‘La certeza jurídica es fundamental en la transición energética’

Marta Cabeza, superintendenta de Electricidad y Combustibles de Chile, dice que planificar a largo plazo y un marco legal sólido son esenciales.

‘La certeza jurídica es fundamental en la transición energética’
Marta Cabeza es la Superintendenta de Electricidad y Combustibles de Chile. Foto: Youtopía Ecuador

Con metas ambiciosas de carbono neutralidad al 2050 y una hoja de ruta que comenzó en 2015 con la primera Política Energética Nacional, Chile se posiciona hoy como un modelo regional en transición energética.

Así lo afirma Marta Cabeza, Superintendenta de Electricidad y Combustibles, quien destaca que el país ha logrado consolidar una política de Estado que trasciende gobiernos y ofrece certezas a largo plazo.

En entrevista con Youtopía Ecuador, la autoridad subraya que la planificación, la certeza jurídica y la participación activa de sectores públicos, privados y académicos han sido fundamentales para avanzar hacia una matriz más limpia y un sistema energético más justo.

Ella participó en el seminario Transición Energética: La experiencia chilena y su contribución al debate regional, organizado por Olade. “Chile sabe hacia dónde va y trabaja con claridad en cómo llegar a ese objetivo”, asegura Cabeza.

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¿La certidumbre regulatoria es el corazón de la transición energética?

Sin duda. Junto con la planificación —es decir, cómo visualizamos nuestros países en 10, 20 o 30 años—, la certeza jurídica es clave. Esta nos entrega al menos dos elementos fundamentales.

Primero, les da seguridad a los inversionistas: saben que las reglas no van a cambiar de un momento a otro. Segundo, convierte la transición energética en una política de Estado, que trasciende los gobiernos de turno.

Hay una planificación a largo plazo respaldada por ley, lo que exige su cumplimiento y permite que los beneficios sean palpables para el país.

¿Qué ha hecho Chile para convertirse en un referente regional?

La base ha sido una combinación de planificación y certeza jurídica. Hemos desarrollado leyes específicas que habilitan esta transición. Por ejemplo:

  • La Ley de Eficiencia Energética, que obliga a las empresas a planificar cómo reducir sus emisiones.
  • La Ley de Electromovilidad y Almacenamiento, que promueve los vehículos cero emisiones, define metas de ventas y regula el almacenamiento como parte activa del sistema eléctrico.

Estas leyes permiten no solo establecer objetivos, sino también mecanismos claros para alcanzarlos.

"La certeza jurídica convierte la transición energética en una política de Estado que trasciende gobiernos".

¿No existe el riesgo de crear un exceso de normativa que termine por desincentivar la inversión?

Todo lo contrario. Pongamos el ejemplo del almacenamiento de energía. En Chile, cuando la energía solar crecía pero no había suficiente capacidad de transmisión, gran parte de esa energía se perdía.

El almacenamiento vino a solucionar eso, pero para que funcionara correctamente, se necesitaba una normativa clara: cómo se integraría al sistema, cómo operaría, cuáles serían sus condiciones.

La regulación permite dar seguridad y reglas claras a todos los actores, lo que promueve más inversión.

¿Cada cuánto tiempo se debe actualizar esa regulación, para no quedar rezagada frente al avance tecnológico?

En Chile —y también en Ecuador—, las leyes se complementan con reglamentos y normas técnicas que desarrollan distintos actores. Es en esas instancias donde se hacen las actualizaciones necesarias.

En nuestro caso, la actualización es permanente. Esto permite mantener una planificación flexible y adaptativa, que responda a las condiciones del mercado y al desarrollo tecnológico.

"La regulación no frena la inversión; la potencia, porque entrega reglas claras y previsibles".
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¿Cuánto tiempo toma llevar a cabo un proceso de transición energética?

La transición energética en Chile comenzó con una decisión política que se transformó en ley en 2015. Hoy, diez años después, vemos resultados que no imaginábamos en ese momento.

Nuestra meta es descarbonizar la matriz energética hacia 2050, como parte de los compromisos de la Ley Marco de Cambio Climático.

Entonces, podríamos decir que ese es el horizonte de la transición. Lo importante es si podemos lograrlo antes o, al menos, mantener un rumbo claro hacia esa meta.

Ecuador está dando pasos hacia una Ley de Transición Energética. ¿Qué lecciones puede tomar del modelo chileno?

Un aspecto clave es el rol de la academia. En Chile, las universidades y centros de estudio realizan revisiones quinquenales de la agenda energética, la matriz y las condiciones habilitantes.

Esto asegura continuidad, aporta evidencia técnica y facilita la participación de diversos actores, más allá del gobierno de turno.

"La transición energética debe reflejarse en la vida cotidiana: tarifas más bajas, aire más limpio y mejor salud".

¿Cuál debe ser el rol del consumidor en este proceso?

Hoy estamos en una etapa en la que la transición energética debe hacerse visible para el consumidor final.

Es fundamental que las personas puedan ver sus beneficios y tomar decisiones informadas, como optar por la electromovilidad o adoptar hábitos de eficiencia energética.

Ese es un desafío enorme, porque la transición no es solo tecnológica o industrial: también es social. Debe verse reflejada en tarifas más bajas, mejor calidad del aire, menos impactos en la salud y una educación enfocada en sostenibilidad.

¿Estamos hablando de una transición irreversible?

Sí. La transición energética es un camino sin retorno.

Marta Cabeza Vargas. Ingeniera en Industrias y Magíster en Gerencia Pública por la Universidad de Santiago de Chile. Cuenta con una amplia trayectoria en la Superintendencia de Electricidad y Combustibles (SEC), institución en la que ha trabajado desde 2001. A lo largo de su carrera, ha liderado diversos equipos y áreas clave, destacándose su rol como Jefa de la Secretaría General, división que coordina los departamentos de Control de Gestión y la vinculación con las regiones.