Descontento en el Yasuní y el Chocó Andino a un año de la Consulta
Así es la situación en dos de los lugares más megadiversos de Ecuador, después del No a la extracción minera y petrolera.
Dos zonas que albergan importantes reservas de biodiversidad en Ecuador están esperando que el Estado cumpla la voluntad de los votantes, que se pronunciaron contra las actividades extractivas en esos territorios.
El 20 de agosto de 2024 se cumple un año desde la Consulta Popular en que la mayoría de votantes dijo No a las actividades mineras en el Chocó Andino, y pidió terminar la actividad petrolera en el Bloque 43, en el Yasuní.
Pero las organizaciones ecologistas consideran que el Gobierno no ha cumplido con el mandato popular y exigen respuestas a las autoridades.
En el caso del Chocó Andino, Ivonne Ramos, de la organización Acción Ecológica, señaló que el pronunciamiento de los votantes se ha cumplido de manera parcial, pero que es necesario que el Ministerio de Energía y Minas actualice y publique la situación de las concesiones mineras en la zona.
La Mancomunidad del Chocó Andino está integrada por las parroquias rurales de Calacalí, Gualea, Nanegal, Nanegalito, Nono y Pacto, que pertenecen a Quito.
Ramos también exigió a la Corte Constitucional que garantice el cierre de los proyectos mineros y la reparación ambiental de los territorios en donde han intervenido los mineros.
Movimientos clandestinos
Delia López, miembro del Frente Antiminero de la parroquia de Pacto y productora de panela, menciona que en esta zona se desarrollan actividades de minería ilegal.
“En el territorio estamos 35 personas criminalizadas. Nos han perseguido por ser dirigentes. Si caminamos por las vías, los carros (de las empresas mineras) vienen a ras de nosotros, nos intimidan y nos hacen sentir mal”, menciona López.
Xavier Basantes
La dirigente del Frente Antiminero sostiene que se sienten perseguidos y por eso deben permanecer alejados en las fincas. “Si estamos en el pueblo, corremos el riesgo de que nos atropellen”.
Otro habitante de la zona que pidió la reserva de su nombre dice que por las noches ingresan vehículos que se llevan material mineral.
Una reunión sin resultados
El 16 de agosto de 2024 se reunió por segunda vez en Nanegalito la Mesa de Trabajo de las entidades que buscan frenar las actividades mineras en el Chocó Andino.
Uno de los objetivos de la reunión fue hablar de la seguridad en la zona, ante las denuncias de hostigamiento, intimidación y violencia hechas por algunos de los habitantes de la mancomunidad.
Sin embargo, no hubo compromisos de parte de las instituciones del Estado para hacer cumplir la Consulta. Así lo menciona Javier Guamán, de la organización Quito sin Minería, quien participó de esa reunión.
Esteban Barriga, de la misma organización, argumenta que es una prioridad que se pronuncie el Ministerio de Energía y Minas sobre las concesiones mineras en el Chocó Andino.
Lo ve como el primer paso para delinear el futuro de esta zona desde "una perspectiva postextractivista".
Cinco años para salir del Yasuní
La encrucijada para el Ministerio de Minería y Minas va más allá de las parroquias rurales de Quito y se extiende hasta la Amazonía.
Los grupos ecologistas también esperan respuestas del Ministerio sobre el futuro de la explotación petrolera en el Bloque 43, ubicado en el parque natural Yasuní, en las provincias amazónicas de Orellana y Pastaza.
Consideran que el Gobierno tampoco ha respetado el voto popular en el caso del Yasuní.
La Nacionalidad Waorani del Ecuador (NAWE) sostiene que el Ejecutivo no ha incluido a esta organización en el denominado Comité de Ejecución de la Voluntad Popular, que fue creado para desarrollar un plan de acción que ponga fin a las actividades petroleras en el Bloque 43.
"Esto puede derivar en una nueva vulneración de derechos, pues el único camino hacia un proceso de reparación integral en su territorio es incluir al pueblo waorani que son quienes conocen y habitan la zona afectada", menciona NAWE.
De acuerdo con la Agencia Reuters, el escenario más viable para el cierre del Bloque 43 es un cierre que se lleve a cabo en cinco años y cinco meses. Eso consta en un documento que entregó el Ejecutivo a la Corte Constitucional.
"Vamos a empezar a cerrar algunos pozos. No ha habido inversión en ITT desde el referéndum. Ya identificamos el plan, es un documento bastante extenso en cuestiones técnicas, pero el plan es empezar", dijo el ministro de Energía, Antonio Goncalves, a un medio de comunicación local.
Con 10.200 kilómetros cuadrados, el parque Nacional Yasuní es considerado una de las zonas más biodiversas del planeta y el área protegida más grande de Ecuador continental.
Es el hogar de por lo menos 16 pueblos indígenas, entre pueblos en aislamiento voluntario y comunidades waoranis y kichwas.
