Organizaciones sociales cuestionan ley urgente enviada por el Gobierno
Asociaciones advierten que el proyecto promueve una regresión de derechos. En 2024, el MIES ya denunció a 26 fundaciones.
Organizaciones no gubernamentales, fundaciones, organizaciones de la sociedad civil, colectivos sociales, se muestran inquietas por la intención del Ejecutivo de poner en marcha una nueva ley.
Se trata del proyecto de Ley Orgánica para el Control de Flujos Irregulares de Capitales, que fue enviado a la Asamblea Nacional como económico urgente, el 29 de julio de 2025.
El Gobierno justifica el envío de esa iniciativa pomo parte de su estrategia para establecer el marco jurídico para la prevención, detección y control de flujos irregulares de capitales.
Esta iniciativa también busca la promoción de la integridad, la transparencia financiera y la rendición de cuentas de estas organizaciones, sean nacionales o extranjeras, que se encuentren en el territorio ecuatoriano.
En el Legislativo aún se espera que se defina la Comisión que se haga cargo del análisis del proyecto. La Asamblea Nacional tiene 30 días para tratarlo.
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¿Un riesgo para la libertad de asociación?
Tras la difusión del proyecto, en diversas instancias se ha analizado su alcance. En uno de esos espacios, como es Diálogos Vitales, hay escepticismo frente al propósito de la ley.
Allí se sostiene que esta normativa plantea una serie de disposiciones que afectan directamente a las fundaciones, organizaciones sin fines de lucro y colectivos ciudadanos que trabajan por los derechos, el desarrollo y la democracia.
“La intención de la norma es prevenir el lavado de activos y eso está muy bien pero muchas disposiciones van contra la libertad de asociación y restringen el trabajo que las organizaciones de sociedad civil están realizando”.
El Sistema Unificado de Información de las Organizaciones Sociales (SUIOS) registró 71.786 organizaciones sociales en Ecuador, hasta enero de 2024.
Consecuentemente, esto puede generar el cierre de muchas de ellas, cuya repercusión va directamente a poblaciones menos favorecidas y a la falta de acción en áreas claves como la administración de justicia, los observatorios, la rendición de cuentas de autoridades, entre otras.
“Estas organizaciones en su mayoría son aliadas del Estado para defender derechos y apoyar a poblaciones que el mismo Estado no alcanza a cubrir”.
En la disposición general del proyecto se señala que: “Ninguna medida de control, supervisión o intervención que ejerzan las entidades públicas podrá ser utilizada como mecanismo de persecución política, restricción arbitraria a la libertad de asociación o interferencia ilegítima en las actividades lícitas de las organizaciones sociales”.
Organizaciones ambientales protestan
Otro de los sectores opuestos a esta iniciativa del Gobierno es la denominada Asamblea Nacional Socio-Ambiental (ANAS).
“Rechazamos las políticas autoritarias que priorizan el extractivismo, fomentan la persecución y criminalizan la protesta social", indicaron sus voceros en una rueda de prensa el 30 de julio de 2025.
Frente a un contexto de regresión de derechos (…) y las llamadas leyes económicas urgentes que buscan controlar y debilitar a las organizaciones sociales, “la ANAS se declara en vigilia y movilización permanente”.
Esta agrupación también se opone a la decisión del Ejecutivo de fusionar los ministerios de Ambiente con el de Energía y Minas. Asegura que se promueve el modelo extractivista. De allí que entre sus primeros anuncios consta un plantón previsto para el 5 de agosto en Quito.
“No ha cumplido con la consulta popular del Yasuní, no se cumple con las otras consultas populares y además le da un impulso enorme a la minería”, cuestionó Natalia Greene.
Ella es representante de la Coordinadora Ecuatoriana de Organizaciones para la Defensa de la Naturaleza y el Medio Ambiente (Cedenma).
MIES ya denunció a fundaciones
El 4 de junio de 2024, la entonces ministra Zaida Rovira, presentó una denuncia ante la Fiscalía General, por presuntos actos de corrupción de fundaciones cooperantes del Ministerio de Inclusión Económica y Social (MIES).
En esa ocasión, la Ministra señaló que se identificaron 26 fundaciones con menos de 1 año de creación, y a las cuales se les asignó cerca de USD 4.5 millones.
Los recursos se entregaron por concepto de convenios de servicios para atender a grupos vulnerables, como niñas, niños, adolescentes, personas con discapacidad y personas adultas mayores. En esa ocasión, el MIES solicitó se investiguen casos de peculado y tráfico de influencias.
Además, dijo que esto fue promovido por una reforma legal intencionada que se publicó en diciembre de 2022. "Allí se suprimió el requisito de tiempo de vida jurídica y de experiencia que deben cumplir las fundaciones y organizaciones para prestar servicios sociales".
Por ahora, la Fiscalía no ha emitido un informe sobre esas investigaciones.
