Ecuador apuesta por la producción más limpia para impulsar la economía circular
Más de 50 empresas participan en acuerdos que buscan reducir residuos y optimizar recursos. Desde el sector privado se piden más incentivos y alianzas.
Aunque Ecuador cuenta con un marco normativo para la economía circular, la transición hacia un modelo productivo más sostenible sigue dependiendo de su aplicación efectiva en la industria.
En este escenario, la producción más limpia emerge como una de las apuestas para reducir el impacto ambiental, en medio de desafíos vinculados con la implementación, la articulación institucional y la participación del sector privado.
Durante una intervención, el 19 de marzo de 2026 en la Expo Reciclaje y Ambiente, Rómulo Armas, director de Innovación y Productividad Sostenible del Ministerio de Producción, señaló que el país ha desarrollado “condiciones habilitantes” —como la Ley Orgánica de Economía Circular Inclusiva, su reglamento y la estrategia nacional— que buscan ordenar esta transición.
No obstante, el énfasis actual se desplaza hacia la ejecución de proyectos y la generación de resultados concretos en los sectores productivos.
Xavier Basantes
De la norma a la acción
El Ministerio, indicó Armas, impulsa proyectos por USD 12 millones a nivel nacional, enfocados en acelerar la adopción de prácticas sostenibles.
Uno de los ejes centrales son los Acuerdos de Producción Más Limpia (APL), que establecen compromisos entre el Estado y las empresas para optimizar el uso de recursos y reducir impactos ambientales.
Hasta el momento se ha identificado medio centenar de empresas de seis sectores productivos que participarán en estos procesos, con una inversión de USD 3 millones.
Estos acuerdos incluyen diagnósticos técnicos, capacitación y certificaciones en estándares como ISO 50001 (gestión de energía) y 59010 (economía circular), además de procesos de reconversión tecnológica y eficiencia energética.
Este enfoque se apoya en iniciativas previas como el proyecto 'Ecuador Verde', impulsado por el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) y financiado por la Unión Europea (UE), que marcó el inicio de una fase de colaboración público-privada.
En este marco, más de 50 empresas participan en la implementación de planes de acción orientados a mejorar procesos productivos, reducir emisiones y fortalecer capacidades técnicas.
Se prevé que estos procesos permitan reducir al menos 50 toneladas de CO₂, generar ahorros de hasta 1,5 millones de dólares y capacitar a más de 450 profesionales, además de sentar las bases para institucionalizar la producción más limpia como política pública.
Xavier Basantes
Gobernanza y brechas persistentes
Pese a estos avances, especialistas coinciden en que los principales obstáculos están en la gestión territorial, la gobernanza y la falta de incentivos.
Andrés Rigail, docente de la Espol, advierte que la gestión de residuos sigue siendo uno de los puntos más críticos. A su criterio, la falta de estándares homogéneos entre municipios y la permisividad normativa han impedido avances significativos en la separación en la fuente y el tratamiento adecuado de desechos.
“El manejo sigue siendo desigual y, en muchos casos, deficiente”, sostiene, al señalar que la fragmentación entre gobiernos locales y entidades nacionales, como el Ministerio de Ambiente y Energía, limita la efectividad de las políticas.
En la misma línea, Pablo Ponce, del Colegio Johannes Kepler, subraya que la ausencia de una política pública clara y de directrices nacionales incide en las brechas territoriales.
Mientras ciudades como Quito, Cuenca o Loja han desarrollado mejores sistemas de gestión, en gran parte del país aún predominan botaderos a cielo abierto.
Ponce también enfatiza la necesidad de fortalecer la cultura ambiental. En Quito, donde se generan alrededor de 2.000 toneladas diarias de residuos, apenas una fracción mínima de plásticos se recicla, lo que evidencia la magnitud del reto.
“Todo depende en gran medida de la voluntad política, pero también de los incentivos y de las alianzas entre sector público, privado y academia”, señala.
Xavier Basantes
Incentivos, regulación y rol del consumidor
Desde el sector empresarial, el principal desafío identificado es la necesidad de reglas claras e incentivos que equilibren el terreno competitivo.
Gabriel Quiroz, ejecutivo de la firma Flexiplast, advierte que la economía circular no puede depender únicamente de la voluntad empresarial.
“Si no existen incentivos y obligaciones claras, las empresas que adoptan estos modelos pueden quedar en desventaja frente a aquellas que no lo hacen”, explica.
A su juicio, es necesario fortalecer el marco regulatorio en aspectos como el ecodiseño y establecer condiciones que permitan que la transición sea viable para toda la industria.
Piedad Viteri, de Bioschools, en cambio pone el foco en el rol de la ciudadanía y en desarrollar cambios concretos en los patrones de consumo.
Señala que temas como el uso de envases no retornables y la gestión de residuos orgánicos requieren acciones urgentes tanto desde el Estado como desde la sociedad civil.
“El orgánico puede representar hasta el 70% de los residuos y puede ser gestionado incluso desde los hogares, generando valor”, explica. Asimismo, destaca que la presión del consumidor puede incidir en prácticas empresariales más sostenibles, especialmente en la reducción del uso de plásticos.
Un modelo en construcción
En paralelo, el Gobierno trabaja en el fortalecimiento de la gobernanza del sistema, en conjunto con la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal), y en la evaluación de las normativas de Responsabilidad Extendida del Productor (REP), actualmente vigentes en ocho ámbitos.
Además, espacios como la Mesa Nacional de Economía Circular buscan articular a los distintos actores involucrados y construir políticas desde una lógica participativa.
El avance hacia la producción más limpia evidencia un cambio de enfoque: de la planificación a la implementación. "Se trata de transformar el problema en soluciones", señala Carolina Saá, directora de Fundación Circular.
Sin embargo, los resultados dependerán de la capacidad de alinear incentivos, fortalecer la institucionalidad y generar compromisos efectivos entre el Estado, la empresa y la sociedad.
Xavier Basantes
