Pobreza y falta de servicios básicos, los desafíos del Chocó Andino
La pobreza está por encima del promedio en esta zona rural del Distrito Metropolitano de Quito.
La Consulta Popular del 20 de agosto de 2023 no solo generó un pronunciamiento mayoritario para frenar las actividades mineras en el Chocó Andino, el bosque selvático megadiverso declarado Reserva Mundial de la Biósfera por la Unesco.
También le dio más visibilidad a la zona, para desarrollar una gestión sostenible en el que es considerado uno de los mayores tesoros del Distrito Metropolitano de Quito (DMQ).
El abandono al que estuvo sometido al Chocó Andino, desde la institucionalidad capitalina, es evidente: recién el 24 de enero de 2024, mediante la resolución AMDQ 005-2024, el Cabildo creó la Administración Zonal Chocó Andino.
Bajo esta Administración Zonal, cuyas instalaciones se inauguraron hace apenas cuatro meses (el 7 de abril), se encuentran las seis parroquias que integran el Chocó: Nono, Calacalí, Nanegal, Nanegalito, Pacto y Gualea.
"El reto es muy importante porque se trata de la séptima Reserva de Biósfera del país y eso implica una gran responsabilidad de conservación para Quito”, comenta Walter Bustos, administrador zonal del Chocó Andino.
Las marcas del abandono
Las parroquias que integran el Chocó Andino se han caracterizado por la falta de servicios básicos, pese a estar tan cerca de Quito. Por ejemplo, en Gualea, apenas el 33% de la población tiene alcantarillado.
En los índices de pobreza por necesidades básicas insatisfechas en las parroquias rurales del DMQ, Nono, Gualea y Pacto, sobresalen con los niveles más elevados alcanzando un 88%, 86% y 83%, respectivamente.
Mientras tanto, otras parroquias como Calderón, Conocoto, Pomasqui y Cumbayá exhiben índices más moderados de pobreza, fluctuando entre el 23,5% y el 27,9% de su población.
Otro dato que evidencia la situación en el Chocó es la dotación de agua potable: en Gualea, solo el 55% de hogares tiene acceso a la red pública.
“La biosfera del Chocó es una zona de mayor recarga hídrica, pero la gente no tiene acceso al agua. Se necesita un trabajo muy fuerte para territorializar la política pública y llegar a la población”, dice Walter Bustos.
Otros temas en los que se debe trabajar desde la gestión pública, agrega Bustos, son el saneamiento, el manejo de residuos, el acceso a la educación, la violencia de género, los servicios, la conectividad y el acceso a la salud.
Minería e inseguridad
Tras un año de la Consulta Popular, organizaciones ambientalistas exigen que las autoridades del Gobierno tomen el control, para frenar las actividades mineras.
Los habitantes de la mancomunidad del Chocó Andino denuncian que hay intimidación a la población que vive en las áreas concesionadas. También hay casos de criminalización y daños al patrimonio arqueológico.
Entre las acciones que se han emprendido para delinear un plan están las denominadas mesas de trabajo, con las instituciones involucradas.
La primera reunión de esta mesa se efectuó el 25 de julio y la segunda, el 16 de agosto. Lo que se busca es definir protocolos de intervención de la fuerza pública, en coordinación con las juntas parroquiales, para evitar actos violentos derivados de la minería ilegal.
Xavier Basantes
Una salida para la economía
A través del Fondo Rural para las parroquias del Chocó Andino se han destinado USD 2,6 millones en 2024, para la ejecución de proyectos, como dotación de servicios e infraestructura.
Además, con la actualización y aprobación del Plan de Gestión y Uso del Suelo del DMQ (12 de mayo de 2024), se prevé ampliar la prestación de servicios. Y para ello, la Administración Zonal juega un papel en el ordenamiento del territorio, con base en la Estrategia Quito Rural.
En la hoja de ruta también está potenciar el desarrollo rural de la zona, a través del fomento del emprendimiento y la producción de café, panela y cacao, para la ampliación de mercados.
En ese contexto también se prevé desarrollar líneas estratégicas para el sector turístico, con la participación de Quito Turismo, la Secretaría de Ambiente y el Instituto de Patrimonio.
