El debate de la ley de vivienda social, en un compás de espera
El Legislativo suspendió el debate de la ley de vivienda social en Ecuador, en medio de críticas por su impacto fiscal y su respuesta al cambio climático.
La Asamblea Nacional suspendió el segundo debate del proyecto de ley urgente, que busca incentivar la construcción de vivienda de interés social.
La decisión se tomó a pedido de la asambleísta ponente, Valentina Centeno (ADN), quien solicitó un plazo de hasta 48 horas para incorporar cambios antes de la votación final.
El proyecto plantea reformar la Ley de Régimen Tributario Interno, para permitir que contribuyentes accedan a una rebaja de hasta el 100% del Impuesto a la Renta (IR), por la donación de viviendas de interés social, con un límite del 30 % del impuesto causado. La medida regiría entre 2026 y 2029.
El Estado presenta una brecha de financiamiento de USD 16.000 millones para 2026, lo que limita su capacidad de inversión directa en vivienda social.
Youtopia
Déficit habitacional y contexto climático
Ecuador afronta un déficit habitacional de 727.689 viviendas (Censo 2022), con una afectación mayor en zonas rurales (76%) frente a urbanas (49%).
El Gobierno sostiene que la propuesta busca reducir esa brecha sin incrementar el gasto público, en un escenario de restricciones fiscales.
El debate se da en paralelo a los efectos de eventos climáticos registrados entre enero y marzo de 2026, que dejaron más de 50.000 personas afectadas y miles de viviendas dañadas por inundaciones y deslizamientos.
El proyecto establece que las viviendas deberán cumplir estándares técnicos y prioriza a población afectada por emergencias.
También contempla la elaboración anual de un catálogo de necesidades para focalizar la asignación.
Entre enero y marzo de 2026, eventos climáticos (inundaciones y deslizamientos) han afectado a más de 50.000 personas y dañado 13.508 viviendas.
Youtopia
Cruce de posiciones en el pleno
Durante la sesión, legisladores expusieron posturas contrapuestas sobre el alcance de la ley.
La asambleísta Paola Cabezas, de la Revolución Ciudadana, cuestionó la constitucionalidad del proyecto. “Vamos a demandar la inconstitucionalidad del proyecto de ley ante la Corte Constitucional por la vulneración de derechos. Esta ley no soluciona el déficit habitacional”, afirmó. Añadió que su bancada propone la creación de un fondo financiado con rentas petroleras.
Desde Pachakutik, la asambleísta Mariana Yumbay criticó el mecanismo de incentivos. “Nueve proyectos de urgencia económica han sido aprobados y ninguno ha beneficiado a la población. Esta ley es una privatización encubierta del derecho a la vivienda. El Estado deja de recaudar recursos y se afecta a otros sectores como salud y educación”, señaló.
En contraste, la asambleísta Nathaly Farinango, del oficialismo, defendió la iniciativa. “El proyecto agilita la entrega de viviendas a los beneficiarios finales. Se dan soluciones en función de las necesidades por territorios y se establecen controles en el manejo de las cuentas fiscales”, sostuvo.
Los próximos pasos
La Comisión de Desarrollo Económico deberá presentar un nuevo texto en un plazo máximo de 48 horas. De esa manera, el Pleno retomará el debate una vez incorporados los cambios.
La discusión se mantiene en torno al impacto fiscal del incentivo, los mecanismos de control y la capacidad de la ley para responder al déficit habitacional en un contexto de creciente exposición a riesgos climáticos.
