente en el debate legislativo en Ecuador, en los últimos tres años.
En 2024, la Asamblea aprobó una reforma al Código Orgánico del Ambiente que incluía disposiciones para regular estos mecanismos, pero el proyecto fue vetado totalmente por el presidente Daniel Noboa, lo que impidió su entrada en vigencia.
Tras cumplirse el plazo constitucional para volver a tratar un tema similar, la discusión reaparece ahora con una propuesta que unifica dos iniciativas legislativas: una enfocada en el combate y adaptación al cambio climático, y otra orientada a la reducción de emisiones de metano en la industria de hidrocarburos.
La Comisión legislativa decidió que el proyecto no se tramite como una ley independiente, sino como una reforma al COA, con el objetivo de evitar duplicidad normativa y consolidar la regulación climática dentro del marco ambiental existente.
Xavier Basantes
¿Qué son los mercados de carbono?
Los mercados de carbono son mecanismos que asignan un valor económico a la reducción o captura de emisiones de gases de efecto invernadero.
A través de estos sistemas, proyectos que evitan o absorben emisiones —por ejemplo mediante la conservación de bosques, la restauración de ecosistemas o el cambio de tecnologías contaminantes— generan créditos de carbono, equivalentes a una tonelada de dióxido de carbono evitada o capturada.
Estos créditos pueden ser adquiridos por empresas o países que buscan compensar parte de sus emisiones para cumplir compromisos climáticos.
La reforma establece que Ecuador podrá participar tanto en mercados regulados previstos en el artículo 6 del Acuerdo de París, como en mercados voluntarios impulsados por iniciativas públicas o privadas.
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Salvaguardas y control estatal
El proyecto incorpora mecanismos para garantizar la integridad ambiental de los créditos de carbono y evitar irregularidades.
Entre las medidas propuestas está la creación del Registro Nacional de Cambio Climático, una plataforma que permitirá rastrear todas las acciones de mitigación y adaptación en el país. Cada tonelada de dióxido de carbono equivalente reducida deberá contar con un identificador único para evitar la doble contabilidad.
La propuesta también reafirma un principio establecido en la Constitución ecuatoriana: los servicios ambientales, como la captura de carbono, no pueden ser objeto de apropiación privada. Por lo tanto, lo que se comercializa en estos mercados son los resultados verificables de mitigación bajo regulación estatal.
Además, los proyectos de carbono que se desarrollen en territorios de pueblos y nacionalidades indígenas deberán respetar procesos de consulta previa, libre e informada y garantizar una distribución justa de los beneficios.
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Metas de reducción de emisiones
La reforma también busca alinear la legislación nacional con los compromisos climáticos internacionales asumidos por el país.
El proyecto ratifica las metas de reducción de emisiones establecidas en las Contribuciones Determinadas a Nivel Nacional (NDC): una reducción del 7% con recursos propios y hasta el 15% con apoyo internacional entre 2026 y 2035.
Asimismo, se mantiene el objetivo de avanzar hacia la descarbonización de la economía ecuatoriana para el año 2070.
Entre las prioridades se incluye el control de contaminantes climáticos de vida corta, como el metano, especialmente en el sector de hidrocarburos, donde se plantea la obligación de implementar tecnologías para detectar fugas y aprovechar el gas capturado.
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Gobernanza climática y financiamiento
El proyecto también plantea fortalecer la institucionalidad en materia de cambio climático.
Entre las medidas propuestas se formaliza el Comité Interinstitucional de Cambio Climático, como instancia de coordinación entre las distintas entidades del Estado y se establece el Registro Nacional de Cambio Climático, para monitorear acciones y resultados.
En materia de financiamiento, la autoridad ambiental nacional deberá coordinar la captación de recursos nacionales e internacionales, destinados a medidas de mitigación y adaptación, que serán canalizados a través del Fondo Nacional para la Gestión Ambiental.
La reforma también introduce disposiciones para que las nuevas obras públicas consideren escenarios de cambio climático —como inundaciones o sequías— en su planificación.
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Nuevas obligaciones y sanciones
El proyecto incorpora además obligaciones de reporte para ciertos sectores industriales, que deberán informar anualmente sus emisiones de gases de efecto invernadero.
También se proponen nuevas infracciones ambientales, entre ellas la falsedad en el reporte de emisiones o la manipulación de datos entregados al Registro Nacional de Cambio Climático.
Las empresas de sectores considerados de alto riesgo ambiental que incumplan sus planes de mitigación podrían enfrentar multas e incluso la suspensión de actividades.
Transición hacia una economía baja en carbono
La propuesta introduce además el concepto de transición justa, que busca que el paso hacia una economía baja en carbono, no genere impactos sociales negativos.
Para ello, se plantea promover la capacitación laboral y el desarrollo de empleos verdes, con el objetivo de facilitar la adaptación de los trabajadores de sectores tradicionales a nuevas actividades económicas vinculadas con la sostenibilidad.
El informe aprobado por la comisión será debatido en el pleno de la Asamblea Nacional en los próximos días, donde los legisladores analizarán el alcance de las reformas antes de su eventual aprobación.
