Gobierno otorga licencia ambiental para minería en Palo Quemado

La aprobación de la licencia ambiental para el proyecto La Plata fue publicada en el Registro Oficial. Los cuestionamientos comunitarios han sido recurrentes.

Gobierno otorga licencia ambiental para minería en Palo Quemado
El proyecto minero La Plata producirá oro, cobre, plata y zinc, de acuerdo con el Ministerio de Ambiente y Energía. Foto: archivo Ministerio de Ambiente y Energía

El Ministerio de Ambiente y Energía (MAE) oficializó la aprobación del Estudio de Impacto Ambiental (EIA) y la concesión de la Licencia Ambiental para las fases de explotación y beneficio de minerales metálicos del proyecto minero La Plata.

Este proyecto está ubicado en la parroquia Palo Quemado, cantón Sigchos, provincia de Cotopaxi. Tiene una extensión de 2.222 hectáreas.

De acuerdo con el MAE, el proyecto producirá oro, cobre, plata y zinc.

La decisión consta en el Registro Oficial Nro. 219, publicado este 5 de febrero de 2026, mediante la Resolución Nro. MAE-SUIA-LA-SCA-2025-00001.

Allí se autoriza a la Compañía Minera La Plata S.A., titular de la concesión La Plata (Código 2001.1), a continuar con la ejecución del proyecto bajo condiciones ambientales específicas.

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Un proyecto marcado por el conflicto social

La autorización ambiental se produce en un contexto de conflictividad social en la parroquia Palo Quemado y zonas aledañas.

Diversos reportajes y documentales, como el producido por Pocho Álvarez en 2022 (ver nota inferior) han evidenciado la división comunitaria generada por la minería metálica, en una zona de tradición agrícola y campesina, donde la producción de panela y el uso comunitario del territorio han sido históricamente centrales.

Organizaciones sociales, colectivos ambientalistas y dirigentes indígenas han expresado su rechazo al proyecto, alertando sobre posibles afectaciones al agua, los suelos, la biodiversidad y el tejido social, mientras que otros sectores locales consideran que la minería podría representar una fuente de empleo e inversión.

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Consulta ambiental cuestionada

Uno de los puntos más sensibles del proceso fue la consulta ambiental realizada en Palo Quemado.

Aunque el MAE aseguró que el procedimiento cumplió con la normativa vigente, varias organizaciones sociales denunciaron irregularidades, exclusión de población potencialmente afectada y un uso instrumental del proceso participativo.

El debate se enmarca además en la Sentencia 51-23-IN/23 de la Corte Constitucional, que declaró inconstitucional el Decreto Ejecutivo 754 —norma que regulaba la consulta ambiental—, pero permitió su aplicación temporal bajo estándares reforzados, hasta que se emita una nueva ley.

Fundamentos legales y técnicos de la Resolución

Marco legal y competencias

La Resolución se sustenta en las atribuciones de la Subsecretaría de Calidad Ambiental, establecidas en el Acuerdo Ministerial Nro. MAATE-2023-080, que le confieren la facultad de emitir licencias y autorizaciones ambientales a nivel nacional.

Antecedentes del proyecto minero

El proyecto La Plata (Código 2001.1) fue reclasificado en febrero de 2022, pasando del régimen de pequeña minería a mediana y gran minería.

Posteriormente, el 11 de abril de 2022, el Viceministerio de Minas lo certificó como parte de los Sectores Estratégicos del Estado, lo que reforzó el interés estatal en su desarrollo.

Proceso de participación ciudadana

El proceso de consulta ambiental atravesó varias etapas y suspensiones:

En agosto de 2023, fue suspendido temporalmente para garantizar el acceso a la información y los derechos de participación.

En 2024, se retomó con una Fase Informativa y una Fase Consultiva.

A solicitud de la comunidad de Palo Quemado, se adoptó el voto público como mecanismo de decisión, argumentando el respeto a los usos y costumbres locales.

El informe de sistematización de la consulta fue finalmente aprobado por la Subsecretaría de Calidad Ambiental, en septiembre de 2025.

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Validación técnica y pagos ambientales

La Resolución detalla que el proceso contó con validaciones técnicas clave, entre ellas:

  • La aprobación del Inventario Forestal por parte de la Dirección de Bosques.
  • La asesoría técnica en componentes geológicos por el Programa de Remediación Ambiental y Social (PRAS).

Además, el Ministerio verificó que la empresa minera realizó los pagos correspondientes por servicios de gestión ambiental y valoración de bienes ecosistémicos, por un monto total de USD 25.778,31, requisito previo para la emisión de la licencia.

Contenido de la Resolución y alcance de la licencia

Aprobación del Estudio de Impacto Ambiental

Mediante el Artículo 1, el Ministerio aprueba formalmente el Estudio de Impacto Ambiental para las fases de explotación y beneficio de minerales metálicos, el cual pasa a ser de cumplimiento obligatorio para la empresa.

Otorgamiento de la Licencia Ambiental

El Artículo 2 concede la Licencia Ambiental a la Compañía Minera La Plata S.A. para operar en la parroquia Palo Quemado, cantón Sigchos, provincia de Cotopaxi, durante toda la vida útil del proyecto.

Obligaciones, control y sanciones

La licencia impone estrictas obligaciones, entre ellas:

  • Cumplimiento integral del Plan de Manejo Ambiental.
  • Monitoreos ambientales periódicos y auditorías de cumplimiento.
  • Renovación permanente de la Garantía de Fiel Cumplimiento.
  • Facilitar el control y seguimiento por parte del Ministerio.

El incumplimiento de estas disposiciones puede derivar en la suspensión o revocatoria de la licencia ambiental.

Vigencia y firma de la Resolución

La Resolución entra en vigencia desde su notificación al administrado y su publicación en el Registro Oficial Nro. 219.

El documento fue firmado electrónicamente el 28 de noviembre de 2025, por Paula Daniela Sánchez Padilla, Subsecretaria de Calidad Ambiental del Ministerio de Ambiente y Energía.

Con la publicación oficial de la Licencia Ambiental, el proyecto minero La Plata avanza en el plano administrativo y legal.

Sin embargo, el rechazo de sectores comunitarios y organizaciones sociales evidencia que el conflicto trasciende lo técnico y se mantiene como un debate nacional sobre el modelo extractivo, los derechos de la naturaleza y la participación de las comunidades en decisiones que afectan a sus territorios.