Grave devastación ambiental por minería en el río Santiago
El Pueblo Shuar Arutam (PSHA) denuncia impactos severos en su territorio. Un informe de monitoreo identificó 37 puntos de actividad minera.
Un monitoreo territorial realizado por el Pueblo Shuar Arutam (PSHA), entre el 12 y el 20 de marzo de 2025, ha revelado la magnitud de los impactos de la actividad minera en el río Santiago, en la Amazonía ecuatoriana.
El informe, producto de una gestión comunitaria y respaldada por análisis de calidad de agua y monitoreo satelital, expone una situación crítica de devastación ambiental y vulneración de derechos colectivos.
Durante la inspección, monitores comunitarios identificaron 37 puntos de actividad minera. De estos, solo 4 (11%) permanecen activos, mientras que los otros 33 (89%) están inactivos. Sin embargo, la huella ecológica persiste.
En el 83% de las áreas intervenidas no se han iniciado procesos de reforestación, lo que se atribuye tanto a la destrucción total del suelo como a la falta de interés de los propietarios.
La remoción de tierra, deforestación masiva y la presencia de pozas con sedimentos contaminados son las secuelas más visibles.
El informe advierte que la mayoría de los casos (22 de 37) fueron causados por actores externos, y que en 26 puntos la minería se realizó sin el consentimiento de las comunidades.
"Lo que constituye una grave violación a los derechos de los pueblos indígenas y a los principios del consentimiento libre, previo e informado".
Territorio, minería y deforestación
El Pueblo Shuar Arutam (PSHA) se asienta en la zona norte de la Cordillera del Cóndor, en la provincia de Morona Santiago.
Este territorio se distribuye políticamente en seis cantones y 12 parroquias, con una mayor concentración en Tiwintza, Limón Indanza y San Juan Bosco. La superficie total del territorio del PSHA es de 233.169,73 hectáreas.
La minería ilegal, particularmente la que utiliza maquinaria y químicos como cianuro o mercurio, afecta las cuencas de ríos como el Zamora y Santiago, y se estima la presencia de alrededor de 10.000 mineros ilegales en la zona.
Al momento, el PSHA implementa su Plan de Monitoreo Comunitario (PMC) 2024-2027 que constituye una actualización del PMC desarrollado durante el período 2021-2023
En cuanto a la minería a gran escala, concesiones como las de Solaris (en Warints) y Explorcobres S.A. (en Panantza) abarcan vastas extensiones del territorio shuar, con más de 45.000 hectáreas concesionadas.
La deforestación es otra amenaza, impulsada principalmente por la expansión de la frontera agropecuaria, la extracción de madera y la construcción de vías.
Entre 1990 y 2022, se deforestaron alrededor de 29.960 hectáreas en el territorio del PSHA, con una tendencia al alza en los últimos años.
37 puntos de actividad minera
El informe que recoge el monitoreo del PSHA señala que respecto a los acuerdos o autorizaciones comunitarias para la realización de actividades mineras, de los 37 casos registrados, 26 carecen de autorización por parte de la comunidad.
Esta falta de autorización se debe principalmente a que las actividades son consideradas ilegales, o bien porque la explotación se lleva a cabo en terrenos con propietario individual que autoriza dichas actividades.
Los centros Shuar con el mayor número de reportes relacionados con minería comunitaria son Mayaik y Kuankus (6 cada uno); seguidos por Peñas con 4 casos; y Paantan, San Luis y Tayunts, con 3 reportes respectivamente.
En 11 de los 37 puntos se registra la presencia de trabajadores Shuar en los sitios intervenidos
En cuanto a la movilización del material extraído, en 9 reportes se indica que se transporta mediante lanchas. Además, en 7 casos el material se traslada a pie, cargando gramos de oro directamente para la venta. También se usan vehículos y canoas como otros medios de transporte.
De los 37 reportes registrados, el 100% señalan que el material extraído es oro.
El monitoreo de las áreas de intervención tras la finalización de las actividades extractivas revela que en 35 de 37 casos no se aplica un manejo adecuado de residuos. La restauración de la playa se ha registrado solo en 2 casos.
Contaminación del agua
Uno de los hallazgos más preocupantes del monitoreo fue la contaminación del agua del río Santiago.
En seis puntos de este río y uno del río Tsuis se detectaron niveles de turbidez extremadamente altos, muy por encima de los límites aceptables según la Organización Mundial de la Salud (OMS).
Los análisis químicos arrojaron la presencia de cobre en concentraciones superiores a las permitidas por la normativa canadiense (CCME) en los puntos AJ Kunchints (S1), AA Kapisunk (S3) y AB Sharian (S4).
Además, en S1 y S4 se encontraron niveles de aluminio por encima de los estándares de la Agencia de Protección Ambiental de Estados Unidos (US EPA), lo que representa un riesgo grave para la vida acuática.
También se identificaron concentraciones elevadas de manganeso en la poza minera de Palomino, superando los límites establecidos por las normativas ecuatoriana (TULSMA) y brasileña (CONAMA).
Los estudios ecotoxicológicos confirmaron la toxicidad del agua y del sedimento, al evidenciar inhibición en el crecimiento de organismos de prueba, lo que demuestra una alteración significativa en los ecosistemas fluviales.
Deforestación acelerada
El monitoreo satelital complementó los datos de campo al mostrar que entre 2020 y mayo de 2025 se han deforestado 172.59 hectáreas de bosque en el territorio del PSHA, como consecuencia directa de la actividad minera.
Tan solo entre enero de 2024 y mayo de 2025, la expansión minera arrasó 76.58 hectáreas, lo que evidencia una aceleración preocupante en la destrucción del bosque tropical.
Los datos recopilados indican que los centros Shuar más afectados por la minería son Kuankus y Mayaik, seguidos por Paantan, Peñas y Sharian, donde se ha concentrado el mayor número de reportes relacionados con minería comunitaria.
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Llamado a la acción
El PSHA advierte que las actividades mineras en el río Santiago está provocando una crisis ambiental sin precedentes: pérdida de biodiversidad, contaminación persistente y alteración de los ecosistemas que sostienen la vida de las comunidades.
A esto se suma la ausencia de medidas de restauración y la operación sin autorización comunitaria, lo que agrava los impactos.
Frente a esta situación, la organización indígena llama a:
- Fortalecer la gobernanza interna y la aplicación de normas comunitarias para frenar la minería ilegal.
- Implementar programas de restauración ecológica en las zonas degradadas.
- Realizar estudios continuos sobre los efectos en la salud humana y la biodiversidad.
- Capacitar a los monitores comunitarios en el uso de herramientas tecnológicas para el seguimiento ambiental.
- Difundir los resultados del monitoreo con todas las comunidades afectadas, y articular acciones con autoridades estatales y organizaciones para asegurar el cumplimiento de las normativas ambientales.
