El Domo de la discordia, entre la agricultura y la minería

En el valle subtropical del cantón Las Naves, provincia de Bolívar, los viveros de cacao, las huertas de cítricos y el cerro El Domo, con sus casi 900 metros de altura, dominan el paisaje.

El Domo es un nombre creado por la compañía minera que explotará el depósito de cobre que yace debajo de este cerro.

Las reservas probadas y probables del depósito alcanzan los 6,5 millones de toneladas de cobre de alta pureza.

Para extraer estos recursos la minera Curimining tendrá que perforar y volar con potentes explosivos, como el ANFO, al menos la mitad de El Domo.

Dentro de pocos años en lugar de una buena parte de El Domo habrá un tajo de 53 hectáreas y de hasta 200 metros de profundidad: es la mina a cielo abierto de donde saldrán cobre, oro, plata, plomo y zinc rumbo al puerto de Guayaquil.

Así es El Domo de cerca

Aunque la minería es una actividad sobre la que Ecuador ha puesto sus esperanzas de reactivación económica, los agricultores de tres comunidades de Las Naves están preocupados.

Sus formas de vida dependen de lo que suceda en El Domo, pues las principales fuentes de agua del cantón nacen alrededor de este cerro, como las quebradas Caracol, Naves Chico, El Búho, El Silencio y el estero El Silencio.

Es el caso de Celinda Jiménez cuya familia, originaria de Guaranda, se asentó hace 70 años en una finca de la comunidad de Bellavista.

La familia de Celinda y sus vecinos toman el agua, con mangueras, desde un brazo del río Naves Chico para regar sus parcelas y para consumo humano.

Celinda dice que las personas mayores en el recinto están contra la minería, mientras que los más jóvenes tienen la expectativa de encontrar empleo en la mina.

Los agricultores de la zona "sienten que su vida era normal hasta 2006 y, de repente, el Estado entrega unas concesiones mineras, llega una empresa, empieza a hacer exploración", dice Alejandra Zambrano, abogada de la Comisión Ecuménica de Derechos Humanos (Cedhu) que sesora a los campesinos.

Se empieza a hablar de la "construcción de una mina a cielo abierto, entonces aumenta la zozobra de la gente que se pregunta si con la llegada de la minería se van a acabar sus medios de vida", agrega Zambrano.

Un cantón con sed

Las fuentes de agua que nacen alrededor de El Domo alimentan a los ríos Naves Chico, Naves Medio, Naves Grande, Oncebí, Runayacu y Selva Alegre.  

Esta micro cuenca, a su vez, es afluente de la subcuenca del río Babahoyo, que tributa a la cuenca del río Guayas.

El cantón Las Naves tiene 15.990 hectáreas y 7.012 habitantes, de los cuales 5.018 viven en sus 17 comunidades rurales.

Solo el 44,2% de los habitantes de las comunidades rurales tiene acceso al agua, pese a que la mayoría se dedica a la agricultura.

Las Naves no tiene una empresa de agua potable ni presupuesto para crearla. En su lugar funcionan las juntas administradoras conformadas por las propias comunidades.

En el fondo, la controversia entre una parte de los habitantes de Las Naves y la empresa minera tiene que ver con el agua.

La batalla legal

En 2006 el Estado otorgó siete concesiones para minería en Las Naves, que juntas suman 21.500 hectáreas y se yuxtaponen también con los cantones de Echeandía y Guaranda.

La titular de las concesiones es la empresa Curimining, sus accionistas son la ecuatoriana Salazar Resources y la canadiense Adventus Mining, las acciones de ésta última fueron adquiridas hace poco por la también canadiense Silvercorp Metals.

La llegada de Silvercorp, una empresa de mayor calado, es clave porque tiene la capacidad técnica para poner a "El Domo en producción de manera acelerada", según los reportes para inversionistas.

Mientras estas transacciones ocurren en Canadá, el 5 de junio de 2024 en Ecuador 27 representantes de las comunidades de Bellavista, Jerusalén y Buenos Aires presentaron una acción de protección contra el Ministerio de Ambiente.

Auspiciados por la Cedhu, los agricultores reclamaban la nulidad de la licencia ambiental, expedida el 19 enero de 2024, para el proyecto minero Curipamba Sur por supuestos incumplimientos en el proceso de consulta a la comunidad de Las Naves.

Pero el juez multicompetente de Las Naves inadmitió la acción el 24 de julio, argumentando que, en su opinión, no se había violado ningún derecho.

El 2 de agosto de 2024, el Ministerio de Energía y Minas aprobó el inicio de la etapa de exploración en concesión minera Las Naves, considerada en régimen de mediana minería.

La resolución también autoriza a la empresa titular de la concesión la construccción de "toda la infraestructura minera necesaria para el desarrollo del proyecto" así como de "cualquier otro tipo de obras civiles necesarias para la etapa de explotación".

"Hemos presentado una apelación ante la Corte Provincial de Bolívar", dice Alejandra Zambrano, abogada de los demandantes.

A pesar de este revés, los demandantes dice que "llevarán el proceso hasta el final", es decir, a la Corte Constitucional y, si hace falta, "a una instancia internacional, como el Comité Interamericano de Derechos Humanos y, de ser admitido allí, a la Corte Interamericana de Derechos Humanos", explica Zambrano.

Curimining argumenta en un comunicado que el Ministerio de Ambiente "llevó a cabo la consulta ambiental, cumpliendo con lo dispuesto en un decreto ejecutivo ecuatoriano y con estándares internacionales, que resultó en un 98% de votos en favor de la expedición de la licencia ambiental”.

La empresa obtuvo el permiso ambiental para la concesión Curipamba Sur, en Las Naves, el 22 de enero de 2024.

El punto de agua

Para subir a El Domo hay que tomar un estrecho camino de grava, lleno de precipicios y de piedras sueltas, que ruedan por entre la vegetación exuberante del cerro.

Al llegar cerca de la cima, por esta precaria vía pública, se nos acerca un guardia de seguridad, nos toma fotos, nos pide identificaciones, se desata un breve argumento, anota las matrículas de los vehículos y, al final, retrocede con su libreta en la mano. La tensión es evidente.

Estamos frente al punto desde donde tres comunidades han construido una toma de agua. Un sitio que se ha vuelto simbólico.

En 2018, ante la falta de agua en la zona rural del cantón, el municipio solicitó una autorización para que las comunidades de Bellavista, Jerusalén y Buenos Aires pudieran tomarla desde este punto ubicado en El Domo.

Con apoyo de maquinaria del gobierno local, los comuneros tendieron nueve kilómetros de tubería, que cargaron sobre sus espaldas en sucesivas mingas, al igual que dos tanques de recolección.

Sin embargo, cuando el Ministerio de Ambiente estableció a quiénes se iba a incluir en la consulta ambiental para la minería las comunidades de Bellavista y Buenos Aires no fueron tomadas en cuenta.

"El punto de captación del agua está dentro de la concesión minera. Por eso son comunidades afectadas que tienen interés en lo que suceda en ese espacio geográfico y que debían haber sido consultadas", alega Zambrano.

Y en un nuevo capítulo de esta lucha, el Ministerio de Ambiente, que fue parte demandada en la acción de protección y, al mismo tiempo, es juez en materia de autorizaciones de agua, "ha activado el procedimiento de reversión de la autorización para tomar el agua", dice Zambrano.

Si el permiso se revierte unos 2.000 habitantes de las comunidades Bellavista, Jerusalén y Buenos Aires podrían quedarse sin acceso al agua.

"Nos dicen que volvamos a pedir una nueva autorización, pero es un trámite que tarda hasta cinco años", se lamenta Zambrano.

Los 14 denunciados

Corría de junio de 2023 cuando el Ministerio de Ambiente inició el proceso de consulta ambiental en Las Naves.

La comunidad de Jerusalén se resistió a participar porque consideró que el ministerio no había dado plazos razonables para el diálogo y la revisión del material técnico: un estudio de impacto ambiental de cerca de 3.000 páginas.

Del 10 al 23 de julio de ese año, el Ministerio de Ambiente colocó un punto fijo de información en la Unidad de Policía Comunitaria (UPC) del casco urbano de Las Naves.

Hubo resguardo policial extraordinario en la UPC, lo que fue considerado por los comuneros como una forma de intimidación.

Por eso, el mismo 10 de julio el pleno del concejo municipal solicitó en un oficio al Ministerio de Ambiente que suspendiera la consulta hasta que se colocaran los documentos en un punto neutral y se resolviera el problema de las comunidades excluidas de la consulta.

Pero el proceso siguió adelante. El 14 de julio hubo una manifestación y tensiones con la fuerza pública en Las Naves. Dos personas fueron aprehendidas y luego procesadas por daño a bien ajeno (la rotura de vidrios de la UPC).

Las dos personas procesadas pagaron una multa y fueron condenadas a servicio comunitario, pero otras 14 que han sido denunciadas penalmente a lo largo de más de una década de oposición a la minería en Las Naves no lo tienen fácil.

Hay 14 personas de Las Naves que enfrentan procesos penales.

Como Fausto Arechua, presidente de la comunidad de Buenos Aires, un agricultor que siembra cacao, café y naranja en su pequeña finca y sobre quien pesa un proceso penal.

"Aquí producimos de todo, en nuestro cantón Las Naves vivimos en un paraíso. Tenemos el anhelo que nos apoyen para exportar el plátno verde además del cacao", dice.

Del trabajo de Arechua en sus tierras dependen su hijo con discapacidad, que tiene 19 años, su esposa y su papá de 93 años.

Qué falta de confianza

También casuó malestar entre los pobladores que durante el proceso de consulta no hubo delegados de la Defensoría del Pueblo, como lo establece la ley, y el hecho de que fueron los técnicos de Curiminig y no los del Ministerio de Ambiente quienes respondían a las preguntas de los consultados.

Hubo una "delegación del deber de consultar por parte del Ministerio de Ambiente a la empresa (Curimining), una exclusión de habitantes de las zonas afectadas, además de la ausencia de la Defensoría del Pueblo", según Zambrano.

Mapa de las concesiones

Los habitantes de Las Naves quieren saber qué sustancias tóxicas serán usadas para separar los metales en la mina, y qué riesgos presenta la relavera, que es el reservorio donde se almacenarán los lodos que resulten de la actividad minera.

"Las personas quieren saber qué pasaría si hubiera un derrame o una filtración en la relavera. Queríamos hablar de esos riesgos y de sus impactos", comenta Zambrano.

De acuerdo con la información entregada a la comunidad por Curimining, la relavera tendrá capacidad para 10 millones de toneladas de lodos, y se van a procesar 6,5 millones de toneladas.

Del proceso de extracción de minerales quedarán químicos como el cianuro de sodio y el sulfato de cobre que son altamente tóxicos, y cal en el agua de la relavera.

La empresa alega que antes de vertir agua usada en las actividades mineras, ésta pasará por una planta de tratamiento.

Quienes se oponen a la minería en estas condiciones lamentan la poca transparencia y disposición del Estado, del Ministerio de Ambiente, para ofrecerles información.

El sentimiento de desconfianza e incertidumbre en Las Naves no es un fenómeno aislado.

Según una encuesta presentada en julio por Brújula Minera y realizada por el Centro Nacional de Consultoría de Colombia, la desconfianza en las autoridades que regulan la minería es elevada.

En Ecuador, aunque el 60% de los 602 encuestados respondió que considera que la minería es necesaria para la vida moderna, solo el 32% declararó tener plena confianza en el Ministerio de Ambiente.

El Ministerio de Energía y Minas también es visto con desconfianza por el 72% de los encuestados en Ecuador y el promedio de confianza frente a este tipo de institución en Latinoamérica apenas llega al 28%.

La confianza en las empresas mineras en Ecuador es de apenas un 18% frente a una desconfianza del 78%.

A los habitantes de Las Naves que ven la minería con escepticismo no solo les preocupa que escasee el agua sino que las fuentes se contaminen, si eso llegara a suceder perderían las certificaciones de productores orgánicos que les perminten exportar su cacao a la Unión Europea y a Estados Unidos.

"Lo que está en peligro son las formas de vida campesina, que si no se protegen darán lugar a migraciones hacia las ciudades. Los líderes me han dicho que si son forzados a abandonar sus tierras para irse a la ciudad se convertirán en personas empobrecidas", dice Zambrano.

Fausto Arechua dice que aunque en Las Naves no viven como ricos, en sus mesas nunca falta la comida y sus hijos tienen acceso a la educación. Son esas las cosas que las comunidades intentan preservar.