Una alerta regional sobre las graves amenazas al calamar gigante
El informe "Invisible e impune" denuncia vacíos regulatorios y una presión récord. Ecuador es parte de Calamasur, que exige trazabilidad y evidencia científica.
La gobernanza de los océanos enfrenta hoy uno de sus desafíos más críticos. El calamar gigante (Dosidicusgigas), un pilar económico que sustenta miles de medios de vida en Ecuador, Perú y Chile, está en el centro de una crisis ecológica y social de dimensiones globales.
Según el reciente informe “Invisible e Impune” (febrero de 2026), la pesquería de este recurso atraviesa un momento determinante. La combinación de vacíos regulatorios y una presión pesquera sin precedentes pone en riesgo la estabilidad del ecosistema marino del Pacífico suroriental.
Un informe anterior, "Invisible y sin regular, el precio oculto del calamar en España", revela graves abusos de derechos humanos, trabajo forzoso y condiciones inseguras en la pesca de calamar.
"Invisible e impune" señala que el dominio de la alta mar tiene un protagonista claro. En 2024, más de 500 buques poteros de bandera china operaron en la región.
Su nombre se origina de "pota" (como se conoce al calamar gigante). Usa anzuelos con múltiples puntas y potentes sistemas de iluminación LED que atraen a los moluscos hacia la superficie durante la noche, para capturarlos masivamente.
Según el informe, pesqueros chinos son responsables del 98,7% de las capturas de calamar en aguas internacionales, sin contar lo que puedan hacer en áreas protegidas.
Alfonso Miranda, presidente de Calamasur, afirma que “esta ocupación de todos los mares del mundo va más allá del tema pesquero, es parte de una visión geopolítica, estratégica. Tiene información diaria de todos los mares del mundo”.
Calamasur es el Comité para el Manejo Sustentable del Calamar Gigante del Pacífico Sur, un grupo integrado por líderes de la industria (representantes de los sectores artesanal, industrial y de procesamiento) de Chile, Ecuador, México y Perú.
Según Calamasur, esta flota ha experimentado un crecimiento explosivo del 100% en la última década, opera bajo un modelo industrial marcado por la opacidad.
La investigación de la Environmental Justice Foundation documenta que esta expansión afecta la biomasa del recurso y facilita abusos laborales graves, incluyendo trabajo forzoso y violencia.
“Esta investigación muestra cómo la falta de transparencia y rendición de cuentas a nivel regional está alimentando el daño ambiental y poniendo vidas en riesgo. La transparencia en las pesquerías industriales ya no puede ser opcional: es la base de un océano seguro y sostenible”, afirmó Steve Trent, director ejecutivo y fundador de dicha fundación.
Además, se reportan prácticas destructivas como el aleteo de tiburones y la captura incidental de fauna protegida. Ocultan la identidad de los buques y casi no hay supervisión.
La transparencia en las pesquerías industriales ya no puede ser opcional: es la base de un océano seguro y sostenible”: Steve Trent, director ejecutivo y fundador de Environmental Justice Foundation
Galápagos: epicentro de la vulnerabilidad
Para Ecuador, la amenaza es directa y geográfica. Las flotas extranjeras realizan incursiones constantes en áreas adyacentes a la Reserva Marina de Galápagos, un punto crítico por su valor ecológico global.
La sobrepesca del calamar gigante -especie clave que sirve de alimento para tiburones, ballenas y delfines- genera un efecto dominó que podría impactar a otras pesquerías vitales para la economía nacional, como el atún.
Las señales de alerta ya son visibles en la naturaleza: en 2024 se registró una caída del 52% en las capturas y una reducción sostenida en la abundancia del recurso.
El calamar, sensible a fenómenos como El Niño, enfrenta hoy un estrés biológico crítico tras años de capturas que superaron los 1,5 millones de toneladas anuales sin regulaciones efectivas.
El despertar de la gobernanza regional
Ante este escenario de "potencia de cristal", Ecuador ha decidido liderar la respuesta política.
En el marco de la Organización Regional de Ordenación Pesquera del Pacífico Sur (OROP-PS), el país impulsa, junto a Chile, Perú y México, una declaración de propuestas de conservación para frenar la sobreexplotación.
El liderazgo ecuatoriano se materializa en objetivos concretos para 2026. El Primero es de transparencia: buscar que el 30% de las embarcaciones mayores a 24 metros tengan observadores científicos a bordo.
Luego, imponer límites de captura: promover cuotas de pesca en alta mar basadas en evidencia científica, rompiendo el actual sistema de explotación sin control.
Alfonso Miranda recordó que “Lo que mandan la FAO y los principios de la pesca responsable es aplicar el principio precautorio”.
Este concepto respalda la adopción de medidas protectoras ante las sospechas fundadas de que ciertas actividades crean un riesgo grave para el medio ambiente, sin que se cuente todavía con una prueba científica definitiva.
Una medida urgente sería “fijar una cuota en base del promedio histórico de capturas entre 2019 y 2024”, afirmó Miranda.
Además, generar políticas que equilibren el beneficio económico con la seguridad alimentaria y el respeto a la zona de exclusión de los pescadores locales.
Siempre el fundamento será completar un estudio científico para saber la población exacta del calamar gigante y tomar las medidas necesarias.
El sistema internacional ha permitido, hasta ahora, una explotación prácticamente libre en alta mar, debido a la falta de trazabilidad y cuotas.
2026 se perfila como el año decisivo para decidir si el calamar gigante seguirá siendo un pilar del océano o si colapsará bajo el peso de una flota que ignora las fronteras biológicas de la región.
