‘La realidad nos obliga a tener una ley de cambio climático’
La legisladora Sandra Rueda presentó un proyecto de Ley Orgánica para el Combate y la Adaptación al Cambio Climático. Se busca crear un fondo.

Las leyes vigentes en Ecuador, no contemplan de manera suficiente la transversalidad del cambio climático.
Ese es uno de los argumentos que sustentan la iniciativa de la legisladora Sandra Rueda (movimiento Construye), quien presentó el proyecto de Ley Orgánica para el Combate y la Adaptación al Cambio Climático.
Rueda explica que la propuesta se sustenta en tres ejes: la mitigación de los efectos del cambio climático, la adaptación de las comunidades y sectores económicos, y la regeneración de los ecosistemas degradados.
Se plantea la creación de un Fondo Nacional de Cambio Climático que permitirá financiar proyectos y programas destinados a reducir las emisiones de gases contaminantes y fomentar prácticas sostenibles en todo el territorio.
Youtopía Ecuador conversó con la promotora del proyecto en la Asamblea.

¿Cuál es el objetivo principal de este proyecto de ley, en relación con el cambio climático?
Este es un proyecto que busca el combate y la adaptación al cambio climático. Luego tiene como relevancia el momento en el que nos encontramos.
Acabamos de pasar una crisis energética, hemos pasado de sequías a inundaciones y lluvias constantes, y eso nos obliga a tomar acciones que se recogen en este proyecto.
Es una propuesta en la que han participado expertos y ha recibido aportes de instituciones relacionadas con adaptación, conservación, preservación, del medio ambiente.
¿Cuál es el alcance del proyecto?
No solo se trata que de que exista un combate a estos efectos derivados del cambio climático a través de acciones, sino que estas acciones se hagan de forma sostenible y sustentable. Que también exista una indemnización a la contraparte que se haga cargo de esas tareas.
No solo sería un reconocimiento desde el Estado, sino de instituciones internacionales, porque es nuestro aporte al mundo y deberíamos esperar una retribución a eso.
¿Esta iniciativa condensa en un solo articulado la normativa que ya existe en materia ambiental, desde la gestión del Estado?
No solo del Estado. También hablemos de los esfuerzos internacionales que existen en relación con este tema. Por ejemplo, hablemos del Acuerdo de París, del Protocolo de Kioto, en donde se han establecido acciones para contribuir con este proceso. Por ejemplo, allí están las iniciativas de canje de deuda, para la conservación amazónica.
Entonces, se trata es tener una normativa específica que aborde toda esta situación e incluso promueva el uso de energía alternativa. No solo con la participación del Estado sino de otras iniciativas con la participación de los gobiernos locales.
Esta propuesta tiene un capítulo especial, en donde los gobiernos locales tienen que trabajar con procesos de remuneración e incentivos, a cambio de lo que nosotros aportamos a favor del cambio climático.

En los argumentos del proyecto de ley se menciona que esta propuesta no implica elevar el gasto en el Presupuesto General del Estado. ¿Cómo financiar esa remuneración o incentivo?
Generalmente las leyes se vetan cuando se incorporan más aportes. Y esto, es claro: no tenemos los suficientes recursos para hacerlo a través de una nueva norma. Pero si, por ejemplo, trabajamos en la mitigación de gases de efecto invernadero, se pueden generar recursos para compensar a quienes están trabajando por el cuidado del ambiente.
Un caso es la decisión de sentencia constitucional de apagar los mecheros de los pozos en el Oriente y ese gas se podría utilizar como retribución en energía. Todo lo que tiene que ver con conservación también tiene que representar una compensación, un aporte del gobierno local o provincial para quienes lo ejecutan.
¿Cómo poner en práctica esa compensación?
Nosotros decimos que somos sostenibles, que queremos mantener una biodiversidad, pero se ha visto que lamentablemente como no hay retribución, como no significa un aporte económico, la gente se pasa a actividades como la minería ilegal.
Porque por el lado de la conservación de bosques o de la selva no les ha significado ningún ingreso económico que también se requiere para poder mantenerse. Entonces, buscamos que exista una normativa que defienda a quienes trabajen en ese sentido y de paso están trabajando para el futuro de la humanidad.
En la propuesta también se plantea crear el Fondo Nacional de Cambio Climático. ¿De qué se trata?
Es una manera de presentarnos como país, desde un enfoque económico, al mundo. Porque a través de esta ley, podemos promover que existe este mecanismo que signifique una oferta para quienes, a nivel mundial, puedan contribuir con la conservación.
Acá tenemos un pulmón del mundo que debe mantenerse. De cierta manera es presentar al mundo nuestra oferta. Acá les ofrecemos biodiversidad, sostenibilidad. Es decir, captar más aportes internacionales.
¿El Fondo busca captar financiamiento internacional?
La ley nos presenta como una oferta al mundo, de sostenibilidad, de biodiversidad. No queremos ser solo el nombre el famoso pulmón del mundo.
Debemos tener una base legal para defenderlo, para aplicarlo, y para que esas inversiones no solo sean aportes que nacen así no más; sino que se lo mantenga bajo normativa, y que de cierta manera se pueda constituir en una nueva actividad.
El cambio climático está. Tenemos mucho territorio destruido, no restaurado, no remediado, porque solo nos presentamos como un país petrolero y minero.
Tenemos una Ley de Ambiente que supuestamente tiene que trabajar en restauración y remediación, pero no la aplica. Por eso es necesario contar con una ley de cambio climático.
¿Con la legislación actual no se atiende la remediación ambiental?
La Ley que está aplicando el Ministerio del Ambiente no sirve para atender en nada a este tipo de situaciones. De lo contrario, estaríamos hablando de otro tema.
No estaríamos hablando de la destrucción, de la contaminación de ríos y sus afectaciones, de ríos muertos, de remediación ante derrames. Solo en la provincia de Napo, por ejemplo, tenemos tres ríos muertos en el cantón Arosemena Tola.
En cuanto a derrames, no sabe cuántos tenemos en Napo, Orellana y Sucumbíos.
¿Cuál es el futuro del proyecto de ley? En mayo habrá una renovación de la Asamblea Nacional y este tipo de temas no dan votos o no son parte de acuerdos políticos.
Así es. A mí me da muchísima pena. Aunque no es la primera ley que presento, antes lo hice con la de Educación Financiera y ha avanzado.
Sobre esta ley de cambio climático estoy a la espera para que ojalá se la considere hasta mayo; más que nada porque esta propuesta de ley tiene una visión de futuro. Espero que le den la importancia que se merece.
Sandra Rueda Camacho es Asambleísta por la provincia de Napo. Es Doctora en Jurisprudencia, Ciencias Sociales y Políticas, con 22 años de experiencia en el servicio público. En Napo es Coordinadora de la Red de Mujeres Amazónicas.