Corte IDH condena a Ecuador y busca proteger a pueblos en aislamiento voluntario
Conaie, Confeniae y NAWE esperan que el Estado cumpla la sentencia en un año. Tribunal pide una comisión que evalúe la Zona Tagaeri Taromenane.
La Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) condenó al Estado ecuatoriano, por la vulneración de los derechos de los pueblos indígenas en aislamiento voluntario (PIAV) Tagaeri y Taromenane.
El Estado vulneró los derechos a la propiedad colectiva, a la libre determinación, a una vida digna, a la alimentación, a la salud, a la identidad cultural, a la vida, a un ambiente sano, de estas etnias que habitan en el Parque Nacional Yasuní.
El caso se remonta a tres violentos episodios (ocurridos en 2003, 2006 y 2013), ligados a los avances de la industria petrolera en la zona, en donde murieron más de 50 personas de estos pueblos en aislamiento.
En su momento, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) determinó que esos hechos fueron producto del 'contacto de esos pueblos con terceros', debido a la falta de garantías estatales para su protección.
La notificación de la sentencia se realizó el 13 de marzo del 2025, en San José, Costa Rica, sede de la Corte IDH.
Los dirigentes de la Conaie, Confeniae y de la Nacionalidad Waorani del Ecuador (NAWE), se reunieron ayer -17 de marzo- y calificaron como 'histórica' a este decisión, y esperan que en el plazo de un año se cumpla la sentencia.
En la resolución se contemplan varias acciones que deberá emprender el Estado, para garantizar la protección de los Tagaeri y Taromenane. Entre ellas, la creación de una comisión, la reparación a dos niñas sobrevivientes de los hechos violentos.
Comisión especial para la ZITT
En la sentencia se establece la creación de una comisión especial, en el plazo de seis meses, para que cada dos años evalúe la actual Zona de Intangibilidad Tagaeri Taromenane (ZITT).
La ZITT fue creada en 1999. Su delimitación apenas se concretó en 2007 y además, a través de un decreto, se creó una zona de amortiguamiento de 10 kilómetros.
El objetivo de esta zona fue preservar su conservación y protegerla de toda actividad extractiva. Sin embargo, el desarrollo de los bloques 31 y 43 fue motivo de una discordia.
En 2007 se lanzó una iniciativa para declarar una moratoria para evitar la explotación allí, pero fracasó. Con la Consulta del 2023 se decidió mantener el crudo del bloque 43 bajo tierra.
La Corte IDH llamó a respetar los resultados de la Consulta Popular del 2023 y proteger a los pueblos indígenas de las operaciones petroleras.
La comisión especial deberá incluir a miembros de la sociedad civil y a miembros de los pueblos indígenas Waorani, cuyos territorios son cercanos a la ZITT.
Si esta comisión determina la presencia comprobada por más de dos años de PIAV en zonas fuera de la ZITT, recomendará al Ejecutivo la elaboración de un decreto para redefinir la delimitación de esta zona.
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Dos niñas entre las víctimas
La Corte IDH también dispuso aplicar medidas de reparación a favor de dos niñas sobrevivientes a una de las matanzas (2013).
Las dos niñas fueron llevadas a la fuerza con el grupo de waoranis que atacó a los Taromenane y que posteriormente fueron separadas por el Gobierno. Cuando sucedieron estos hechos, ellas tenían seis y dos años de edad, respectivamente.
La sentencia señala que el Estado deberá realizar un peritaje especial, con el fin de determinar una reparación integral de los daños materiales e inmateriales sufridos por ellas.
El Estado también deberá continuar otorgando atención integral a la salud, así como tratamiento psicológico y/o psiquiátrico.
El tribunal también dispuso continuar con las "investigaciones que sean necesarias", para determinar las circunstancias de los hechos violentos de 2003 y 2006 y, en su caso, juzgar y eventualmente sancionar a sus responsables.
Medidas de prevención
La Corte pide que el Estado adopte medidas legislativas, administrativas y de cualquier otra índole, para que en el proceso de otorgamiento de nuevas licencias o de renovación de las existentes (actividades extractivas), el estudio de impacto ambiental incluya previsiones específicas que tomen en cuenta los impactos diferenciados a los PIAV y se aplique el principio de precaución.
Además, el Estado realizará un informe sobre las medidas adicionales a las que ya está implementando, para corregir o mejorar: a) el monitoreo y la protección de la ZITT, frente al ingreso de terceros; b) la información sobre la situación ambiental de la Zona de Intangibilidad Tagaeri Taromenane.
El presidente de la Nacionalidad Waorani de Ecuador (Nawe), Juan Bay, reclamó su "derecho a existir" y vivir en la Amazonía bajo la autodeterminación para garantizar la protección de los pueblos aislados.
"Queremos que este territorio sea respetado desde Ecuador; y el mundo tiene que conocer que el petróleo que ha salido más de 50 años (…) lo único que nos dejó es el derrame, la contaminación del agua y el cáncer llegando a nuestro río", declaró Alicia Cahuiya, dirigente indígena en la Conaie.
