Ley de minería y energía avanza pese a críticas ambientales
El proyecto superó su primer debate en la Asamblea. La reforma busca agilizar la inversión, fortalecer el control fiscal y fomentar la diversificación energética.
El primer debate del Proyecto de Ley Orgánica para el Fortalecimiento de los Sectores Estratégicos de Minería y Energía se desarrolló el 20 de febrero de 2026, en la Universidad ECOTEC, en Samborondón (Guayas), y logró superar el primer escollo legislativo.
La iniciativa, calificada como urgente en materia económica, busca enfrentar la crisis energética, corregir distorsiones del régimen minero y reactivar la inversión, aunque genera alerta por posibles cambios en la gestión ambiental, especialmente sobre la licencia ambiental.
“El proyecto de ley que presento hoy responde a una urgencia económica de dos sectores, tanto minero como eléctrico, que han sufrido déficit millonarios. Esta reforma es una apuesta a la transparencia, a la inversión y al desarrollo”, declaró el asambleísta Alejandro Lara.
El asambleísta Diego Salas (RC) solicitó el archivo del proyecto de ley. "Este proyecto es inconstitucional. No podemos permitir que, bajo la narrativa de una supuesta urgencia, se ponga en riesgo la soberanía de nuestros recursos naturales". Sin embargo, la propuesta fue negada por la mayoría de asambleístas.
Tras superar el primer debate, el proyecto retornará a la Comisión de Desarrollo Económico para elaborar el informe previo al segundo debate, indicó el titular de la Asamblea, Niels Olsen.
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Avances legislativos y ejes de la reforma
El proyecto se estructura en cuatro líneas estratégicas:
1. Agilizar la inversión formal en minería: Se crean clústeres mineros integrales y se promueve la migración de la minería artesanal a la pequeña minería, buscando eficiencia y recaudación fiscal.
2. Fortalecer control y recaudación estatal: Ajustes en regalías y patentes y registro obligatorio de proyectos de inversión social aseguran que los beneficios lleguen a las comunidades.
3. Participación privada en generación eléctrica: Bajo rectoría pública, se habilita la participación privada para garantizar suministro y evitar desabastecimientos.
4. Autoabastecimiento y diversificación tecnológica: Consumidores podrán generar energía propia, promoviendo energías renovables no convencionales y reduciendo riesgos de racionamiento.
Durante el debate, los legisladores incorporaron aportes sobre protección ambiental, seguridad estratégica y lucha contra la minería ilegal, así como medidas específicas para atender necesidades de abastecimiento en Galápagos.
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Controversia por la licencia ambiental
El proyecto plantea sustituir la actual licencia ambiental por una “autorización ambiental”, especialmente para fases tempranas de exploración minera.
La intención, según el Ejecutivo, es agilizar trámites, reducir tiempos muertos y permitir inversión inmediata, sin eliminar controles ambientales.
Sin embargo, esta medida ha generado preocupación entre organizaciones ambientalistas y grupos sociales, quienes advierten que la sustitución podría debilitar la supervisión, limitar la participación ciudadana y afectar la protección de ecosistemas estratégicos.
La figura del silencio administrativo positivo, que permite iniciar actividades si las autoridades no responden en 30 días, ha sido especialmente criticada.
El Ejecutivo asegura que los proyectos seguirán sujetos a garantías económicas, planes de manejo y auditorías ambientales, y que la autorización se ajustará al riesgo real de cada fase, evitando procesos rígidos que retrasan la inversión.
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