Asamblea debate incentivos para vivienda social en medio de las lluvias
La Comisión de Desarrollo Económico aprobó el informe para primer debate de Ley de Vivienda Resiliente. La crisis climática sustenta la iniciativa oficial.
La necesidad de vivienda digna en Ecuador se cruza cada vez más con los impactos de la crisis climática.
Este 16 de marzo de 2026, la Comisión de Desarrollo Económico de la Asamblea Nacional aprobó el informe para primer debate de una reforma tributaria que busca incentivar la construcción de viviendas de interés social, mediante beneficios fiscales para quienes las donen al Estado.
La propuesta llega al Legislativo mientras miles de familias enfrentan pérdidas o daños en sus hogares, tras eventos climáticos extremos registrados en los últimos meses.
El proyecto, calificado como urgente en materia económica, plantea reformar la Ley de Régimen Tributario Interno, para incentivar la participación del sector privado en la construcción de vivienda social.
La iniciativa busca contribuir a reducir el déficit habitacional y responder a la demanda de soluciones habitacionales para familias afectadas por desastres naturales u otras contingencias.
La propuesta establece que los contribuyentes que construyan y donen viviendas de interés social al ente rector de hábitat y vivienda podrán acceder a una rebaja del impuesto a la renta equivalente al 100% del valor donado, con un límite máximo del 30% del impuesto causado en el ejercicio fiscal correspondiente, sin derecho a devolución.
Para calcular este beneficio tributario se considerará únicamente el avalúo catastral de la vivienda construida, sin incluir el valor del terreno cuando este pertenezca al beneficiario.
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Déficit habitacional en un contexto de crisis climática
El debate legislativo se produce en un contexto marcado por el aumento de eventos climáticos adversos en el país.
De acuerdo con datos incluidos en el informe legislativo, solo en 2025 se registraron 4.443 eventos asociados con lluvias en 219 cantones, que provocaron daños en infraestructura, pérdidas económicas y afectaciones directas a viviendas.
Hasta marzo de 2026, la emergencia climática ya había afectado 13.508 viviendas en distintas zonas del país. Estos impactos se suman a un déficit habitacional estructural que el Censo de 2022 estimó en 727.689 viviendas.
Las provincias de la región Costa, particularmente aquellas con mayor exposición a inundaciones y desbordamientos de ríos, concentran gran parte de las afectaciones.
Esta coincidencia entre vulnerabilidad climática y déficit habitacional plantea desafíos adicionales para las políticas públicas de vivienda, especialmente en territorios donde las familias terminan asentándose en zonas de riesgo.
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Cómo funcionaría el incentivo
El proyecto establece que el ente rector de hábitat y vivienda será responsable de verificar que las viviendas cumplan con los parámetros de precio, superficie y estándares de construcción establecidos en la normativa vigente.
Una vez recibidas, estas viviendas deberán ser transferidas a beneficiarios que cumplan con los criterios definidos en la legislación de vivienda de interés social.
Además, la propuesta plantea que se publique anualmente un catálogo de necesidades de vivienda de interés social, con el objetivo de orientar la aplicación del incentivo y focalizar la construcción en las zonas con mayor déficit o afectación.
Por su parte, el ente rector de las finanzas públicas deberá definir el monto máximo de gasto tributario que podrá generarse por la aplicación de esta medida, considerando criterios de sostenibilidad fiscal.
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Una medida temporal
El incentivo tributario tendría un carácter temporal. Según el proyecto, se aplicaría para los ejercicios fiscales entre 2026 y 2029.
Durante ese período, los ministerios de Economía y Finanzas,y de Infraestructura y Transporte, así como el Servicio de Rentas Internas (SRI) deberán evaluar anualmente el impacto fiscal y económico de la medida.
De acuerdo con el informe legislativo, la propuesta también busca dinamizar el sector de la construcción, una actividad que sostiene alrededor de 560.000 empleos en el país.
El presidente (e) de la Comisión de Desarrollo Económico, el asambleísta Diego Franco, señaló que durante el tratamiento del proyecto se recibieron aportes de autoridades, académicos y representantes del sector productivo.
Con la aprobación del informe, la iniciativa será remitida al Pleno de la Asamblea Nacional para su primer debate, previsto para el 18 de marzo de 2026, donde los legisladores discutirán el alcance y los posibles ajustes a la propuesta.
