Asamblea aprueba Ley de Áreas Protegidas que incorpora temas ajenos a su propósito
Se incluyen artículos sobre remisión de deudas, autos eléctricos y hasta operaciones aéreas. Ambientalistas anticipan demanda constitucional.
La Asamblea Nacional aprobó -en segundo debate- la Ley Orgánica para el Fortalecimiento de las Áreas Protegidas.
Con 80 votos a favor, los asambleístas aprobaron el texto íntegro que elaboró la Comisión de Desarrollo Económico y que incluyó temas ajenos al propósito de la ley.
Alli se incorporaron temas relacionados con la Ley de Movilidad Humana, Ley de Régimen Tributario, Código Orgánico Monetario y Financiero, Código Aeronáutico, Ley de Aviación Civil y hasta la recientemente aprobada Ley Orgánica de Integridad Pública.
En el texto aprobado el 10 de julio de 2025 se mantiene la creación del Servicio Nacional de Áreas Protegidas y estará a cargo del Presidente de la República.
Valentina Centeno, presidenta de la Comisión, manifestó que el proyecto se justifica en la necesidad de resguardar el patrimonio nacional, a través del fortalecimiento de las áreas protegidas.
Además, garantiza la profesionalización y el respeto a los derechos de los guardaparques y genera institucionalidad que permite al Estado delegar ciertos servicios relacionados con estas zonas a los sectores privado y comunitario.
Organizaciones ambientalistas e indígenas cuestionan el tratamiento del proyecto en el Legislativo y han anticipado acudir a la Corte Constitucional.
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Deudas, autos eléctricos, operaciones aéreas
En las cinco Disposiciones Transitorias y siete Disposiciones Reformatorias se establecen reformas que nada tienen que ver con las áreas protegidas.
Una de ellas señala que la Corporación Financiera Nacional (CFN) efectuará la remisión del pago de intereses, intereses por mora, costas judiciales y otros cargos de personas naturales o jurídicas, que hubieren contraído con dicha entidad bancaria.
Además, se dispone que la Junta de Política y Regulación Financiera revisará las regulaciones, respecto a provisiones bancarias, genéricas y específicas, con el fin de que, manteniendo la estabilidad y protección del sector, no sean un obstáculo para el otorgamiento de créditos.
En la reforma a la Ley de Movilidad Humana se define a quién se considera turista; en la Reforma Tributaria se refiere a la reducción del porcentaje del IVA durante fechas festivas, así como exoneraciones para vehículos eléctricos de uso particular.
En la reforma a la Ley de Servicio Público, aparentemente se corrige lo aprobado en la Ley de Integridad Pública y que fue cuestionada por aumentar la edad de jubilación. Se reemplaza la frase "65 años", por "60 años".
En cuanto a las reformas a la Codificación del Código Aeronáutico se facilita el reconocimiento del Certificado de Operación (AOC), para el caso de operaciones aéreas domésticas por parte de operadores aéreos internacionales, tras su domicialización en el Ecuador.
En las disposiciones general primera, transitoria primera, cuarta y quinta que refiere al pago de deudas de empresas públicas con la transferencia de bienes.
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Regresión en derechos de la naturaleza
Organizaciones ambientalistas reclamaron no haber participado en la discusión del proyecto de Ley para el Fortalecimiento de las Áreas Protegidas.
Al haber sido enviada por el Ejecutivo el 14 de junio de 2025 con el carácter de económica urgente, las organizaciones advierten que se abre la vía de una posible demanda constitucional.
La Coordinadora Ecuatoriana de Organizaciones para la Defensa de la Naturaleza y el Medio Ambiente (Cedenma) se convirtió en la entidad aglutinadora de movimientos sociales opuestos a la aprobación del proyecto. Consideran que se propone una regresión de derechos de la naturaleza.
Antes de su aprobación, solicitaron a los legisladores negar el proyecto e iniciar un proceso amplio de discusión para promover los cambios que necesita la administración de las áreas protegidas, regida por la ley vigente desde 2002.
Hay problemas de forma y de fondo que los legisladores deben tomar en cuenta para este proyecto, declararon dirigentes de Cedenma.
Errores de forma y fondo
Los errores de forma: calificar al proyecto como una urgencia económica, dejar su tratamiento en manos de la Comisión de Desarrollo Económico e incluir disposiciones transitorias ajenas, como la condonación de deudas vencidas de los acreedores de la Corporación Financiera Nacional. “Este artículo no tiene nada que ver”, afirmó Gustavo Redín, vicepresidente de Cedenma.
En lo de fondo, afirman que la mayoría de asuntos que constan en el proyecto ya están en la ley actual u otras conexas, como un fideicomiso para financiar el trabajo del Sistema Nacional de Áreas Protegidas (SNAP) o la posibilidad que los agentes del orden ingresen en estas áreas para enfrentar al crimen.
Luego, la crítica más fuerte se orientó a la propuesta de crear una empresa pública que administre el sistema. Para Gustavo Redín, la naturaleza de las empresas públicas es opuesta: “No son activos que se optimizan, son patrimonios que se conservan”. En el texto final se retiró la figura de la empresa pública.
Diana Chávez, dirigente kichwa de Pastaza, mencionó que “esta ley, que aparece de la noche a la mañana, no tiene nada de urgente”. Además, “desconoce que los pueblos originarios somos los dueños de los territorios”.
“Debería fortalecerse lo que ya existe”, dijo Chávez, concepto con el que coincidió Redín. “El objeto de una Ley de Áreas Protegidas es la conservación, mientras que la Ley lo que está buscando es generar actividades productivas”.
Por su parte, Adriana Rodríguez, investigadora de la Universidad Andina Simón Bolívar, lamenta que no haya habido espacio para la discusión, pese a una ley que podía tener potencial pero que se está presentando como antidemocrática.
