América Latina busca blindar sus sistemas eléctricos ante riesgos
Autoridades acordaron impulsar el almacenamiento, acelerar inversiones renovables y mejorar la gestión de la demanda, para reducir la vulnerabilidad.
América Latina y el Caribe buscan reducir la vulnerabilidad de sus sistemas energéticos ante las crisis de suministro, la volatilidad de los precios internacionales y el crecimiento de la demanda eléctrica.
Para ello, los países miembros de la Organización Latinoamericana y Caribeña de Energía (OLACDE) aprobaron una serie de medidas que apuntan a mejorar la planificación de los sistemas eléctricos, acelerar las inversiones y fortalecer la cooperación regional.
Los acuerdos se adoptaron durante la LVI Reunión de Ministras y Ministros de Energía, celebrada el 8 y 9 de octubre de 2026 en Santo Domingo, República Dominicana, como parte de la XI Semana de la Energía.
Entre las decisiones figuran la creación de un grupo técnico para analizar el impacto de la inteligencia artificial en el sector eléctrico, el impulso a tecnologías de almacenamiento y gestión de la demanda, y nuevas iniciativas para aprovechar los residuos de las tecnologías limpias.
Aunque las medidas tienen alcance regional y su implementación dependerá de diagnósticos, marcos regulatorios y proyectos posteriores, los temas abordados tienen relevancia para países como Ecuador, que enfrenta dificultades para cubrir su demanda eléctrica durante los períodos de estiaje y ha recurrido a desconexiones de energía para determinadas empresas.
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Más almacenamiento y mejor gestión de la demanda
Uno de los acuerdos aprobados busca impulsar la electrificación de sectores de consumo final, mediante diagnósticos y marcos regulatorios que faciliten el uso de electricidad. La decisión también contempla promover tecnologías de almacenamiento y herramientas de gestión inteligente de la demanda.
El objetivo es adaptar los sistemas energéticos a una demanda creciente y aprovechar mejor la electricidad disponible.
El almacenamiento permite guardar energía producida en determinados momentos para utilizarla después, mientras que la gestión de la demanda busca distribuir el consumo de forma más eficiente y reducir presiones sobre la red en períodos críticos.
Estas herramientas pueden complementar la generación renovable y contribuir a una operación más flexible de los sistemas eléctricos. Sin embargo, su efecto dependerá de la capacidad de inversión, la infraestructura disponible y las condiciones técnicas de cada país.
En Ecuador, donde la generación hidroeléctrica está expuesta a la disponibilidad de agua, estas medidas abren una discusión sobre las alternativas para reducir la vulnerabilidad del suministro. No obstante, los acuerdos regionales no representan por sí mismos una solución inmediata al estiaje ni establecen proyectos específicos para el país.
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La inteligencia artificial entra en la planificación eléctrica
Los ministros también acordaron elaborar un diagnóstico regional sobre los efectos de la inteligencia artificial (IA) en el sector eléctrico, incluida la demanda de los centros de datos. Para avanzar en este trabajo, aprobaron la creación de un grupo técnico que analizará el uso ético, seguro y eficiente de estas herramientas en redes inteligentes y sistemas de energías renovables.
La iniciativa responde a un desafío emergente: el crecimiento de las aplicaciones de IA requiere infraestructura informática y centros de datos cuyo funcionamiento demanda electricidad. Si esta expansión no se incorpora a la planificación energética, puede aumentar la presión sobre las redes y las necesidades de generación.
Al mismo tiempo, las herramientas digitales pueden contribuir a gestionar mejor la demanda, anticipar necesidades de mantenimiento y optimizar la operación de las redes. El diagnóstico regional busca establecer criterios para aprovechar esas posibilidades sin perder de vista sus efectos sobre el consumo eléctrico.
Acelerar las inversiones en energías renovables
La financiación y la ejecución de proyectos renovables ocuparon otro espacio central de las discusiones del Consejo Empresarial de OLACDE, que reunió a representantes de gobiernos, empresas y organismos internacionales durante la Semana de la Energía.
En la mesa dedicada a las energías renovables, desarrollada con la Agencia Internacional de Energías Renovables (IRENA), se planteó la necesidad de reducir los riesgos que encarecen o retrasan las inversiones, acortar los tiempos de desarrollo de los proyectos y fortalecer la infraestructura de las redes eléctricas.
También se destacó la importancia de contar con reglas que permitan a las renovables competir en condiciones equitativas, adaptar la planificación a las nuevas tecnologías y reforzar las capacidades técnicas e institucionales.
La discusión incluyó el almacenamiento en baterías. Según los datos presentados en el encuentro, la región cuenta con 3,4 gigavatios de capacidad instalada de almacenamiento de este tipo. La expansión de estas tecnologías puede facilitar la incorporación de fuentes variables, como la solar y la eólica, cuya producción depende de las condiciones meteorológicas.
El desafío, por tanto, no consiste únicamente en instalar nueva capacidad de generación, sino también en disponer de redes, almacenamiento, regulación y mecanismos de financiación que permitan integrar esa energía al sistema.
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Integración regional para reducir riesgos de suministro
La cooperación entre países fue otro de los ejes de los acuerdos. Durante el diálogo público-privado se insistió en la necesidad de fortalecer la integración energética, desarrollar infraestructura y facilitar inversiones que contribuyan a la seguridad del suministro.
En el ámbito de los hidrocarburos y el gas natural, la mesa de trabajo correspondiente destacó el crecimiento de la producción regional y la expansión de la integración gasífera en distintas zonas de América Latina y el Caribe.
Entre las propuestas planteadas figuran armonizar procedimientos de autorización, promover el diálogo regulatorio y mejorar las condiciones para atraer inversiones.
La discusión también abordó la necesidad de incorporar tecnologías para detectar fugas y pérdidas durante la producción y el transporte de hidrocarburos, con el propósito de mejorar la eficiencia y avanzar en los compromisos de descarbonización.
En materia de seguridad energética, los participantes subrayaron la importancia de asegurar financiación para proyectos estratégicos, especialmente en el Caribe, y reforzar la cooperación entre gobiernos, organismos multilaterales e instituciones financieras.
Una mayor integración puede ampliar las alternativas para atender situaciones de escasez y aprovechar las complementariedades entre los sistemas nacionales. Su alcance, sin embargo, depende de la disponibilidad de infraestructura de interconexión, los acuerdos entre países y las condiciones regulatorias y comerciales.
Subsidios energéticos y protección social
Los acuerdos ministeriales también incluyeron una declaración conjunta sobre la modernización de los subsidios energéticos.
Los países que respaldaron el documento destacaron la necesidad de mejorar la identificación de los beneficiarios mediante herramientas de interoperabilidad de datos y el fortalecimiento de las capacidades institucionales.
La propuesta busca que la asistencia estatal llegue de manera más eficiente a los sectores vulnerables, sin comprometer la sostenibilidad de las cuentas públicas y respetando las decisiones soberanas de cada país.
La discusión adquiere importancia en un contexto de volatilidad de los precios internacionales de la energía. Según las cifras presentadas por el Consejo Empresarial de OLACDE, el precio del petróleo aumentó un 45% desde febrero de 2026 y la inflación energética regional pasó del 0,05% en febrero al 8,03% en junio.
Estos indicadores reflejan la exposición de las economías regionales a las tensiones geopolíticas y a los cambios en los mercados internacionales, que pueden trasladarse a los precios internos y a las cuentas fiscales.
La declaración no establece un modelo único de subsidios para la región. Plantea, más bien, mejorar los mecanismos de focalización para compatibilizar la protección social con la sostenibilidad fiscal.
Xavier Basantes
Juventud y economía circular en la transición energética
Entre las decisiones ministeriales también figuran la creación de un Consejo Regional de Juventudes en Energía y el impulso a iniciativas de economía circular aplicadas al sector.
El consejo será un espacio permanente para incorporar las propuestas y capacidades de las nuevas generaciones en las discusiones sobre sostenibilidad y transición energética.
Por su parte, el acuerdo sobre economía circular plantea evaluar la gestión del ciclo de vida de tecnologías limpias, incluidos el reciclaje de paneles solares y las baterías de vehículos eléctricos. También contempla el aprovechamiento de residuos industriales, el gas de quema y proyectos de captura de carbono.
El objetivo es ampliar los beneficios ambientales de la transición energética y abordar los impactos asociados con los materiales, los residuos y las emisiones durante el ciclo de vida de las tecnologías.
Los acuerdos adoptados en Santo Domingo establecen así una agenda de trabajo regional que combina seguridad del suministro, inversiones, innovación tecnológica y protección social. Su efecto dependerá de cómo se traduzcan en diagnósticos, normas, financiación y proyectos concretos en cada país.
