Mercados de carbono: ¿vuelve el debate en la Asamblea?
A un año del veto a la reforma ambiental, la Asamblea puede retomar el tema. Expertos alertan que Ecuador no debe quedar fuera del mercado mundial.
El 17 de septiembre de 2024, la Asamblea Nacional aprobó con 117 votos a favor un proyecto de ley que reformaba el Código Orgánico del Ambiente (COA).
El texto incluía la regulación de mercados de carbono, la creación de un fondo de conservación, nuevas reglas para la gestión ambiental descentralizada y mecanismos de participación ciudadana en decisiones locales sobre el medioambiente.
Sin embargo, poco más de un mes después, el presidente Daniel Noboa vetó totalmente el proyecto el 22 de octubre de 2024, mediante el Oficio No. 24-0397.
El veto, de carácter total, impidió la promulgación de la norma y, según la legislación ecuatoriana, bloqueó su tratamiento legislativo por un año.
Hoy, con ese plazo cumplido, el tema vuelve a estar sobre la mesa y fue parte de los asuntos tratados en el contexto de la tercera edición del Ecuador Carbon Forum, que se realizó en Quito, el 30 de septiembre de 2025.
Xavier Basantes
Un año después, ¿qué cambió?
De acuerdo con el artículo 64 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa, una ley vetada totalmente por el Ejecutivo no puede ser tratada nuevamente por la Asamblea sino hasta cumplido un año. Ese tiempo se cumple ahora, y varios sectores presionan para que el debate se reactive.
Para el exvicepresidente de la República, Alberto Dahik, es urgente que Ecuador entre de lleno en el tema:
“El Ecuador se ha atrasado en los mercados de carbono. Hay un mercado regulado y uno voluntario, y la diferencia de precios entre ambos es de seis a uno. Es momento de que la política pública entienda este tema y comience a tratarlo”.
Dahik advierte que negar el cambio climático es una actitud socialmente extendida, pero equivocada: “El mundo se está calentando. Eso no es una opinión, es medible. Las políticas públicas deben estimular todo lo que signifique conservación y desincentivar lo que destruya la naturaleza, y eso se hace con herramientas económicas bien diseñadas”.
A su juicio, Ecuador necesita una visión moderna, que incluso reformule la manera en que los ciudadanos entienden las responsabilidades ambientales:
“Una sociedad educada solo para exigir subsidios y menos impuestos no va a asumir los costos necesarios para mitigar el daño ambiental. La educación debe incluir estas realidades desde la base”, añade el exvicepresidente.
El mercado global no espera
Marcelo Salame, presidente de la Asociación Ecuatoriana de Carbono, coincide en que el país no puede seguir al margen del mercado internacional de bonos de carbono, que ya mueve más de USD 100.000 millones al año.
“China ha entrado con fuerza a este mercado. Si Ecuador no se incorpora ahora, quedaremos rezagados. La economía global está cambiando y nosotros no estamos reaccionando”, señaló.
Salame también criticó la cercanía política del Gobierno ecuatoriano con posturas contrarias a la sostenibilidad ambiental: “Las políticas de (Donald) Trump fueron nefastas para la conservación. Querer volver a una economía basada en combustibles fósiles es un retroceso. Y lamentablemente, al estar el Gobierno tan alineado con EE.UU., eso influye en nuestra política interna”.
Desde su perspectiva, el Legislativo tiene hoy el respaldo para retomar el debate, pero la decisión política volverá a depender del Presidente.
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Una oportunidad para regular con visión
Para Elisa Morán, abogada y vicepresidenta de la Asociación Ecuatoriana de Carbono, este nuevo momento representa una oportunidad que no debe perderse.
Según explica, las reformas propuestas en 2024 abordaban temas estructurales, pero el enfoque hacia los mercados de carbono fue uno de los más importantes.
“Es indispensable regular los mercados voluntarios de carbono y lograr que el Ecuador se integre a ese ecosistema. No se trata solo del carbono, también hablamos de biodiversidad, de agua, de servicios ambientales, que ya se intercambian a nivel internacional”.
Morán destaca que el país tiene ventajas comparativas por su biodiversidad, y que no aprovecharlas significa perder también acceso a financiamiento verde:
“Ecuador puede demostrar al mundo que produce bienes con baja huella de carbono. Pero para entrar en esos mercados necesitamos reglas claras, certificaciones y estándares internacionales. Lo que está en juego no es solo conservación: es desarrollo sostenible”.
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El trámite legislativo
El artículo 64 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa se refiere a los trámites de proyectos que fueron vetados totalmente por el Ejecutivo.
Allí se señala que si la Presidenta o Presidente de la República objeta totalmente el proyecto de ley, la Asamblea Nacional podrá volver a considerarlo solamente después de un año contado a partir de la fecha de la objeción.
"Transcurrido este plazo, la Asamblea Nacional podrá ratificarlo en un solo debate, con el voto favorable de las dos terceras partes de sus miembros, y lo enviará inmediatamente al Registro Oficial para su publicación".
El asambleísta Comps Córdova (RC), quien durante la aprobación de las reformas al COA integraba la Comisión de Biodiversidad del Legislativo, sostiene que se debe retomar el tema. "Debemos retomarlo, hay que ver las condiciones de votos en la Asamblea", indicó Córdova; aunque no precisó si eso sería este año.
La clave estará en ajustar los aspectos que motivaron el veto: la creación de fondos sin fuente presupuestaria clara, la estructura del Sistema Nacional Descentralizado de Gestión Ambiental y la definición de competencias institucionales. Y. obviamente, el tema de los mercados de carbono.
