Autoridades no hacen cumplir la consulta sobre el Chocó Andino
Organizaciones ambientalistas exigen que las autoridades tomen el control de la zona. Denuncian intimidación y daño arqueológico.
El 68% de votantes en el Distrito Metropolitano de Quito se pronunció contra las actividades mineras en la Reserva de Biósfera del Chocó Andino.
Esta era una de las preguntas de la Consulta Popular del 20 de agosto de 2023, pero transcurrido un año del pronunciamiento, hay dudas sobre el futuro del Chocó Andino y el desarrollo de las actividades mineras.
"La población ha votado, Quito votó y dijo que se prohíban estas actividades. Sin embargo, desde la institucionalidad pública, no se hace lo que se tiene que hacer", menciona Daniela Balarezo, habitante de esta zona del noroccidente de Pichincha.
Los colectivos que impulsaron el Sí en la pregunta, como Quito sin minería, ven con preocupación la falta de gestión de las autoridades por el futuro del Chocó Andino.
Inty Arcos, ecologista y miembro de esta agrupación, menciona que la ausencia de compromiso institucional "no permite viabilizar el pronunciamiento de los votantes".
Ni el Ministerio de Energía y Minas, ni el Municipio de Quito ni la Prefectura de Pichincha han considerado los resultados de la Consulta, para promover el desarrollo del Chocó como un área de sostenibilidad sin minería, dice Arcos.
“Se pidió al Municipio de Quito que solicite al Ministerio de Minas que se pronuncie. Después de 10 meses, contesta (el Municipio) que el Ministerio de Minas no ha emitido ninguna respuesta sobre la situación y el estado de las concesiones mineras en el territorio”, menciona Arcos.
Qué es el Chocó Andino
El área del Chocó Andino tiene una extensión de 286 mil hectáreas, que representan el 30.31% del territorio de la provincia de Pichincha.
Esta zona está comprendida por los territorios de las parroquias de Nono, Calacalí, Nanegal, Nanegalito, Gualea y Pacto, que conforman la Mancomunidad del Chocó Andino (MCA).
Youtopia+Rett
Tiene una concentración de flora y fauna que incluye especies emblemáticas como el oso de anteojos, el zamarrito pechinegro, el gallo de la peña, olingos, tigrillos e infinidad de insectos, anfibios y reptiles.
Los servicios ecosistémicos de estos bosques brindan a ciudades como Quito, Los Bancos y Pedro Vicente Maldonado una fuente de agua potable, para riego productivo y generación de energía eléctrica.
En el Chocó Andino cada hectárea de bosque es capaz de absorber hasta 250 toneladas de carbono.
Las concesiones mineras
De acuerdo con la Secretaría de Territorio, Hábitat y Vivienda (STHV) del Distrito Metropolitano de Quito (DMQ), hasta 2017 se registraron 38 concesiones de minería metálica dentro de la zona.
El 34% de ellas está dentro del régimen de gran minería y sobre el 32% no hay información sobre el tipo de régimen.
La mayor parte, 71,1%, no especifica la fase en la que se encuentran, 10% está en fase de explotación y 18,5%, en fase de exploración.
Estos datos fueron publicados por Daniela Guerra, Julián Soria y Josué Veloz de Grupo Faro, en el contexto de la Consulta Popular de 2023.
Incumplimiento del Estado
Gregory Jiménez, de la Red de Jóvenes del Chocó Andino, considera que después de la Consulta no ha habido control de las autoridades a las actividades mineras.
“Ha faltado hacer cumplir la opinión de la ciudadanía, en cuanto a la postura de no minería en el Chocó Andino. Ha faltado control para que no sigan en el territorio las empresas mineras”.
El representante de la Red asegura que hasta ahora, no hay pronunciamientos claros de las autoridades sobre su intervención en esta zona.
En cuanto a las comunidades aledañas a las áreas de concesión, Jiménez añade que aún siguen siendo intimidadas -en algunos casos- por las empresas y en otros inclusive hay ‘compra de conciencias’.
"Las comunidades que se encuentran en los alrededores de las concesiones mineras y dentro de ellas están con miedo", relata Inty Arcos.
Comunidades en resistencia
A pesar de ser una zona cercana a la Capital de la República, a una hora y media de camino, sus habitantes no sienten la presencia de la fuerza pública.
"Les hemos pedido a las autoridades de manera pública que, por favor, tomen cartas en el asunto, que envíen a la Policía, a los militares para que controlen esta situación que se está dando", añade Arcos.
El ecologista se refiere a que el entorno que envuelve a las actividades mineras tiene una connotación de violencia e intimidación en las comunidades.
Youtopia+Rett
Las comunidades siguen trabajando, siguen en resistencia, siguen reuniéndose, siguen esperando que el Estado cumpla con su deber, comenta Daniela Balarezo.
"Hay mucha unión ahora, pese a que hay mucha criminalización. También hay un cierto cansancio ante el descrédito de la autoridad, porque no se responde como debería ser", sentencia esta habitante del Chocó.
Destrucción arqueológica
Yuli Tenorio, abogada del Frente Antiminero por la Vida, el Agua y la Naturaleza, menciona otros aspectos alrededor de la defensa del Chocó Andino y tienen que ver con denuncias interpuestas contra líderes ambientales que se oponen a las actividades mineras en la zona.
Los procesos que se han impulsado en contra de ellos, principalmente de la parroquia de Pacto, responden al tipo penal de paralización de servicio público, violación de propiedad privada, intimidación, sabotaje y daño a bien ajeno.
"Nosotros hemos denunciado minería ilegal. Hemos denunciado prácticas ilegales realizadas por titulares mineros... ejecutando informes de la Contraloría, donde se determina que existía minería ilegal en las concesiones de Enami en el proyecto Pacto", señala Yuli Tenorio.
La abogada también menciona otras daños producidos por la minería en el patrimonio cultural.
Uno de esos casos es el de la comunidad San Francisco de Pachijal en Pacto. Allí se denuncia la destrucción de las terrazas 2 y 3 del sitio arqueológico de San Francisco de Pachijal por parte de la firma Natural Resources Company, que están inventariadas en el Sistema de Información del Patrimonio Cultural del Ecuador.
Esta sitio arqueológico es un legado de la cultura Yumbo.
Tanto las personas defensoras de derechos humanos, colectivos y de la naturaleza criminalizadas, como las denuncias de daños al patrimonio esperan respuestas.
