Asamblea aprueba norma que prioriza la inversión de los GAD en servicios básicos
El Legislativo aprobó la reforma al Cootad que obliga a municipios y prefecturas a destinar, al menos, el 70% de su presupuesto en obras y servicios básicos.
Con 77 votos a favor y 71 en contra, la Asamblea Nacional aprobó, el 20 de febrero de 2026, el proyecto de reforma al Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización (Cootad).
Esta normativa obliga a los gobiernos autónomos descentralizados (GAD) provinciales y municipales, a destinar al menos el 70% de su presupuesto institucional anual codificado de egresos no financieros a inversión, mantenimiento y reposición de infraestructura, bienes y activos públicos destinados a la prestación de servicios.
La normativa, que será remitida al presidente de la República, Daniel Noboa, para su sanción u objeción, busca garantizar mayor eficiencia en el gasto público local y priorizar obras y servicios básicos para la ciudadanía.
Durante la ponencia del informe para segundo debate, la legisladora Valentina Centeno (ADN) recordó que esta regla ya estaba vigente desde 2011, pero no se ha cumplido de forma efectiva. Subrayó la necesidad de priorizar recursos para atender necesidades básicas como el acceso al agua potable, servicio del que carecen cuatro millones de habitantes en el país, y cuya calidad es deficiente para el 71% de quienes sí cuentan con el suministro.
Otros legisladores cuestionaron el alcance de la reforma. Diego Salas (RC) señaló que con la norma aprobada se recortan unos USD 960 millones en recursos para los GAD. Mientras tanto, Mariana Yumbay de Pachakutik advirtió que hay un inminente riesgo de afectar los recursos para los proyectos y obras sociales.
De allí que los bloques de oposición advierten demandas de inconstitucionalidad, una vez que el Ejecutivo se pronuncie sobre las reformas aprobadas. El Gobierno tiene 30 días, una vez que reciba el documento oficial desde el Legislativo.
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Regla 70/30: el eje de la reforma
El punto central del proyecto establece una Regla de Asignación Mínima Prioritaria, que obliga a los GAD a destinar al menos el 70% de su presupuesto institucional a inversión, mantenimiento y reposición de infraestructura vinculada a sus competencias exclusivas, como agua potable, saneamiento y vialidad.
La medida apunta a corregir lo que el informe para segundo debate denomina “rigidez estructural” del gasto, ya que en algunos gobiernos locales la contratación de personal ha superado el 34% del presupuesto total.
La aplicación será progresiva:
· 2026: al menos 65% de cumplimiento desde junio.
· 2027: mínimo 68%.
· 2028 en adelante: 70% obligatorio.
El 30% restante podrá destinarse a gasto corriente y funcionamiento administrativo.
Límites al gasto en personal y control técnico
La propuesta incorpora mecanismos para asegurar que la autonomía financiera de los GAD se traduzca en resultados verificables en territorio.
Entre ellos consta el uso obligatorio del Clasificador Presupuestario como herramienta técnica para estandarizar y controlar el destino real de los recursos, así como la fijación de umbrales al gasto en personal, con el objetivo de evitar la expansión desproporcionada de la nómina administrativa.
La intención es garantizar que siempre exista disponibilidad presupuestaria para inversión y prestación de servicios públicos.
Argumentos de urgencia económica
El Ejecutivo justificó el carácter urgente del proyecto en la situación fiscal crítica del país y en la necesidad de frenar el deterioro de servicios básicos.
Según el informe, la falta de inversión sostenida en agua potable y saneamiento no solo afecta la calidad de vida e incide en la Desnutrición Crónica Infantil, sino que encarece el gasto futuro y limita la productividad territorial.
Además, se advierte que ineficiencias locales pueden trasladar costos excesivos al Presupuesto General del Estado, generando un “riesgo moral” que compromete las finanzas públicas consolidadas.
Nuevas reglas de transparencia y fiscalización
El proyecto también refuerza los estándares de rendición de cuentas. El ente rector de las finanzas públicas deberá emitir, en un plazo de 90 días tras la publicación de la ley, los lineamientos técnicos para un Anexo de Cumplimiento en el que los GAD reportarán el acatamiento de la regla 70/30.
Se establece, además, un esquema de supervisión semestral y el fortalecimiento de los órganos de fiscalización para verificar la ejecución presupuestaria conforme a lo dispuesto en la Constitución.
Como medida transitoria, el ejercicio fiscal 2027 iniciará con el presupuesto codificado al 31 de diciembre de 2026.
Esta disposición busca facilitar ajustes y evitar las restricciones habituales de los presupuestos prorrogados en años de transición administrativa.
