Los Siekopai tendrán 42.000 hectáreas en el Cuyabeno; los Kichwas, en resistencia
El MAATE fue sentenciado a presentar el borrador del título de propiedad el 20 de marzo de 2025; se busca evitar enfrentamientos
La comunidad Kichwa de Zancudo Cocha se declaró en resistencia y la fuerza pública no ha podido ejecutar una decisión de última instancia que adjudica 42.000 hectáreas (de 170.000) a la nacionalidad Siekopai (antes Secoya).
El presidente de Zancudo Cocha, Enrique Moya Tangoy, envió una carta a los titulares de los poderes del Estado para denunciar lo que calificó de “emboscada judicial” contra la comunidad Kichwa asentada en esos territorios.
Moya evoca el derecho a la petición y la autodeterminación y afirma que con esta acción se les quiere arrebatar una parte esencial de su territorio ancestral, “que mantenemos y protegemos desde hace más de cien años”.
Ese territorio es parte de la Reserva de Producción de Fauna Cuyabeno, creada en 1979 en lo que era entonces la provincia de Napo. Sucumbíos fue fundada en 1989 y aloja a las nacionalidades Kichwa, Cofán, Siona, Shuar, Awá y Siekopai.
En el cantón Shushufindi están las comunidades Siekopai de San Pablo de Kaatëtsiaya, Remolino, Sewaya, Bellavista y Waiya, y en el cantón Cuyabeno se asienta la comunidad de Eno. Su lengua es el Paaikoka (idioma de la gente).
Los Siekopai en Ecuador son menos de 800 y en Perú, 1.200. "El sueño de la nación Siekopai es un futuro sin fronteras", se lee en el sitio de Amazon Frontlines, una de las ONG que apoya la reivindicación. La otra es Alianza Ceibo.
De un convenio a una multa
Entre los antecedentes de la disputa está la firma, en 2008, del “Convenio de Cooperación entre el Ministerio del Ambiente y el Centro Kichwa Zancudo Cocha” para la gestión y el manejo del territorio.
En marzo de 2023, la Unidad Judicial Multicompetente de Sushufindi rechazó la acción de protección pedida por los Siekopai contra el Ministerio de Ambiente, Agua y Transición Ecológica (MAATE) por no garantizar su territorio ancestral.
En noviembre de 2023, la Sala Multicompetente de la Corte Provincial de Sucumbíos aceptó el recurso de apelación y dio 45 días al MAATE para que emita la resolución de adjudicación y deje sin efecto el convenio con Zancudo Cocha.
En abril de 2024, la Presidencia de la República, el MAATE y la Comunidad de Zancudo Cocha presentaron por separado acciones extraordinarias de protección ante la Corte Constitucional, que las inadmitió en julio de ese año.
La Corte dejó constancia de que la decisión no era susceptible de recurso alguno y debía cumplirse. "En consecuencia, se dispone notificar este auto, archivar la causa y devolver el proceso al juzgado de origen".
En febrero de 2025, el juez multicompetente de Shushufindi ordenó nuevas medidas al MAATE frente al incumplimiento de la sentencia para entregar el título de propiedad a los Siekopai.
La ministra María Cristina Recalde no fue a la audiencia en San Pablo de Katëtsiaya, aduciendo razones de seguridad. El juez le impuso una multa diaria y progresiva hasta que cumpla la sentencia y el expediente fue enviado a la Fiscalía.
Hasta el 20 de marzo de 2025, Recalde deberá remitir el borrador del texto del título de propiedad y presentar el acto administrativo que modifica o deja sin efecto el convenio firmado en 2008 con la comunidad de Zancudo Cocha.
Y hasta el 11 de abril de 2025 deberá presentar al juez el título de propiedad, inscrito en el Registro de la Propiedad. Luego se definirá la fecha en la cual entregará formalmente el título y ofrecerá disculpas públicas a los Siekopai.
El argumento Sekopai
Cuando plantearon la acción de protección en 2023, los peticionarios argumentaron que el Código Orgánico del Ambiente, que entró en vigencia en 2018, no validó el Convenio con Zancudo Cocha.
Pero sobre todo, que se habían vulnerado los derechos del pueblo Siekopai, cuyos miembros fueron desplazados de sus territorios ancestrales por el conflicto bélico de 1941 entre Perú y Ecuador.
"Es un caso con sentencia en firme y todas las fases de apelación pasaron. Abre posibilidades para que otros pueblos afectados por Áreas Protegidas puedan alcanzar la titulación de sus territorios ancestrales”: Juan Pablo Sáenz
Juan Pablo Sáenz compartió con Youtopía el criterio de Amazon Frontlines: “la visión sobre la acción de protección, y su sentencia, es que se trata de un caso con una sentencia en firme y todas las fases de apelación ya pasaron”.
El abogado señala que en este momento la sentencia a favor de la nacionalidad Siekopai es de obligatorio cumplimiento. La calificó de histórica en la defensa de los territorios ancestrales.
“Abre posibilidades para que otros pueblos afectados por Áreas Protegidas puedan alcanzar la titulación de sus territorios ancestrales y construir normas de convivencia pacífica en el marco de sus derechos colectivos”, señaló Sáenz.
En noviembre de 2023, Amazon Frontlines publicó que "el reconocimiento de los Siekopai como propietarios de Pë’këya (Lagartococha) es indispensable para restaurar la justicia, garantizar su supervivencia colectiva y la continuidad de su cultura".
El argumento Kichwa
“Aunque se abundó en disposiciones sobre propiedad ancestral, no se probó una vinculación concreta de los Siekopai con el territorio solicitado”, es la línea argumental del dirigente de Zancudo Cocha y del actual defensor, Byron Real.
“Al dejar sin efecto el Convenio, no se anula nuestro derecho; éste solo recogió la presencia ancestral de nuestra comunidad en la zona del río Lagarto Cocha, mas no fue generador de ese vínculo, como se sostuvo en el juicio”, dice Enrique Moya.
Y esgrime otras razones: “si el Ministerio del Ambiente en 2008 suscribió un convenio con nuestra comunidad y no con la nacionalidad Siekopai, es porque simplemente esta no habitaba en ese lugar y tampoco lo aspiraba”.
“Hasta 2017 no hizo un pedido serio; tampoco reclamó cuando en 1997 se nos concedió la personería jurídica, que nos vincula con ese territorio, como elemento fundamental de nuestro desarrollo histórico, cultural, espiritual y de subsistencia".
Byron Real señala que, entre 2008 y 2018, la nacionalidad Siekopai aceptó un Convenio público y notorio. Estaban conscientes de que no habían habitado esas tierras al menos durante los últimos 50 años, como lo pide el Reglamento de la Ley de Tierras Ancestrales.
En 2008, la legislación impedía cualquier tipo de derecho real en áreas protegidas, por lo que el entonces el MAATE apeló a la figura del “convenio de uso y manejo” para reconocer las posesiones indígenas, señala el abogado.
En el documento dirigido a los poderes del Estado, se lee que, de acuerdo con estudios antropológicos, el territorio ancestral de los Secoya/Siekopai a fines del siglo XIX e inicios del XX se encontraba en el Río Santa María, en Perú.
Incluso dice, “el término ‘Secoya’ se ha tomado del río llamado Sekoya, un tributario del río Santa María, un afluente del Napo (...) La tradición oral sostiene que la tierra de origen de los Secoyas es la quebrada del mismo nombre”.
Argumenta que el shamán Siekopai Fernando Piaguaje narra en “El bebedor de Yajé” que la historia y el nombre de su pueblo se vinculan al río Wajoya en Perú. Además que el pueblo pasó a Cuyabeno a mediados del siglo XX y luego se asentó en lo que hoy es San Pablo de Kantesiaya.
¿Cuáles son las salidas?
La defensa de los Seikopai considera el caso como cosa juzgada, mientras los kichwas de Zancudo Cocha no quieren entregar las 42.000 hectáreas y notificaron al MAATE, en diciembre de 2024, que se acogían al derecho a la resistencia.
"Es peligroso aplicar una premisa jurídica sin respetar los hechos históricos y su lógica socioeconómica. Podría venir una ola de reclamaciones que no pueden satisfacerse y se desataría un caos": Byron Real
Real advierte el peligro de aplicar una premisa jurídica sin respetar los hechos históricos y su lógica socioeconómica. Podría -dice- venir una ola de reclamaciones que no pueden satisfacerse y se desataría un caos legal y socioeconómico.
Y recuerda que en 2011, Ambiente multó a San Pablo de Kaatëtsiaya con USD 375.000 por talar 173 hectáreas de su bosque nativo y sembrar palma africana. Hoy la comunidad está rodeada por una gran palmicultora.
“¿Acaso los jueces de la Corte de Sucumbíos u otros de la región, pretenderán en el futuro sentenciar contra las empresas petroleras, palmicultoras, turísticas e incluso las comunidades colonas, para que devuelvan los territorios ancestrales?", pregunta Moya en el comunicado.
Por último pide que, con la coordinación de la Secretaría de Gestión y Desarrollo de Pueblos y Nacionalidades, se abra un espacio de diálogo y que se arbitren medidas para impedir enfrentamientos entre las dos comunidades.
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