Formalizar a la minería artesanal, un objetivo del Plan de Seguridad
Sin embargo, la reanudación del catastro minero se postergó para fines de 2026. Ataques a la minería ilegal se refuerzan con la "Estrategia de Ciberdefensa 2026".
El Gobierno declaró a la minería ilegal como una amenaza contra la seguridad del Estado, tras concluir que organizaciones criminales han infiltrado sistemáticamente la cadena de suministro de oro del país, y la han convertido en un vehículo de financiamiento para el crimen organizado.
Ante lo que califica como un desafío de seguridad nacional, el Ministerio de Defensa encamina una estrategia integral, contenida en el Plan Nacional de Seguridad Integral 2025-2029, anunció su titular, Gian Carlo Loffredo.
Esta no solo incluirá la expansión de los operativos con apoyo de alta tecnología y de ciberdefensa, sino que plantea reforzar controles en la cadena logística minera, desmantelar redes de combustible ilegal y formalizar las operaciones de minería artesanal.
El Plan de Seguridad habla de establecer un sistema de monitoreo nacional para 2027. La siguiente etapa, entre 2028 y 2029, será introducir un sistema de trazabilidad sobre los recursos mineros transportados a puertos y plantas de procesamiento. El objetivo final es desarticular el 88% de estructuras del crimen organizado.
Según el Plan, las organizaciones criminales usan la producción ilegal de oro para lavar ganancias del narcotráfico mientras financian operaciones mineras con maquinaria, insumos químicos y protección armada. La minería ilegal también está vinculada al robo de combustible.
Se identifica a Los Lobos como la organización criminal dominante en la minería ilegal, en toda la cadena de valor del oro, incluyendo extracción, mezcla con metal producido legalmente y exportaciones a través de los puertos de Guayaquil y Puerto Bolívar.
Ecuador exportó 19.2 toneladas de oro valoradas en más de USD 900 millones de dólares en 2022, mientras que el Banco Central del Ecuador registró exportaciones de más de 27 toneladas de oro doré en 2023.
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La estrategia de ciberdefensa
Para el combate a la minería ilegal con más tecnología, el 14 de mayo de 2026 se publicó en el Registro Oficial la “Estrategia de Ciberdefensa 2026". Se trata de un documento de 86 páginas preparado por oficiales y técnicos del Ministerio de Defensa. Va desde el análisis jurídico hasta los procesos de evaluación.
Loffredo Rendón, a modo de presentación, señala en el estudio que “vivimos un tiempo donde la guerra y la soberanía no solo se libran en la tierra, el mar o el aire, sino también en un territorio invisible y decisivo: el ciberespacio".
"En este nuevo escenario, la fortaleza de un país no se mide por el tamaño de su armamento, sino por la solidez de sus redes, la integridad de sus sistemas y la capacidad de proteger lo esencial: la estabilidad, la confianza y la unidad de la nación”.
En la introducción del documento se enfatiza que la articulación con los instrumentos de política pública y planificación nacional, asegura la coordinación de esfuerzos institucionales hacia un objetivo primordial: el fortalecimiento de la seguridad digital nacional, como componente esencial para el desarrollo, la defensa y la soberanía del Estado.
Incorporación de la minería artesanal
Para echar a andar una de las estrategias del Plan de Seguridad Integral --formalizar a la minería artesanal--, debe cumplirse la oferta de reabrir el catastro minero, que ha estado cerrado durante 8 años. El presidente Daniel Noboa movió ese compromiso, que se había programado para mediados de año, para fines de 2026.
La Ley de Minería determina que el catastro es una herramienta esencial para la administración de los derechos mineros y no mineros. Es responsabilidad de la Agencia de Regulación y Control Minero (ARCOM), bajo la rectoría del Viceministerio de Energía.
Pero la formalización de la minería artesanal también afronta el desafío de consolidar cadenas de suministro responsables, que permitan comercializar el oro a través de mecanismos legales y trazables.
En ese ámbito, el Programa de Comercialización del Oro del Banco Central del Ecuador (BCE) ha adquirido, durante la última década, 9,8 toneladas de oro por USD 573 millones provenientes de la minería artesanal y de pequeña escala, mediante un esquema que garantiza precios de mercado, pagos ágiles y verificaciones técnicas y ambientales sobre el origen del mineral.
Durante la conmemoración de los 10 años del programa (julio de 2026), autoridades y expertos analizaron precisamente los desafíos de la formalización minera y la importancia de promover cadenas de suministro responsables, como parte de los esfuerzos para fortalecer la minería legal.
Además, la Cámara de Minería del Ecuador respalda la habilitación del catastro como un paso fundamental para ordenar el sector y reactivar las inversiones. Para sus dirigentes, que piden resolver las trabas burocráticas y la lentitud en los trámites, un registro transparente y con apoyo tecnológico ayuda a frenar la minería ilegal, que daña la reputación de la minería formal.
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Los operativos se reforzarán
El Ministerio de Defensa estima en más de USD 4.000 millones las afectaciones a los que califica como Grupos de Delincuencia Organizada (GDO).
Las operaciones se ejecutan de forma continua y coordinada desde enero de 2026 en zonas de difícil acceso y áreas protegidas, para erradicar la extracción no autorizada de minerales y frenar las actividades ilícitas conexas que amenazan la seguridad nacional.
En el balance de las operaciones en lo que va del año, los reportes militares destacan que han intervenido 1.060 campamentos de minería ilegal y han neutralizado 1.654 bocaminas a escala nacional.
Se ha logrado la inhabilitación, destrucción o retención de 501 retroexcavadoras, 468 clasificadoras y 266 dragas, así como el decomiso de 48.708 sacos de material aurífero.
Cuando la maquinaria pesada se localiza en las cercanías de vías de acceso, se gestiona su recuperación en beneficio del Estado; por el contrario, si se sitúa en territorios aislados o inaccesibles, el personal militar ejecuta su destrucción e inhabilitación inmediata en el lugar.
El ministro Loffredo, en declaraciones a Ecuador TV y a El Universo, enfatizó la firmeza de las intervenciones continuas y calificó a la minería ilegal como un delito execrable. Él personalmente ha intervenido en operativos, según lo registran publicaciones del Ministerio de Defensa.
El funcionario dijo que los operativos incluyen el uso de artillería dirigida específicamente hacia las bocaminas, y se extienden a las canteras para impedir la reapertura por parte de los grupos criminales.
Asimismo, advirtió que el impacto de este flagelo trasciende las pérdidas económicas y la sustracción de oro y otros metales. Se ha evidenciado un grave deterioro de los recursos naturales y la presencia de delitos conexos como el narcotráfico, el tráfico de hidrocarburos, la trata de personas e incluso la esclavitud de habitantes locales sometidos por los grupos delictivos.
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