Ecuador tramita una ley mientras el metano preocupa en la región
En la Asamblea se gestiona un proyecto dirigido a las empresas petroleras, que plantea incentivos y sanciones. América Latina aún tiene grandes desafíos.
América Latina y el Caribe enfrentan un desafío permanente por su rol en la lucha contra el cambio climático, especialmente en relación con un enemigo poco visible pero altamente potente: el metano.
Este gas de efecto invernadero, que tiene un poder de calentamiento más de 80 veces superior al dióxido de carbono en un plazo de 20 años, está aumentando a un ritmo alarmante en la atmósfera.
Según datos del Methane Tracker de la Agencia Internacional de Energía (IEA), la región emitió aproximadamente 20 millones de toneladas de metano en el último año, una cifra que dobla la intensidad promedio global.
Las fuentes principales son la agricultura, la gestión de residuos y, especialmente, los combustibles fósiles. A pesar de los compromisos internacionales, la implementación efectiva de políticas sigue rezagada.
En el caso de Ecuador, en la Asamblea Nacional se tramita un proyecto de ley que busca regular a la industria de hidrocarburos, en materia de reducción de emisiones de gases de metano.
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El alcance del proyecto
El Consejo de Administración Legislativa (CAL) aprobó el trámite de este proyecto, el 13 de agosto de 2025 y la iniciativa fue enviada a la Comisión de Biodiversidad para su análisis.
El objetivo es desarrollar una norma para el control, reducción y prevención de emisión de emisiones de gas metano, en la industria de hidrocarburos.
El texto dice que la ley se aplicará a las empresas enfocadas en la exploración, extracción, producción, tratamiento, refinación, almacenamiento y procesamiento y distribución de hidrocarburos.
Para cumplirlo, dichas empresas deberán implementar una certificación de emisiones, un plan de control y un sistema de reporte a la autoridad competente.
Este reporte deberá incluir la identificación de todas las fuentes emisoras de metano, así como su clasificación y cuantificación, de conformidad con los estándares internacionales establecidos por la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático.
En cuanto a las medidas preventivas para reducir emisiones, el proyecto establece la obligatoriedad de implementar programas específicos de prevención.
La Autoridad de Ambiente y Energía deberá emitir un reglamento para definir la metodología de elaboración de reportes, así como las especificaciones técnicas del plan de control y del programa de prevención de emisiones de metano.
La data es fundamental
El legislador Lenín Barreto (RC), proponente de la iniciativa, explica que un primer gran reto que plantea este proyecto es conocer la situación actual de la emisión de gases de metano en la industria hidrocarburífera.
La falta de información actualizada es una limitación, para avanzar en la implementación de normas y políticas que contribuyan a su reducción.
Las metas de reducción de emisiones se fijarán en el plan de control y deberán alcanzarse en un plazo no mayor a seis años, a partir de su entrega a la autoridad, explica Barreto.
Si las empresas cumplen las metas de reducción de emsiiones de metano, la ley propone que la autoridad otorgue incentivos, que básicamente se enfocarán en el ámbito tributario.
El proyecto también establece sanciones para las empresas. Hay tres categorías: infracciones leves (multas), infracciones graves (suspensiones temporales) e infracciones gravísimas (revocatoria de permisos).
Las empresas también deberán adoptar medidas preventivas. Entre ellas se mencionan sistemas de recuperación de vapores, bombas neumáticas, uso de nitrógeno, deshidratadores.
La Comisión de Biodiversidad de la Asamblea aún no ha tramitado el proyecto. Barreto dice que se esperan los aportes de la industria petrolera, sociedad civil, academia, para enriquecer esta iniciativa.
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Una mirada a la región
La producción global récord de petróleo, gas natural y carbón está generando cerca de 20 Mt (tonelada métrica) anuales de metano, y se estima que se pierden 100.000 millones de m³ de gas natural, sin conocerse su destino final.
Además, el flaring —la quema rutinaria de gas— emite otros 150.000 millones de m³ al año, según el Banco Mundial.
Estas fugas no solo representan un grave impacto ambiental, sino también una pérdida económica significativa. Reducir las emisiones podría ofrecer un retorno del 25%, superior al retorno habitual que buscan muchas empresas del sector energético.
Aunque países como Argentina, México, Brasil, Colombia y Ecuador están comprometidos con el Global Methane Pledge, que busca una reducción del 30% de las emisiones de metano para 2030, las políticas actuales en la región apenas lograrían una reducción del 10–15%.
Colombia y México se destacan con regulaciones más estrictas: limitan el venteo, exigen estándares técnicos y han aprobado normativas que podrían reducir las emisiones en un 60%, sin necesidad de nueva tecnología.
Sin embargo, la falta de datos precisos, escasa inversión y desconocimiento técnico siguen siendo barreras para una acción más amplia y coordinada.
Para América Latina y el Caribe, el desafío es mayúsculo. Sin una mejora en los sistemas de monitoreo, asignación de recursos y capacidad técnica, los avances seguirán siendo marginales.
Mientras tanto, el metano —invisible pero letal— continúa escapando a los radares, acelerando una crisis climática que ya golpea con fuerza a la región.
