'Alerta nacional por el proyecto que reformaría la Ley de Minería'
El especialista plantea que la propuesta es altamente riesgosa, porque debilita los instrumentos para la gestión ambiental y social de las actividades mineras.
Por Luis Suárez*
El proyecto de “Ley Orgánica para el Fortalecimiento de los Sectores Estratégicos de Minería y Energía”, enviado a la Asamblea Nacional por el presidente Daniel Noboa, ha generado cuestionamientos por la ciudadanía, en especial por los sectores vinculados a la gestión ambiental y al desarrollo sostenible de nuestro país, puesto que plantea eliminar la “licencia ambiental” y reemplazarla por una “autorización ambiental” como requisito para la ejecución de proyectos mineros.
Al parecer, la intención del Ejecutivo es simplificar y agilizar los trámites en la etapa de exploración con la intención de acelerar la ejecución de los proyectos mineros, mediante una reforma al artículo 26 de la Ley de Minería, vigente desde 2009. Según las autoridades del gobierno, “la exigencia de instrumentos ambientales de alta complejidad para la etapa de exploración constituye un obstáculo desproporcionado, que genera demoras injustificadas, duplicidad de trámites y altos costos regulatorios”.
Sin embargo, la propuesta enviada por el presidente Noboa es altamente riesgosa porque debilita los instrumentos para la gestión ambiental y social de las actividades mineras. La licencia ambiental no es un requisito burocrático, es una herramienta técnico-jurídica para poner en marcha los principios de prevención y precaución en la gestión ambiental y social de cualquier proyecto, sea extractivo o de construcción de obras de infraestructura.
Asimismo, la correcta aplicación del instrumento de licencia ambiental constituye una oportunidad para aplicar, desde una etapa temprana de un proyecto, la denominada “jerarquía de la mitigación” que busca evitar, reducir, mitigar y compensar -en ese orden de prelación- los impactos ambientales y sociales de cualquier iniciativa y, con más razón, de las actividades mineras.
"Pretender eliminar el proceso de licenciamiento ambiental constituye un grave error. Al contrario, los instrumentos de gestión deben ser fortalecidos, a fin de alcanzar sus objetivos ambientales, sociales y económicos"
Pretender eliminar el proceso de licenciamiento ambiental constituye un grave error. Al contrario, los instrumentos de gestión deben ser fortalecidos, a fin de alcanzar sus objetivos ambientales, sociales y económicos, mediante la aplicación rigurosa y transparente de los estudios de impacto ambiental y social; la implementación efectiva de los procesos de participación social y consentimiento libre, previo e informado; la generación de planes de manejo ambiental y social sólidos, y el monitoreo, la auditoría y la veeduría ambiental y social, entre otros.
Es imperativo luchar para que en Ecuador se fortalezcan los procesos de evaluación, seguimiento, control y rendición de cuentas en la gestión ambiental y social de las actividades extractivas y en las obras de infraestructura. El ordenamiento territorial -imprescindible en la planificación nacional- debería guiar dónde se puede y dónde no se puede hacer actividades extractivas y/o construir obras de infraestructura, tales como carreteras, represas y líneas de transmisión eléctrica.
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El licenciamiento ambiental oportuno y bien hecho permite identificar, evitar, reducir, mitigar y compensar los daños ambientales y sociales y, por lo mismo, prevenir los conflictos socioambientales y optimizar los costos de los proyectos. De igual manera, los procesos de auditoría, monitoreo y veeduría ciudadana permiten detectar, controlar y sancionar oportunamente los delitos y las malas prácticas. De todo esto y más se trata la gestión ambiental y social efectiva, en el marco del desarrollo sostenible.
La intención del gobierno de reducir los plazos para el diseño y la ejecución de proyectos mineros es explicable, puesto que busca obtener ingresos tempranos como patentes, regalías anticipadas e impuestos, en un contexto de restricción fiscal y limitada capacidad de endeudamiento del Estado. Sin embargo, dichos cambios no deben hacerse a costa de debilitar las normas y los instrumentos de gestión ambiental y social.
Al contrario, parte de la solución radica en promover una minería responsable mediante el fortalecimiento político, técnico y administrativo de las instituciones públicas dedicadas al control y seguimiento de las actividades mineras, tales como el Ministerio del Ambiente y Energía (MAE) y la Agencia de Regulación y Control Minero (ARCOM) para que actúen con mayor celeridad en la revisión de los estudios ambientales y sociales, pero sin descuidar los principios de prevención y precaución, y velando por la aplicación oportuna de la jerarquía de la mitigación.
Esperemos que, al analizar el proyecto de ley enviado por el presidente Noboa, con el carácter de económico urgente, los miembros de la Asamblea Nacional realicen consultas técnicas e independientes antes de decidir, y que recuerden aquel célebre refrán popular que dice: más vale prevenir que lamentar o la máxima de la gestión ambiental y social: evitar siempre es mejor que reparar.
*Biólogo de la Conservación, Magnus Doctor Honoris Causa y Especialista en Biodiversidad.
Artículo publicado originalmente en el periódico digital Opción(03/02/2026)
