Nueva ley da paso a inversión en vivienda social con aporte privado
La normativa permite destinar el pago del Impuesto a la Renta, a proyectos habitacionales. El incentivo tributario estará vigente entre 2026 y 2029.
La Asamblea Nacional aprobó, el 30 de marzo de 2026, una reforma a la Ley de Régimen Tributario Interno que establece incentivos para que empresas y contribuyentes participen en la construcción y financiamiento de vivienda de interés social.
La normativa permite destinar el pago del Impuesto a la Renta (IR) a proyectos habitacionales mediante esquemas de donación o ejecución directa, con el objetivo de reducir el déficit de vivienda en el país.
La ley contempla una rebaja de hasta el 100% del valor donado en el IR, con un límite del 30% del impuesto causado y sin opción de devolución.
El beneficio aplicará para viviendas de subsidio total y parcial. Para acceder, los aportantes deberán suscribir convenios con el ente rector de hábitat y vivienda, y cumplir con procesos de verificación.
Aunque el eje central de la propuesta es fiscal, el texto introduce un enfoque que conecta la política de vivienda con la adaptación al cambio climático, la planificación urbana sostenible y la resiliencia territorial.
Ecuador afronta un déficit habitacional de 727.689 viviendas (Censo 2022), con una afectación mayor en zonas rurales (76%) frente a urbanas (49%).
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Participación del sector privado
La normativa establece que las donaciones de viviendas o recursos deberán formalizarse mediante convenios.
En los casos en que se utilicen terrenos del Estado, el ente rector deberá entregar las escrituras a los beneficiarios en un plazo de 90 días.
Durante el debate, la asambleísta Valentina Centeno señaló que la ley incorpora mecanismos para ampliar la participación del sector privado en la ejecución de proyectos de vivienda.
La ley incluye disposiciones para el segmento 2, que contempla subsidios parciales combinados con crédito. También permite la construcción de viviendas en terrenos estatales, donados o de propiedad de los beneficiarios.
El ente rector elaborará un catálogo anual de necesidades de vivienda, con base en niveles de pobreza y déficit habitacional.
El Servicio de Rentas Internas (SRI) y el ente rector de vivienda deberán emitir normativa secundaria en un plazo de 30 días y realizar evaluaciones periódicas sobre su aplicación.
La ley entrará en vigencia tras su publicación en el Registro Oficial.
El incentivo tributario estará vigente entre 2026 y 2029. Durante ese periodo, el ente rector de finanzas definirá los límites del gasto tributario.
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Reforma a la Ley de Ordenamiento Territorial
La Asamblea Nacional también aprobó, el 30 de marzo de 2026, la reforma a la Ley Orgánica de Ordenamiento Territorial, Uso y Gestión del Suelo.
La normativa busca modernizar la planificación territorial y fortalecer el desarrollo local, estableciendo lineamientos sobre el uso del suelo y la construcción en el país.
La legisladora ponente, Lucía Pozo, explicó que la reforma incorpora disposiciones sobre el derecho a edificar, los informes de infracciones emitidos por el ente rector de planificación nacional, los montos de las sanciones y los plazos para que los gobiernos autónomos descentralizados (GAD) actualicen sus ordenanzas y actos administrativos relacionados.
La reforma también introduce ajustes estructurales, como la obligatoriedad de los planes parciales, la regulación de la responsabilidad en consultorías y procesos constructivos, y la creación de sistemas integrados de información territorial.
Además, se amplían las atribuciones de la Superintendencia de Ordenamiento Territorial (SOT) y se reestructura el régimen sancionatorio para dotarlo de mayor capacidad operativa.
Por último, la normativa incluye disposiciones transitorias para estructurar el Sistema Nacional de Catastro y establecer mecanismos de asistencia técnica para gobiernos autónomos con menores capacidades.
El proyecto aprobado será remitido al presidente de la Repúblia, Daniel Noboa, para su sanción u objeción total o parcial.
Xavier Basantes
