Mitos y verdades sobre el futuro del ITT en el Yasuní
Por Isabel Alarcón
La lucha por mantener el crudo bajo tierra en el bloque 43, más conocido como ITT, no terminó con la consulta del 20 de agosto. Aunque ya finalizó oficialmente el conteo de votos, y ganó el ´Sí` con el 58,95%, empieza un nuevo capítulo para el Yasuní y el país.
Representantes de pueblos y nacionalidades indígenas, científicos, activistas y organizaciones no gubernamentales se preparan para monitorear que se cumpla la decisión de los 6 de cada 10 ecuatorianos. Con su voto decidieron mantener el crudo en el subsuelo del bloque 43, de forma indefinida.
Los plazos para el cese de la explotación y el retiro de la maquinaria, las labores de remediación y las opciones económicas para las provincias amazónicas y el Ecuador son algunos aspectos que aún generan incertidumbre. A esto se suma la cantidad de publicaciones en redes sociales con información falsa, que contribuyen a crear confusión.
Aquí respondemos algunas de las inquietudes sobre el presente y futuro del bloque ITT del Yasuní.
¿Se va a detener la explotación petrolera en todo el Parque Nacional Yasuní?
Cuando empezó la lucha del colectivo Yasunidos y movimientos indígenas, en el 2013, aún no se iniciaba la extracción petrolera en el bloque 43 o ITT del Parque Nacional Yasuní. Por eso, la pregunta se enfocó en esta zona. 10 años más tarde, la Corte Constitucional dio paso para la consulta popular sobre este tema. Aunque ya se ha extraído petróleo del bloque desde 2016, con la pregunta se logró detener la actividad. En el Parque Nacional Yasuní hay otros seis bloques: 14, 15, 16, 67, 12 y 31.
La actividad extractiva de recursos no renovables en áreas protegidas y en zonas declaradas como intangibles está prohibida en el país. De acuerdo al artículo 407 de la Constitución, la única forma de dar paso a la explotación de recursos en estos sitios es bajo pedido fundamentado de la Presidencia de la República y con la declaratoria de que esta actividad es de interés nacional por parte de la Asamblea Nacional.
¿Qué significa que se mantenga el crudo de forma indefinida bajo el subsuelo en el ITT?
Circulan cadenas de Whatsapp y publicaciones en X (Twitter) que citan incluso a la Real Academia de la Lengua (RAE), para buscar excusas y continuar con la explotación petrolera en el ITT. Algunos mencionan que se puede volver a activar el artículo 407 de la Constitución para explotar este bloque.
Hugo Echeverría, abogado ambiental, explica que la pregunta es clara al plantear que el crudo se mantenga de forma “indefinida” en este bloque. Es decir, esta medida no tiene fecha de caducidad, lo que equivale a que es “para siempre”. Por lo tanto, ya no procede la idea de apelar al artículo 407 de la Constitución, para pedir la explotación dentro un área protegida por ser de interés nacional, como se hizo en un inicio.
¿Puede el Ministerio de Energía y Minas negarse a cumplir con la decisión?
Fernando Santos Álvite, ministro de Energía y Minas, declaró que este Gobierno continuará con la explotación petrolera en el campo ITT. Justifica que, en Orellana, una de las provincias donde se encuentra el Parque Nacional Yasuní, ganó el “No”. Por eso, defiende que la consulta debió realizarse solo en esta zona.
Hugo Echeverría explica que se está confundiendo conceptos distintos como la consulta previa, que está en el artículo 57 de la Constitución, con la consulta popular, que está en el artículo 104.
En este caso, la Corte Constitucional se pronunció por un pedido de consulta popular, que fue presentado por el colectivo Yasunidos. Por eso se realizó a escala nacional. Además, este organismo establece que se debe suspender la extracción de petróleo de forma inmediata, desde la notificación de los resultados oficiales.
La Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales, en su artículo 162, establece que cualquier dictamen de la Corte es de inmediato cumplimiento. Lo mismo ocurre con el artículo 106 de la Constitución que resalta que “el pronunciamiento popular será de obligatorio e inmediato cumplimiento”.
¿El plazo es el mismo para dejar de operar que para desmontar la estructura?
La Corte establece que en un año laborable, desde la notificación de los resultados oficiales, se debe realizar un retiro progresivo y ordenado de toda actividad relacionada con la extracción de petróleo.
Echeverría explica que esto no implica retirar toda la estructura en este periodo, sino que se suspenda la extracción de petróleo en un término no mayor a un año (sin contar fines de semana y feriados).
El tiempo que le tomará a EP Petroecuador el desmantelamiento de la infraestructura debería constar en su plan de cierre y abandono, que debió presentar para obtener su licencia ambiental, antes de empezar a operar.
La Corte también especifica que en el término no mayor a un año se deberán adoptar medidas inmediatas para la reparación de la naturaleza y la protección de los territorios de los Pueblos Indígenas en Aislamiento Voluntario (PIAV). Además, ya no podrán iniciar nuevas relaciones contractuales para continuar con la explotación de petróleo en el bloque 43 o crear más pozos.
La Corte estableció el término no mayor a un año, con base en la información que le proporcionó Petroecuador sobre los contratos. En su dictamen se explica que la mayoría está por terminar entre el 2023 y el 2024.
¿Cómo se vigilará que se cumplan las medidas?
Para Esperanza Martínez, de Acción Ecológica y una de las principales impulsoras de la protección del Yasuní, lo más importante es conocer el estado actual de la zona. Esto permitirá establecer un retiro ordenado y progresivo, el cierre de pozos y la rehabilitación del área.
Por ahora, se conoce que hay 250 pozos y una carretera, pero no se sabe con certeza los impactos. Por eso, cree que debe establecerse un proceso de auditoría independiente, que incluya a las universidades y gobiernos locales.
Las organizaciones ambientalistas plantean un observatorio para evaluar las políticas públicas que deben acompañar el proceso. Otro punto importante -dice Martínez- es planificar los posibles usos de la infraestructura petrolera -que será descartada o reubicada-, que pueda beneficiar a comunidades locales o a otras zonas que lo necesiten.
Nemo Guiquita, de la nacionalidad Waorani y dirigente de Mujer de la Confederación de Nacionalidades Indígenas de la Amazonía Ecuatoriana,(Confeniae), cuenta que los líderes indígenas iniciarán un plan de trabajo enfocado en la bioeconomía. También estarán vigilantes de que exista un manejo forestal sostenible para promover la restauración en las zonas afectadas.
Como lo establece la Corte, ambas coinciden en que es necesario que se implementen mecanismos para respetar los derechos económicos, sociales y culturales de los pueblos que viven en el Yasuní. Hay que recordar que en esta zona habitan tres pueblos en aislamiento voluntario: Tagaeri, Taromenane y Dugakaeri.
¿La zona del ITT no se puede recuperar?
“Va a tomar algunas décadas, pero es posible”, cuenta Gonzalo Rivas-Torres, director de la Estación Científica Tiputini, de la Universidad San Francisco de Quito (USFQ). sobre la restauración de esta zona. El tiempo dependerá del nivel de afectación, que aún no se conoce con certeza.
Es importante que no queden piscinas con lixiviados y excedentes de petróleo, dice el especialista. Además, hay una carretera por remediar. Este es uno de los mayores impactos. Rivas-Torres explica que la Amazonía es un ecosistema frágil. Cuando se abren caminos, se extirpa toda la cobertura vegetal, dejando el suelo desnudo, por lo que las condiciones cambian por completo.
Por ejemplo, cuando el bosque está cerrado, ingresa entre el 1% y 3% de luz. Si, de repente, el suelo está expuesto al 100% de luz, la cantidad de lluvia y sol van a cambiar, lo cual crea un efecto en cadena.
Los árboles ya no florecen, las aves se alejan y los servicios que aprovechan los humanos del bosque ya no son los mismos. Por eso, se conoce que los impactos directos no son solo en el lugar, sino que pueden ser por cientos de metros adentro del bosque.
A esto hay que sumar las zonas afectadas por los pozos. Rivas-Torres dice que la afectación debe sobrepasar las 80 ha que se ha mencionado por la empresa.
La remediación no consiste solo en dejar la carretera abandonada. Hay que implementar acciones para ayudar a recuperar la vegetación. Se necesita hacer reforestación, seguimiento de árboles plantados, monitorear la fauna y un control para que no haya ingreso de cazadores o colonos.
¿Qué alternativas económicas hay?
Las consecuencias económicas por detener la explotación en el bloque 43 no son claras. Desde el Ministerio y la empresa estatal Petroecuador han declarado que serán USD 1 200 millones.
Fausto Ortíz, analista económico y exministro de Finanzas, explica que esa es la cuantificación de ese campo, si se exportara todo. Lo cual no sucede. Este especialista estima que la cifra que se dejará de recibir está entre USD 500 millones y 700 millones.
Para Ortiz, se debe avanzar hacia la focalización del subsidio al combustible, como el diésel. También menciona otros sectores que han podido compensar esas divisas como el camarón, que subió de USD 5 mil millones a USD 7 mil millones el año pasado. “No es tan grave como para decir que vamos a poner en riesgo el sistema dolarizado, a esos extremos no llegamos, pero de que nos pega, nos pega”.
Además, cree que “estamos muy en pañales en temas de bioeconomía”, para que esta pueda compensar en parte significativa los recursos que perderemos.
Por otro lado, Alberto Acosta, sostiene que el valor anual que se dejaría de recibir por ingresos fiscales, en los próximos 33 años, sería de menos de USD 250 millones. Según este economista y Exministro de Energía y Minas, la pérdida bordea el 1% del Presupuesto General del Estado. Además menciona tres alternativas. La primera es cobrar las deudas en firme con el Servicio de Rentas Internas (SRI) de los 500 mayores deudores. Esto representaría USD 1 984 millones.
También sugiere revisar y anular las exoneraciones, incentivos y beneficios tributarios que se otorgan cada año. En el 2021 fueron USD 6 338,6 millones. El tercer punto es combatir la evasión tributaria en Ecuador, que llega a los USD 7 mil millones al año, según la Cepal.
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