Delitos ambientales y abandono estatal se debaten en ley sobre áreas protegidas
La creación del Servicio Nacional de Áreas Protegidas y del Fondo Ambiental son parte del análisis. Guardaparques exigen más atención.
En la Función Legislativa avanza el debate del proyecto de Ley Orgánica de Recuperación de Áreas Protegidas y Promoción del Desarrollo Local.
La iniciativa fue enviada el 14 de junio de 2025 por el Ejecutivo, con el carácter de económica urgente, por lo que su análisis se realiza en la Comisión de Desarrollo Económico.
La finalidad de la Ley, señala el artículo tres del proyecto, "es la conservación del patrimonio natural del país, promoviendo la inversión pública y privada en programas que fortalezcan la gestión de las Áreas Protegidas".
Se pone énfasis en "la seguridad de las Áreas Protegidas, evitando actividades ilegales o de economía criminal en sus territorios". Además, se advierte sobre los peligros del turismo en zonas críticas.
Entre los temas más relevantes que han sido parte del debate en la Comisión, constan la creación del Servicio Nacional de Áreas Protegidas y la instauración de un Fondo para la Gestión Ambiental.
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Guardaparques piden más reconocimiento
La Comisión de Desarrollo Económico recibió, el 24 de junio de 2025, a Augusto Granda, representante de la Asociación de Guardaparques del Ecuador, y Tarsicio Granizo, del Fondo Mundial para la Naturaleza (WWF) en Ecuador.
Granda expresó su apoyo a la creación del Servicio Nacional de Áreas Protegidas, así como a la activación de un Fondo Nacional para la Gestión Ambiental, que permita reinvertir los recursos generados por estas zonas en su conservación.
Además, pidió que la figura del guardaparque sea reconocida en la ley como eje central, incluyendo un escalafón salarial diferenciado. "Sobre todo, para quienes operan en territorios de alto riesgo, donde enfrentan amenazas como el narcotráfico, la minería ilegal, la tala indiscriminada y el tráfico de especies".
Respecto a los planes de manejo de las áreas protegidas, Granda advirtió sobre los peligros de permitir el acceso turístico a zonas críticas de conservación.
“Existen áreas donde es obligatorio proteger la biodiversidad y los ciclos reproductivos de las especies; abrirlas al público pondría en riesgo su función ecológica”, sostuvo.
Tarsicio Granizo señaló que el Estado no debe perder la rectoría sobre estas áreas, y que la ley debe priorizar el bienestar de las comunidades que habitan o rodean estos territorios, tal como lo establece el Código Orgánico Ambiental.
“La protección no debe desvincularse del desarrollo justo y sostenible de las poblaciones locales”, afirmó Granizo en la Comisión.
Xavier Basantes
Institucionalidad y sostenibilidad financiera
El presidente de la Asamblea Nacional y miembro de la Comisión, Niels Olsen, planteó observaciones al proyecto de ley en cuatro ejes: institucionalidad, sostenibilidad financiera, interinstitucionalidad y seguridad.
El exministro de Turismo propuso la creación de una entidad técnica autónoma que administre el Sistema Nacional de Áreas Protegidas con capacidad normativa, sancionadora y de inversión.
Además, planteó que el fondo ambiental se nutra de tasas, regalías, alianzas estratégicas e incentivos tributarios, con el objetivo de fomentar la bioeconomía y un turismo responsable.
Olsen llamó a garantizar una gestión participativa con gobiernos locales, organizaciones no gubernamentales, comunidades indígenas y sociedad civil. Y sugirió facultar a la Policía y a las Fuerzas Armadas para intervenir directamente ante delitos ambientales.
“El narcotráfico, la minería ilegal y la falta de control han tomado más de 400 hectáreas de nuestras áreas protegidas”. Niels Olsen
Igualmente, recordó que estas zonas reciben más de 1,4 millones de visitantes al año, lo que convierte al turismo en una oportunidad para el desarrollo sostenible.
La Comisión continuará recibiendo observaciones ciudadanas y técnicas en los próximos días, en busca de una legislación que garantice la protección efectiva de las áreas protegidas.
Xavier Basantes
