La legislación sobre la infancia se hunde por la polarización

Hay diferencias aparentemente irreconciliables entre organizaciones sociales y religiosas sobre el Código. El debate podría retomarse en 6 meses.

La legislación sobre la infancia se hunde por la polarización
No hubo acuerdo para aprobar el Código Orgánico. Foto: Pixabay

La mayoría de los ex representantes de la Asamblea Nacional evitó votar, el 12 de mayo de 2025, por el Código Orgánico para la Protección de Niñas, Niños y Adolescentes (Copinna).

Por primera vez en la historia reciente, hubo un voto con mayoría de abstenciones. Fueron 45 sufragios a favor y uno en contra. El resto se repartió entre 60 abstenciones y ausencias.

Y la dispersión fue llamativa: salvo la Izquierda Democrática, que terminó votando por la abstención por "falta de socialización para conseguir la mayoría", en las otras tendencias los sufragios se dividieron.

En términos prácticos, el poder legislativo podría retomar la votación dentro de seis meses, con un nuevo informe de la  Comisión de Niñez y Adolescencia. Se abriría un espacio de negociación para hallar consensos.

Mientras algunos sectores insistían en que la ley debía incluir enfoques de género y diversidad sexual, otros grupos argumentaron que estos temas eran "ideológicos" y contrarios a los "valores familiares".

Para el asambleísta Esteban Torres, del Partido Social Cristiano, “esta ley era un caballo de Troya para imponer ideología de género. Protegeremos a las familias ecuatorianas sin imposiciones extranjeras”, dijo. 

“El Copinna fue saboteado por grupos fundamentalistas que prefieren mantener a la niñez en el oscurantismo. Hoy ganó el miedo, no la razón”, afirmó por su parte María José Carrión, ex asambleísta de Revolución Ciudadana. 

Pierina Correa, ponente y presidenta de la Comisión, se lamentó: “Hoy podíamos hacer historia, podíamos asumir la deuda que tenemos con la niñez ecuatoriana”.

La Comisión había enfatizado que tenían un compromiso histórico con 5,4 millones de niñas, niños y adolescentes de Ecuador, cuyos derechos son defendidos hoy por una ley de 2003.

La visión de Tamara Salazar, de Izquierda Democrática, es que “faltó voluntad para negociar. Priorizaron los intereses electorales sobre los derechos de los niños”.

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Siete años de elaboración

Los autores de la iniciativa recordaron que el proyecto incluía temas urgentes como la responsabilidad penal adolescente, la tenencia de menores y la regulación del consentimiento en relaciones sexuales entre adolescentes.

Además, significaba una actualización en asuntos urgentes como el acoso digital, el trabajo infantil y la violencia intrafamiliar.

El Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia recordó que el proceso de elaboración del proyecto se inició en 2018. Participaron -dijo- actores de la sociedad civil, organismos públicos y expertos en derechos humanos.

También el cuerpo legal recibió sentencias obligatorias de la Corte Constitucional. El informe para el segundo debate se aprobó en la Comisión con siete votos a favor y dos abstenciones.

Por su parte, el Colectivo Faro opinó que “los votos en contra ignoraron 15 informes técnicos que respaldaban al Copinna".

La organización Plan Internacional emitió un comunicado en el que anota que “esta acción representa un retroceso en el esfuerzo por contar con un marco legal que proteja de forma adecuada a la niñez y adolescencia en Ecuador”.

Y el Consejo Consultivo de la Desnutrición Crónica Infantil expresó que los asambleístas perdieron la oportunidad “de dotar al país de un instrumento normativo actualizado que garantice de forma amplia y efectiva los derechos de niños, niñas y adolescentes”. 

Derechos e ideologías

Para Human Rights Watch "la influencia de grupos religiosos en esta decisión evidencia un retroceso en derechos humanos".

La Red de ONG por la Niñez cree que "este fracaso legislativo beneficia a quienes lucran con la explotación infantil. La sociedad civil no dejará de exigir esta ley".

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos lamentó que "Ecuador no haya avanzado en una ley clave para garantizar los derechos de niñas, niños y adolescentes, especialmente en contextos de migración y violencia".

Save the Children Ecuador dijo que "Sin el Copinna, Ecuador sigue sin herramientas efectivas para combatir el trabajo infantil o el reclutamiento por redes delictivas. Es una deuda pendiente con el futuro del país".

Monseñor Luis Cabrera, presidente de la Conferencia Episcopal Ecuatoriana, manifestó el 16 de mayo de 2025 que "el Copinna buscaba imponer una visión ideológica que desdibuja el rol de la familia. Celebramos que la Asamblea haya escuchado el clamor de las mayorías".

El coordinador del Frente Evangélico Nacional, pastor Jimmy Vargas, afirmó que "esta ley era una puerta para que el Estado adoctrine a nuestros hijos en ideología de género. Hoy ganó la voz del pueblo cristiano".

"El Copinna violaba el derecho de los padres a educar a sus hijos según sus convicciones. Seguiremos vigilantes", señaló la directora de Acción Ciudadana por la Familia:  Ab. María Fernanda Pazmiño.

Los derechos de niños y adolescentes se rigen en Ecuador por una ley de 2003. Foto: Pixabay