Quito afronta un escenario de transición en su gestión de residuos
El límite del relleno sanitario, la tasa de recolección y modelos de tratamiento como la incineración traen desafíos. La disposición de las baterías de litio, en el radar.
La gestión de residuos en el Distrito Metropolitano de Quito se encuentra en un proceso de definiciones, marcado por la capacidad límite del Relleno Sanitario de El Inga y por la necesidad de establecer un nuevo mecanismo de financiamiento para la recolección.
A esto se suman las evaluaciones de modelos alternativos de tratamiento —como la incineración en procesos industriales— y los desafíos asociados a la incorporación de nuevas corrientes de desechos, entre ellas las baterías de litio provenientes del creciente parque de vehículos eléctricos.
Este conjunto de variables configura un escenario en el que el Municipio capitalino debe proyectar soluciones para la disposición, valorización y regulación de residuos, en el mediano y largo plazo.
Estos temas fueron abordados en el Foro Incineración de Residuos: ¿Solución o nuevo problema?, en el que participaron autoridades del Cabildo, investigadores de Alianza Basura Cero, así como representantes de organizaciones de reciclaje y de gobiernos autónomos descentralizados (GAD).
Producción de residuos y costos operativos
El Distrito Metropolitano genera 759.000 toneladas de residuos al año, equivalentes a 2.080 toneladas diarias y un promedio per cápita de 724 gramos por habitante al día.
De ese total, 53% corresponde a residuos orgánicos, 19% a plásticos, 10% a textiles, entre los aportes más importantes, indica el concejal Andrés Campaña.
El edil señala que los costos del servicio se componen de USD 80 por tonelada para la recolección y traslado a estaciones de transferencia, a cargo de EMASEO, y USD 42 por tonelada para el transporte hacia la disposición final que gestiona EMGIRS. "El costo total oscila entre USD 120 y 125 por tonelada de residuos".
El Relleno Sanitario de El Inga
En operación desde 2003, El Inga avanza en el uso de sus cubetos. El número 11, habilitado en noviembre de 2024, tiene una capacidad de 1,2 millones de toneladas y una vida útil estimada hasta septiembre de 2026, con una inversión de USD 5,1 millones.
Hasta la fecha ya se ha utilizado un poco más del 30% de su capacidad y por ahora lo que se espera es habilitar un nuevo cubeto, dice Campaña.
La continuidad del servicio de disposición final en el Relleno requiere habilitar un nuevo cubeto con capacidad de 3,5 millones de toneladas, una proyección de uso de 48 meses y una inversión aproximada de USD 18 millones.
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Recaudación de la tasa y escenarios en evaluación
La suspensión del convenio con la Empresa Eléctrica Quito (EEQ), el 16 de octubre de 2025, puso en pausa la recaudación de la Tasa de Gestión Integral de Residuos Sólidos (TGIRS).
La medida se basó en la normativa que restringe la facturación eléctrica a servicios vinculados a la energía, lo que dejó al Municipio sin cerca de USD 6 millones mensuales.
La Administración municipal aún evalúa un nuevo mecanismo de recaudo, antes de ser debatido en el pleno del Concejo Metropolitano.
De forma preliminar, explica Campaña, se analiza una fórmula basada en el consumo de agua, más un cargo fijo de USD 1 para usuarios residenciales, comerciales e industriales, con exoneraciones para adultos mayores y personas con discapacidad.
"El principio central es que quienes generen o consuman más paguen un monto proporcional", señala el Concejal.
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Modelos de tratamiento e incineración
En el debate sobre la gestión sostenible, uno de los puntos en revisión es la posible incorporación de procesos de incineración.
La Alianza Basura Cero Ecuador (ABCE) ha expuesto experiencias como la del Municipio de Cuenca, que envía parte de sus desechos a cementeras en Guayaquil.
En Quito, EMGIRS EP anunció la firma de un convenio con la Federación Interamericana del Cemento (FICEM), el Instituto Ecuatoriano del Cemento y del Hormigón y Cementera Selvalegre (Unacem Ecuador).
La empresa señala que este acuerdo permitirá avanzar en un modelo articulado con actores técnicos, sociales y académicos. "El convenio representa una solución climática e industrial de altísimo impacto, donde Quito y la industria del cemento se convierten en un modelo replicable para la región", informó EMGIRS.
No obstante, para la especialista chilena, Alejandra Parra, desde una perspectiva crítica "la incineración transforma la basura en ceniza y eso ocasiona afectaciones a la salud humana y a la salud de la producción de alimentos".
La Asesora de la Alianza Global por Alternativa a la Incineración (GAIA) señala que investigaciones actuales que se realizan en Europa, "arrojan resultados muy negativos y alarmantes sobre la contaminación de los incineradores", a pesar de ser de última tecnología.
Nuevos residuos: baterías de litio
El crecimiento sostenido de los vehículos eléctricos también introduce un componente adicional en la planificación de la gestión de residuos, en el mediano plazo. Y particularmente, por la disposición de las baterías de litio.
De acuerdo con la Asociación de Empresas Automotrices del Ecuador (Aeade), la comercialización de autos eléctricos comenzó a despuntar desde el 2021 en el país.
En el caso del Distrito Metropolitano de Quito, las ventas prácticamente se triplicaron en el último año (ver gráfico).
Para Ela Zambrano, investigadora de la Alianza Basura Cero Ecuador, este segmento ejercerá presión sobre el sistema de gestión de residuos, debido al volumen y características de las baterías de litio.
"Esa presión se puede sentir con más fuerza a partir del 2028, tomando en cuenta que la vida útil de una batería de un auto eléctrico oscila entre 8 y 10 años".
El incremento de la venta de estos autos en el último año, dice la investigadora, coincide con el alza del diésel desde septiembre de 2025 y con incentivos municipales relacionados con el registro vehicular y la movilidad (pico y placa).
Zambrano añade que persiste un vacío regulatorio en el manejo de baterías, especialmente tras la fusión del Ministerio de Ambiente con el de Energía y Minas, más allá de las obligaciones de responsabilidad extendida del productor.
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En este contexto, la gestión de residuos en el DMQ se encuentra en un punto de inflexión que exige decisiones basadas en evidencia, coordinación interinstitucional y un diseño financiero sostenible.
La combinación de limitaciones físicas en la disposición final, cambios en los mecanismos de recaudación, incorporación de tecnologías de tratamiento y la aparición de nuevas corrientes residuales plantea un reto sistémico.
La definición de un modelo integral requerirá evaluar impactos ambientales, costos reales de servicio, responsabilidades regulatorias y viabilidad tecnológica.
