Incierto futuro del Yasuní tras el fin de operaciones petroleras
Se acerca el plazo para el cierre del Bloque 43-ITT, y hay dudas sobre la seguridad y los aspectos sociales, ambientales y económicos.
A casi un año de la Consulta, en la que la mayor parte de los electores se pronunció a favor de dejar el petróleo del Yasuní bajo tierra, hay incertidumbre por el futuro de la seguridad de la zona.
El 20 de agosto de 2023, se realizó en Ecuador una Consulta Popular para decidir si debían cesar las actividades en el llamado Bloque 43 Yasuní-ITT.
El 59% de los votantes se pronunció a favor de la terminación de las operaciones de la petrolera estatal Petroecuador en el Yasuní.
A partir de esa fecha, conforme lo estableció la Corte Constitucional, se fijó el plazo de un año para que Petroecuador retire de manera progresiva y ordenada la infraestructura petrolera.
Los votantes ecuatorianos se pronunciaron a favor del cierre de las operaciones petroleras en el Yasuní, pero el plan para proteger la zona no está claro.
Para avanzar con ese propósito, el Gobierno creó el Comité de Ejecución de la Voluntad Popular Yasuní ITT, mediante Decreto Ejecutivo 257, del 8 de mayo del 2024.
Ese Comité, entre otras atribuciones, debe establecer y promover mecanismos de cooperación interinstitucional para elaborar un Plan de Acción.
Hasta el momento, el alcance del Plan se desconoce y hay preocupación por lo que pueda pasar en el Parque Nacional Yasuní una vez que Petroecuador salga, especialmente, por el riesgo de expansión del crimen organizado.
Sin plan de seguridad
Andrés Martínez, director del Instituto de Investigaciones Jurídicas del Colegio de Jurisprudencia de la Universidad San Francisco de Quito (USFQ), advierte que se viene un escenario complejo.
“El problema es que en este proceso de cierre, que no está siendo tan ordenado, no solo se va a abrir espacio para deforestación sino para otros delitos, como el tráfico de vida silvestre”, dice.
El especialista también se refiere a que la explotación petrolera ha significado tener presencia estatal en el Yasuní.
“En el día a día, cuando existe la explotación (petrolera) hay una presencia estatal y esa presencia ha hecho que, bien o mal, por un lado se respeten los límites del Parque”, agrega.
En medio del crecimiento de las actividades del crimen organizado en las áreas protegidas, la presencia de las Fuerzas Armadas en el Parque deberá reforzarse, añade Hugo Echeverría, abogado especialista en Derecho Ambiental.
En medio del crecimiento de las actividades del crimen organizado en las áreas protegidas, es imperativo pensar en una estrategia de seguridad para el Yasuní.
“Este es un tema en el que tiene que ir el Ejército. Ya se debería estar planificando ese escenario porque va a quedar abandonada esa parte del Yasuní”, menciona Echeverría.
Ante la denuncia de los Guardaparques sobre la presencia de bandas criminales en las áreas naturales protegidas de Ecuador, el Ministerio de Ambiente anunció mayor presencia militar.
Sin embargo, aún no hay un plan específico para el Parque Nacional Yasuní.
Principales delitos
Deforestación, tráfico de fauna silvestre, minería ilegal, pesca ilegal, son algunos de los delitos que podrían agravarse si no se refuerza el control militar, en eso coinciden los especialistas.
Los delitos contra el medio ambiente y contra la fauna y la flora silvestres se han convertido en una de las actividades más rentables del mundo y van en aumento.
Las mafias se dedican a traficar fauna y flora, a la minería ilegal y a la tala de bosques porque son actividades cada vez más rentables.
Galo Zapata-Ríos, director científico de la ONG WCS Ecuador, señala que las empresas petroleras ubicadas en la zona contribuyen a controlar estas amenazas.
“Si ellos salen de ahí (Bloque 43), no va a haber ese control; va a aumentar la tala y también va a aumentar la cacería de fauna silvestre y sería una actividad más comercial”, dice Zapata-Ríos.
Youtopia+Rett
Andrés Martínez sostiene que uno de los primeros delitos en “activarse” sería la tala ilegal favorecida por la navegabilidad de los ríos en la zona del Yasuní.
“No nos olvidemos de que son ríos navegables y son fronteras permeables. Y es muy fácil, por ejemplo, llegar a Iquitos (Perú), en donde se encuentra un punto importante de tráfico de vida silvestre de América Latina”, dice Martínez.
Diez años de cárcel
El tráfico de vida silvestre es un delito complejo, por lo que ya se incluye en el ámbito de la delincuencia organizada transnacional.
De allí la necesidad de reformar el Código Orgánico Integral Penal (COIP) en materia de delitos ambientales. Específicamente el artículo 247.
El artículo habla de penas privativas de la libertad de uno a tres años para quien "cace, pesque, capture, recolecte, extraiga, tenga, transporte, trafique, se beneficie, permute o comercialice, especímenes o sus partes, sus elementos constitutivos, productos y derivados, de flora o fauna silvestre terrestre, marina o acuática, de especies amenazadas, en peligro de extinción y migratorias, listadas a nivel nacional por la Autoridad Ambiental Nacional, así como instrumentos o tratados internacionales ratificados por el Estado”.
Por el crecimiento del delito a escala transnacional, Hugo Echeverría sostiene que es prioritario revisar esas penas y elevarlas a 10 años, para desincentivar las prácticas contra la naturaleza. Tomo como referencia la legislación de otros países, como los de la Comunidad Andina.
En el proyecto de reformas al COIP que se debate en la Asamblea se propone elevar de tres a cinco años la pena máxima, en delitos de flora y fauna. Sin embargo, el debate quedó suspendido en febrero pasado, por falta de acuerdos legislativos. Por lo que aún no hay una nueva fecha para retomar ese análisis.
Territorio waorani
Este territorio, delimitado al norte por el río Napo y al sur por el río Curaray, también es el hogar de comunidades kichwa, waorani y Pueblos Indígenas en Aislamiento Voluntario (PIAS), como los Tagaeri, Taromenane y Dukagaeri. Para proteger a estos últimos, en 1999 se creó la Zona Intangible.
En ese sentido, el especialista ambiental Luis Barzallo señala que Petroecuador debería reparar integralmente la zona.
"Esto quiere decir que después de retirar la infraestructura, debería revegetar la zona intervenida y regenerarla para que quede en condiciones similares a las que tenía antes de la intervención" petrolera, dice.
Esto con el fin de que los "derechos de vías" no sirvan para el ingreso de personas ajenas al Parque Nacional Yasuní o a sus comunidades aledañas.
"Pero que se llegue cumplir está complicado, por la falta de control de los gobiernos ante la explotación de recursos económicos que el petróleo provee. Lo más aconsejable es que el mismo operador ha de respaldarse de las comunidades diciendo que las vías representan un desarrollo para ellos y por lo cual no vería necesario cerrarlas".
Para Barzallo, la desatención estatal en la Amazonía ecuatoriana es recurrente y, con el pasar de los años y con la salida de Petroecuador, puede confluir en una zona de mayor pobreza", un terreno fértil para ilícitos ambientales.
En el interior del Parque, en la comunidad waorani de Timpoca, su dirigente Roque Alvarado conversó con Youtopía en diciembre del 2023.
En esa época, Alvarado recalcaba que no había claridad sobre el futuro del área, de allí que los representantes indígenas consideraban la posibilidad de promover que el Yasuní deje de ser un parque para convertirse en Territorio Ancestral Waorani.
