Limitaciones para acciones contra cambio climático en Ecuador
Varias decisiones frenaron las actividades contra el cambio climático y a favor de los ecosistemas. Una de ellas fue la fusión de Ambiente con Economía.
Por Álvaro Samaniego
En asuntos relacionados con el medio ambiente, la acción lenta es tan perjudicial como la inacción, y ambas son las señas principales durante 2025 en Ecuador.
El Reporte de Sostenibilidad 2025, en efecto, trae una puntuación modesta respecto de los Objetivos de Desarrollo Sostenible 2030 (ODS) relacionados con el cuidado ambiental en Ecuador.
Hubo una mejora moderada en Ciudades y comunidades sostenibles (11), Acción por el clima (13) y Vida submarina (14). Y estancamiento en Vida de ecosistemas terrestres (15).
El mensaje del Gobierno ecuatoriano en las II Contribuciones Determinadas Nacionales fue bajar la vara en cuanto a acción climática, lo que se ha dado por llamar una “brecha de ambición” (se necesita más de lo que se ofrece).
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El país las presentó en el primer semestre de 2025 y es como una declaración de intenciones de lo que pretende desde 2026 hasta 2035 uno de los países más megadiversos del planeta.
Tres señales más son la ratificación: la primera, haber fusionado los ministerios de Ambiente y de Energía, algo así como encerrar bajo llave en la misma habitación a Rivales irreconciliables.
Un escenario como la COP30 (Belém, Brasil) demostró que el poder de las industrias extractivas es mucho mayor que el de los defensores de la naturaleza. Y no hay visos de que la realidad vaya a ser diferente en Ecuador.
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En segundo lugar está la reducción permanente de los presupuestos destinados a vigilancia, mitigación y adaptación.
Y, por último, la aprobación de una ley de reservas naturales que abre la puerta a la depredación turística.
En la pérdida de vigor de las instituciones, han dicho los críticos de esta normativa, se fraguan negocios contrarios a una idea de sostenibilidad ambiental.
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Hay dos noticias que se muestran en el hito opuesto: los canjes de deuda externa por naturaleza parece que se consolidan en el Ecuador.
El Galápagos Live Found ha utilizado este año los primeros USD 12,4 millones para proyectos específicos. Y el Fondo Biocorredor Amazónico está en fase de estructuración institucional.
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Si las decisiones de sus autoridades son las correctas, 4,6 millones de hectáreas de bosques amazónicos y 200.000 kilómetros cuadrados de la reserva marina de Galápagos estarán mejor protegidos.
Los aproximadamente USD 31 millones de inversión anual de los dos (el total de los canjes asciende a USD 910 millones) puede marcar la diferencia en un país con presupuestos ambientales acotados.
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En estos proyectos y en otros sobre cambio climático, juegan un papel importante organizaciones no gubernamentales. Han tomado los espacios dejados por el Gobierno nacional o nunca ocupados por los gobiernos locales.
Si bien la disputa por recursos internacionales sigue siendo muy intensa, quienes actúan en Ecuador han logrado presupuestos importantes pero, sobre todo, han demostrado mayor eficiencia en la gestión.
Los esfuerzos para tratar de mitigar la falta de entusiasmo del Gobierno han logrado, en algunos casos y con mucha fragilidad, equilibrar la balanza.
De su lado, el fusionado Ministerio de Ambiente y Energía no ha dejado de empujar para ampliar la frontera petrolera y aumentar las concesiones mineras. Con energía similar ha combatido a defensores de la naturaleza, hoy amenazados por la minería ilegal, que avanza sin freno.
La marca negra de 2025 la dejó el peor derrame de petróleo de la década (y uno de los peores de la historia nacional), en un contexto de un evento cada tres días, en los últimos 17 años.
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En Esmeraldas, 25.166 barriles de petróleo contaminaron dos ríos, una mancha que llegó al océano Pacífico y cuya reparación ha sido menos que parcial, pues la ONU calculó en 500.000 el número de personas afectadas.
Ejemplos de comunidades sostenibles
El Instituto Nacional de Biodiversidad (Inabio) describió 78 nuevas especies en 2025, y Ecuador superó las 700 especies de ranas, lo cual demostró que Ecuador es una potencia mundial en biodiversidad, pese a la gestión ambiental.
Por su parte, al menos dos comunidades demostraron acciones ambiciosas de defensa de la naturaleza y el ambiente.
El denominado “quinto río” movilizó a la ciudad de Cuenca y a la provincia del Azuay, para defender las fuentes de agua frente a proyectos mineros.
En esa ciudad se protagonizó la mayor manifestación ciudadana de la historia para detener acciones mineras en el páramo de Qimsacocha.
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Otro caso emblemático es el del Municipio de Quito, que logró una reducción significativa de gases de efecto invernadero, gracias al transporte eléctrico (Metro y Trolebús) y a la mejor gestión de residuos.
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Pero no todo el impulso ciudadano tuvo eco. Fue el segundo año del incumplimiento del mandato de la Consulta Popular (agosto de 2023), para eliminar toda la actividad petrolera en el Parque Nacional Yasuní.
El incumplimiento es un retroceso para la protección de una de las áreas más megadiversas de la Tierra. En otra consulta popular (noviembre de 2025) los ciudadanos decidieron mantener la Constitución Política “ecológica”de 2008.
Ecosistemas terrestres bajo presión
A escala internacional, el país enfrenta el reto de la normativa de la Unión Europea (EUDR), relacionada con la protección de los bosques como captores de gases de efecto invernadero.
Para mantener exportaciones de cacao, café y palma, Ecuador debe garantizar que no provengan de tierras deforestadas después de 2020.
Este desafío de trazabilidad requiere un sistema de monitoreo forestal robusto que, bajo la nueva estructura unificada, corre el riesgo de quedar en segundo plano frente a las metas de producción.
El monitoreo satelital de Map Biomas demostró que, en los últimos 40 años, prácticamente todos los bosques perdidos fueron incorporados como tierras agrícolas en el país.
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El sector productivo advierte que, sin una autoridad ambiental fuerte, el acceso a mercados internacionales de alto valor podría verse comprometido a finales de 2026.
