Asamblea tramita ley de vivienda social con vacíos frente al riesgo climático
Proyecto de vivienda social busca reducir el déficit en Ecuador. No obstante, expertos alertan vacíos en planificación frente a riesgos climáticos y desastres.
El proyecto de ley urgente para impulsar la vivienda de interés social avanza en la Asamblea Nacional, con una promesa clara: reducir un déficit que supera las 700.000 viviendas en Ecuador.
Pero en medio del análisis legislativo surge una alerta: la propuesta no establece cómo evitar que esas nuevas viviendas se levanten en zonas de riesgo, ni cómo hacerlas resilientes frente a eventos climáticos.
Durante el primer debate, realizado el 18 de marzo de 2026, el impacto de las lluvias y desastres recientes estuvo presente en varias intervenciones.
Se habló de viviendas afectadas, de familias que habitan zonas peligrosas y de cómo los eventos climáticos han agravado el déficit habitacional. Pero esas advertencias, por ahora, no se traducen en el articulado del proyecto.
El Ejecutivo envió al Legislativo, el 9 de marzo de 2026, calificado como urgente en materia económica, el Proyecto de Ley Reformatoria a la Ley de Régimen Tributario Interno, para Incentivar la Construcción de Viviendas de Interés Social y Reducir el Déficit Habitacional.
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Incentivos para construir, pero sin criterios ambientales
La iniciativa plantea un incentivo tributario para que el sector privado contribuya con soluciones habitacionales al Estado.
A cambio, los contribuyentes podrán deducir hasta el 30% del Impuesto a la Renta (IR) causado, equivalente al valor donado, entre 2026 y 2029.
El objetivo es claro: acelerar la construcción de vivienda social y reducir una brecha histórica que, según cifras oficiales, supera el 57%.
Desde el oficialismo (ADN), legisladores como Adrián Castro y Jorge Chamba defendieron la propuesta como una herramienta para generar empleo, dinamizar la economía y beneficiar directamente a familias sin acceso a vivienda digna.
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El clima entra al debate, pero no al proyecto
Aunque el texto de la ley no desarrolla un enfoque ambiental, el impacto de los eventos climáticos sí estuvo presente en el debate en el Pleno.
María del Cisne Molina (ADN) advirtió que las lluvias recientes han golpeado viviendas en varias zonas del país, obligando a muchas familias a asentarse en lugares de alto riesgo.
En la misma línea, Josebeth Jaramillo (ADN) señaló que la crisis climática ha agravado el déficit habitacional. Y puso de ejemplo los daños que han sufrido cientos de viviendas en su provincia, Loja, por efecto del clima.
Estas intervenciones evidencian una relación directa entre vivienda y clima, pero esa conexión no se traduce en medidas concretas dentro del proyecto.
Alertas por construcción en zonas de riesgo
Uno de los cuestionamientos más reiterados durante el debate fue la falta de planificación territorial.
Fernando Nantipia (independiente) advirtió sobre el riesgo de promover viviendas en zonas propensas a inundaciones, insistiendo en la necesidad de incorporar criterios técnicos.
A esto se sumó la preocupación de Luis Molina (Revolución Ciudadana, RC), quien alertó que la propuesta podría facilitar la expansión urbana hacia áreas rurales, con posibles cambios en el uso de suelo.
Estas observaciones apuntan a un problema estructural: la posibilidad de que, en el intento por reducir el déficit, se reproduzcan condiciones de vulnerabilidad.
Xavier Basantes
Críticas a la focalización y al rol del sector privado
Desde la oposición, también se cuestionó el alcance social de la propuesta.
Diego Salas (RC) fue enfático en que el proyecto no beneficia a quienes más lo necesitan, mientras que Humberto Alvarado (RC) señaló la falta de claridad sobre los beneficiarios, la ausencia de planificación frente a riesgos y la necesidad de mayor transparencia.
Alvarado planteó incluso ajustes concretos para el proyecto: incluir incentivos para rehabilitación de viviendas, no solo para nuevas construcciones, y establecer sanciones si las donaciones no llegan a poblaciones vulnerables.
Por su parte, Cristian Benavides (independiente) reconoció el aporte potencial del sector privado, pero insistió en la necesidad de definir estándares técnicos, garantizar inclusión (como personas con discapacidad, por ejemplo) y promover la contratación de mano de obra local.
Una ley sin enfoque de resiliencia climática
Más allá del debate político, el principal vacío señalado desde el ámbito técnico es la ausencia de un enfoque de resiliencia climática.
El especialista en biodiversidad Luis Suárez advierte que el proyecto no contempla evaluaciones de riesgo, ni lineamientos sobre ubicación, diseño o materiales de las viviendas. Tampoco plantea estrategias de adaptación o mitigación frente al cambio climático.
Así, aunque los eventos climáticos son reconocidos como una causa del déficit habitacional, no existen disposiciones que aseguren que las soluciones propuestas reduzcan esa vulnerabilidad.
"Los eventos climáticos están mencionados como una causa del problema, pero la propuesta no detalla dónde y cómo construir vivienda de interés social, para reducir los riesgos y contribuir a la mitigación y adaptación al cambio climático", menciona Luis Suárez.
La propuesta del Ejecutivo regresará a la Comisión de Desarrollo Económico, para incorporar las observaciones y preparar el informe para el segundo debate.
Allí se definirá si la ley se mantiene solo como un incentivo tributario para construir más viviendas o si incorpora criterios que garanticen que esas viviendas sean seguras, sostenibles y adaptadas al entorno.
