La reforma minera avanza entre apoyos y alertas en la Asamblea
La Comisión de Desarrollo Económico alista el informe para Primer Debate. Regalías mineras, licencia ambiental e inversión son los temas más sensibles.
El proyecto de reformas a la Ley de Minería y al sector energético avanza en la Asamblea Nacional bajo el reloj de los plazos acelerados.
En poco más de una semana, la Comisión de Desarrollo Económico ha recibido a autoridades, gremios productivos, académicos y expertos, en un debate que cruza tres ejes centrales: atracción de inversión, control estatal y sostenibilidad ambiental.
La iniciativa, enviada por el Ejecutivo con carácter urgente en materia económica, busca actualizar el marco normativo de dos sectores estratégicos, en un contexto marcado por la expansión de las exportaciones mineras, la crisis eléctrica reciente y la presión fiscal sobre los gobiernos locales.
El proyecto de Ley Orgánica para el Fortalecimiento de los Sectores Estratégicos de Minería y Energía fue remitido al Legislativo el 28 de enero de 2026.
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Un trámite acelerado y múltiples voces
El tratamiento del proyecto arrancó el 3 de febrero de 2026, cuando la Comisión avocó conocimiento de la propuesta remitida por el presidente Daniel Noboa. Desde entonces, el Legislativo ha desarrollado sesiones de análisis técnico y político.
Delegados de la Presidencia de la República y del Ministerio de Economía y Finanzas defendieron la reforma como una respuesta a problemas estructurales: trámites fragmentados, superposición normativa y vacíos que —según indicaron— han sido aprovechados por la minería ilegal.
En el plano económico, expusieron cifras que reflejan el peso creciente del sector: las exportaciones mineras ya representan cerca del 11% del total nacional y la recaudación por regalías podría superar los USD 1.400 millones anuales en la próxima década.
El sector minero pide reglas claras
Desde el sector privado, la Cámara de Minería del Ecuador respaldó la iniciativa, con énfasis en la necesidad de mayor seguridad jurídica, especialmente en la fase de exploración.
"La propuesta normativa busca fortalecer la institucionalidad, ordenar los procedimientos del sector y generar mayor claridad normativa y seguridad jurídica para atraer inversión responsable", señaló la titular de la Cámara, María Eulalia Silva.
Los representantes del gremio señalaron que, tras más de seis años de operación, la minería industrial aporta alrededor del 4% del PIB y genera encadenamientos productivos en infraestructura, energía y logística.
Abogadas y especialistas en derecho ambiental coincidieron en que el marco vigente requiere ajustes para reducir incertidumbre y duplicidad de trámites.
Aunque subrayaron que cualquier reforma debe mantener controles estatales efectivos y estándares ambientales acordes con una actividad de alto impacto.
La abogada especializada en derecho ambiental, María Amparo Albán, enfatizó que la reforma mantiene los estándares ambientales.
"La normativa no reduce los controles estatales ni elimina las licencias ambientales, sino que otorga mayor claridad a las fases de exploración y unifica criterios legales para fortalecer la seguridad jurídica del inversionista", dijo Albán.
Licencia ambiental: un tema sensible
Uno de los temas que ha generado mayor atención es el tratamiento de la licencia ambiental.
Desde el Ejecutivo se ha insistido en que la propuesta no elimina este requisito, sino que busca armonizarlo con el 'régimen general de autorizaciones ambientales' y otorgar mayor claridad normativa, sobre todo en las etapas tempranas de los proyectos.
No obstante, expertos y analistas han advertido que cualquier modificación en este ámbito debe evaluarse con cautela, dado el rol de la licencia como instrumento de prevención, control y participación ciudadana.
El tema ha emergido como uno de los puntos sensibles del debate, aunque sin monopolizar la discusión legislativa.
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Energía y minería: un enfoque integrado
El proyecto también ha sido analizado desde su impacto energético.
Autoridades del sector explicaron que la reforma plantea corregir vacíos legales, ampliar las causales para delegar proyectos al sector privado y habilitar esquemas de autogeneración, autoabastecimiento y distritos energéticos.
El viceministro de Electricidad y Energía Renovable, Heriberto Medina, explicó en la Comisión los mecanismos que buscan garantizar continuidad operativa y autonomía energética.
"Se incorporan los distritos autónomos energéticos, que permitirán a uno o varios usuarios generar y operar su propia infraestructura bajo título habilitante y regulación estatal, sin afectar la rectoría pública", señaló Medina.
Expertos académicos y gremios productivos, como el sector acuícola, coincidieron en que estas figuras permitirían aliviar la presión sobre el sistema eléctrico nacional, reducir el riesgo de racionamientos y garantizar continuidad operativa en zonas productivas estratégicas, especialmente en áreas rurales.
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Regalías y desarrollo territorial
Otro eje transversal del debate es el destino de las regalías mineras.
La propuesta establece que estos recursos se asignen principalmente a los gobiernos autónomos descentralizados y se destinen exclusivamente a inversión, con mecanismos de planificación y control.
La ministra de Ambiente y Energía, Inés Manzano, señaló que la reforma busca que los beneficios lleguen a las comunidades.
"Por primera vez se garantiza que las regalías mineras lleguen efectivamente a los Gobiernos Autónomos Descentralizados y se destinen exclusivamente a inversión, generando impactos directos en el bienestar de la ciudadanía", indicó Manzano.
Este punto se conecta con la reforma al Cootad (Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización), también en trámite urgente, que busca corregir distorsiones en el gasto de los gobiernos locales (GAD) y mejorar la ejecución de obras y servicios básicos en los territorios donde se desarrolla la actividad minera.
Lo que viene en el proceso legislativo
Concluida la ronda de comparecencias, la Comisión de Desarrollo Económico se encamina a sistematizar los aportes recibidos y elaborar el informe para primer debate.
El reto para los legisladores será equilibrar intereses económicos, exigencias ambientales y demandas territoriales, en un proyecto que pretende redefinir el rol de la minería y la energía como pilares del desarrollo nacional.
El debate continuará en el Pleno de la Asamblea, donde se pondrán a prueba los consensos alcanzados —y las diferencias pendientes— en torno a uno de los sectores más sensibles y estratégicos del país.
