Ecuador firmó un pacto por la salud mental: ¿qué relevancia tiene?
El Estado reconoció su deuda emocional. Por primera vez se señala que cuidar la mente es cuidar el desarrollo y que debe trazarse una política pública.
Por Álvaro Samaniego
Ecuador dio un paso inédito al firmar el “Pacto Nacional por la Salud Mental”, con el objetivo de revertir la tendencia de la región, la única con un aumento de suicidios.
El acuerdo fue impulsado por la Vicepresidencia de la República y reunió a autoridades del sector público, academia, ONG y organismos internacionales, el 12 de noviembre de 2025.
Quien en ese momento era presidenta encargada -como lo es desde este 27 de noviembre de 2005-, María José Pinto, afirmó que “no hay desarrollo posible en un país sin salud mental”. Agregó que el pacto “necesita de todos” para reconstruir la confianza nacional.
El acuerdo tiene el apoyo técnico de la Organización Panamericana de la Salud (OPS) y busca consolidar la salud mental como política de Estado.
Incluye la prevención, la atención comunitaria y la lucha contra el estigma. “Es la primera vez que Ecuador establece un marco de acción conjunta”, señaló Yuridia Torres, subsecretaria de Articulación de la Vicepresidencia de la República.
La OPS destacó el carácter histórico del Pacto. Su representante, Sonia Quezada, hizo notar que la región muestra la única tendencia global al alza en muertes por suicidio. Por eso “celebramos este compromiso nacional”, afirmó, porque convierte los derechos “en realidades palpables”.
El Pacto propone cuatro ejes: gobernanza sostenible, comunidades que cuidan, derechos sin estigma y conocimiento que transforma.
Su enfoque es comunitario y no hospitalario. “La salud mental empieza en la familia, la escuela, el barrio y la comunidad”, expresó Pinto.
La firma ocurre en un contexto complejo. Entre 2020 y 2023, los egresos hospitalarios por trastornos mentales aumentaron en Ecuador casi 60%, según el Inec. La incertidumbre económica está relacionada con el bienestar emocional.
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Verónica Escobar, vicepresidenta del Consorcio Ecuatoriano para la Responsabilidad Social y Sostenibilidad (Ceres) afirmó que “el sector privado cada vez incorpora en su estrategia la sostenibilidad y su impacto en las comunidades”.
El psiquiatra Pablo Jiménez explicó que la pandemia “gatilló esta cosa que estaba un poco oculta que eran los trastornos de salud mental”. A diferencia de lo que ocurrió en otros ámbitos, “no hubo rebote” tras la emergencia.
Para Roberto Enríquez, jefe de Salud Mental del Distrito Metropolitano de Quito, la situación refleja determinantes sociales profundos. “Si el desempleo sube, si la precariedad laboral aumenta, es evidente que la salud mental se va a afectar”, dijo.
Ambos especialistas coinciden en un problema persistente: el estigma. Jiménez afirmó que es “una tara que se sostiene”. Enríquez insistió en que ocultar la necesidad de ayuda agrava la crisis.
A esto se suma la baja inversión regional. “Los promedios de presupuesto para salud mental están entre el 0,8% y el 1%”, señaló Jiménez. La OPS indica que la brecha de atención en América Latina supera el 70%.
El Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUMA) advierte que los riesgos actuales exacerban “los sentimientos de miedo, ansiedad y desaliento”. La depresión y la ansiedad parecen problemas individuales, pero responden a factores estructurales.
El Pacto llega cuando la región vive altos niveles de incertidumbre. Naciones Unidas identifica una disminución del bienestar y un aumento de desigualdades que afectan la salud mental.
Sin datos nacionales completos, Ecuador enfrenta el reto de diagnosticar con precisión. “No tenemos datos a nivel nacional”, reconoció Enríquez. Por ahora, se siguen tendencias internacionales para estimar la magnitud del problema.
Sonia Quezada, representante de la OPS, advirtió que la salud mental “exige poner a los determinantes sociales en el centro: salarios dignos, acceso a la educación, vivienda segura, entornos libres de violencia y discriminación. Es decir, una sociedad que abrace la dignidad humana como política pública”.
"La salud mental exige poner a los determinantes sociales en el centro: salarios dignos, acceso a la educación, vivienda segura, entornos libres de violencia y discriminación": Sonia Quezada
El desafío es enorme. Pero el país traza un camino que, por primera vez, reconoce que cuidar la mente es cuidar el desarrollo. El pacto abre una oportunidad para reconstruir el bienestar emocional del país, dicen sus proponentes.
